Ciudad de México, 21 de mayo (SinEmbargo).– Diputadas de oposición condenaron la reciente aprobación de las legislaciones en contra de las protestas sociales en los congresos de Chiapas y Puebla, por ser reformas que pretenden limitar la libertad de expresión de ciudadanos, disuadir la participación ciudadana en manifestaciones pacíficas y criminalizar la protesta social.

En el caso específico de Puebla, la Diputada federal Roxana Luna Porquillo, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), sostuvo que la Ley Para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza de los Elementos Policiales, la llamada “Ley Bala”, pretende callar por la fuerza a todas las voces ciudadanas y de organizaciones de la sociedad civil que no coinciden con la forma de actuar del Gobernador Rafael Moreno Valle, del Partido Acción Nacional (PAN).

“Es una reforma agresiva, lesiva y anticonstitucional, porque son derechos reconocidos en la Constitución que costó mucho plasmarlos allí, y hoy un Congreso y unos cuantos diputados aprueban [una reforma], violentando hasta los tratados internacionales de libertad, de libre tránsito y de expresión”, detalló la legisladora.

En entrevista para Sin Embargo, la Diputada federal por Puebla detalló que la aprobación fast track de esta nueva norma es parte de la represión sistemática del gobierno de Moreno Valle contra las protestas ciudadanas, en inconformidad por la puesta en marcha de varios megaproyectos promovidos por el Gobernador, entre ellos un gasoducto que atravesará 10 municipios poblanos, con un inversión de 333 millones de dólares.

En el marco de las protestas organizadas por comunidades que están en contra de que el gasoducto de gas metano pase por debajo sus tierras, por ser una zona de alta actividad volcánica, fueron detenidos de forma irregular Enedina Rosas Vélez, comisariada ejidal de San Felipe Xonacayucan, municipio de Atlixco; Juan Carlos Flores, defensor de derechos humanos, y Abraham Cordero Calderón, dirigente campesino.

Al mismo tiempo, activistas de diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, ciudadanos, estudiantes y académicos universitarios se han quejado de haber sufrido actos intimidatorios por parte de desconocidos, como una forma de disuadir su participación en las protestas por el gasoducto.

La también Diputada federal por Puebla, Zuleyma Huidobro González, observó una relación entre estas protestas sociales y la rápida aprobación de la nueva norma que permite el uso legítimo de la fuerza contra las manifestaciones.

“Lamentable lo que sucedió en el Congreso de Puebla. Llama mucho la atención la coincidencia de que se apruebe esta iniciativa, cuando ya empieza a haber presos políticos en el estado por manifestarse en contra del gasoducto”, afirmó la legisladora por Movimiento Ciudadano (MC).

“Para mí es muy sospechoso, es mucha coincidencia, que la ‘Ley Bala’ esté aprobada en menos de una semana que llegó esta iniciativa al Congreso del estado de Puebla, cuando inclusive las manifestaciones llevan mes y medio de realizarse en el estado, donde ya hay presos políticos, con lo de los gasoductos, con las mineras, con todos los proyectos que traen en la Sierra Norte del estado, y que ahora precisamente, en menos de una semana esté aprobada esta iniciativa”, sostuvo.

También para la legisladora Roxana Luna no se trata sólo de la criminalización de las protestas relacionadas al gasoducto Morelos, sino todo un complejo de megaproyectos que incluye la construcción del arco vial poniente, así como 90 concesiones mineras sin el pago de las respectivas indemnizaciones.

“Hoy nos enteramos que en el municipio de Cholula (Puebla) ya expropiaron toda la zona de áreas verdes para un proyecto de las siete culturas, un proyecto de supuesta urbanización, que va acompañada con la ley de expropiación que fue aprobada en el mes de marzo. En donde ya no media notificación alguna para el ciudadano, simplemente con el hecho de argumentar que es de utilidad pública, la autoridad puede quedarse con tu propiedad”, afirmó la legisladora perredista.

ESTADO CRIMINALIZA PROTESTA

La Diputada federal Loretta Ortiz Ahlf, del Partido del Trabajo (PT), reprochó el intento sistemático de autoridades estatales y federales por criminalizar la protesta social, en lugar de garantizar la participación ciudadana, o mejor aún, resolver de fondo los problemas que preocupan a la sociedad.

“Aprobar una ley de esta naturaleza, más que resolver los problemas agrava la situación y nos coloca obviamente a los que ciudadanos y defensores de derechos humanos en una situación de alarma […]. Ningún país civilizado podría aceptar una ley de esa naturaleza”, afirmó la legisladora.

En los congresos estatales de San Luis Potosí, Jalisco, Quintana Roo, Distrito Federal y recientemente Chiapas y Puebla, se han promovido una serie de reformas legales para “regular” las marchas, evitar su tránsito por avenidas principales o para incrementar penas a manifestantes “violentos”.

El organismo internacional Artículo 19 dijo que estos estados son ejemplos de una amenaza sistemática que criminaliza indirectamente a la protesta social.

En el caso de la Ley Para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza de los Elementos Policiales, aprobada por el Congreso de Puebla, o mejor conocida como la “Ley Bala”, Articulo 19 señaló que “recoge algunos estándares internacionales pero deja fuera otros que son indispensables para el ejercicio libre de los derechos [de libertad de expresión y de manifestación]”.

En tanto, la Diputada federal Roxana Luna mencionó que los congresos locales no pueden seguir legislando en contra de la ciudadanía, sin discutir ni analizar las posibles afectaciones, con votaciones vía fast track.

“La sociedad hoy está más preocupada porque en cualquier momento te detienen, en cualquier momento te meten a la cárcel, en cualquier momento te criminalizan o te marcan por la sencilla razón de decir, manifestarte es un hecho ilícito”, afirmó la legisladora perredista.

En la Ciudad de México los cuerpos policiacos iniciaron una serie de acciones administrativas y procedimientos que se traducen en constantes “encapsulamientos de contingentes”, lo que pareciera más una provocación o un intento por inhibir la participación ciudadana en protestas legítimas, que un verdadero esfuerzo por preservar la seguridad de los manifestantes, según las legisladoras consultadas.

A nivel federal, diputados de izquierda lograron detener una legislación promovida por el Diputado de Acción Nacional (PAN), Jorge Sotomayor, para crear la Ley para Regular las Marchas en el Distrito Federal,  la llamada “Ley Sotomayor”.

“Es muy lamentable, porque era algo que ya se había tratado de hacer inclusive en el periodo pasado en la Cámara de Diputados, para criminalizar la protesta a nivel federal. Lo rechazamos rotundamente en Movimiento Ciudadano porque leyes como esas no se pueden aprobar”, afirmó la Diputada Zuleyma Huidobro González.

Para la Diputada Loreta Ortiz es completamente incesesario endurecer la ley o regular la marchas y manifestaciones, ya que los códigos penales de todas las entidades federativas contienen ordenamientos específicos para detener y sancionar a quienes aprovechen una manifestación pacífica para realizar actos vandálicos.

“Queda suficientemente claro que el que realiza actos vandálicos ya se puede detener a esa persona, y se puede detener a esa persona, lo que están autorizando es la represión de las manifestaciones a través de las armas”, afirmó la petista.

ACCIONES CONTRA LEYES ESTATALES

Legisladoras de izquierda, cada una por su parte, anunciaron que preparan una serie de acciones legislativas en contra de las nuevas leyes estatales en Puebla y Chiapas que pretenden criminalizar la protesta social, tal como sucedió previamente en Distrito Federal y Quintana Roo.

Una acción de inconstitucional no podría ser promovida desde la Cámara de Diputados sino que tendrían que ser los legisladores locales poblanos, quienes tendrían la responsabilidad de interponer este recurso. No obstante, existen otras vías para intentar revertir este tipo de legislaciones.

La Diputada Loretta Ortiz sostuvo que con este tipo de leyes que van en contra de los derechos y libertades consagradas en la Constitución no se responde de forma efectiva a las necesidades ciudadanas y por contrario, atentan contra el derecho a la libre expresión, de asociación y de pensamiento.

Por lo que anunció que si el Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, promulga la “Ley Bala” interpondrá una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque la nueva norma atenta contra las garantías individuales de los mexicanos.

“Ningún país civilizado podría aceptar una situación de esta naturaleza. Curiosamente en Puebla ahorita es donde hay mayor número de manifestaciones y donde hay muchísimas quejas, micha inconformidad por el autoritarismo del Gobernador, por varios proyectos, entre ellos un gasoducto que pretende construir, y están tratando de acallar precisamente esas voces disidentes”, explicó

“Ya estoy redactando una reclamación ante la Comisión Interamericana por precisamente los problemas de los detenidos arbitrariamente por el Gobernador [Moreno Valle], por los proyectos que atentan contra el medio ambiente y los derechos humanos, pero parece que me va a ganar esta petición, porque esto es mucho más grave”, adelantó la legisladora.

La Diputada Roxana Luna perredista recalcó que desde la Cámara de Diputados presentará puntos de acuerdo para que el Congreso de Puebla revise esta aprobación.

Asimismo, recordó que la Comisión de Derechos Humanos en Puebla podría generar una controversia inconstitucionalidad. No obstante denunció que el ombudsman local, está más interesado en mantener buenas relaciones con el Gobernador Moreno Valle, que en defender a los poblanos de posibles arbitrariedades.

“La Comisión de Derechos Humanos en Puebla ha sido omisa en cuanto a toda la violación de los derechos humanos, tan es así como todos los acontecimientos que han pasado en Puebla, sobre las violaciones a derechos humanos, las detenciones arbitrarias, ha tenido que ser la CNDH quien ha tenido que conocer estos hechos en ausencia de la estatal”, afirmó.