Rosi Orozco, presidenta de la organización Unidos Contra la Trata, afirmó esta mañana, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, que el departamento que le retiró el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador era usado para proteger a las víctimas y que la otra casa que le retirarán, ubicada en Las Lomas, la habita ella, que ha pagado renta por su uso y que ya hay un acuerdo para deshabitarla el 30 de junio. Orozco aseguró que su fundación ha ayudado a mucha gente y que ella puede demostrar que se ha acabado parte de su patrimonio ayudando a víctimas.

Pero en 2017, la entonces Senadora panista Adriana Dávila Fernández reveló que aparte de los contratos que diversos gobiernos federales otorgaron a Orozco, había otras propiedades que ella usaba bajo la máscara de ser una activista en contra la trata.

Ciudad de México, 21 de mayo (SinEmbargo).– Una investigación del Senado de la República, realizada desde 2017, reveló que Rosi Orozco no sólo recibió de los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa y Miguel Ángel Mancera Espinosa diversos contratos y apoyo político, además un departamento lujoso, y al menos cuatro propiedades más, cuyo destino hoy es incierto.

Esta mañana, el nuevo director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, Ricardo Rodríguez Vargas, habló de una propiedad que estaba en poder de Rosi Orozco, la cual ya se le retiró. Se trata de un departamento lujoso de más de 22 millones de pesos y que se localiza en Bosques de las Lomas. Además, el Gobierno de México tiene en la mira una segunda propiedad que está en poder de la Fundación Camino a Casa, que fundó Orozco.

“Es un departamento que está en Bosques de las Lomas que tiene un valor aproximado de 22 millones de pesos y que anteriormente lo tenía Rosi Orozco con la fundación Camino a Casa, son las que tenía esta fundación. Tiene todavía otra propiedad que creo es de más alto valor y que estamos en camino ya a su recuperación para también darle un destino para el Consejo o la Estrategia para las adicciones”, detalló la mañana de este martes Rodríguez Vargas.

El departamento retirado a la fundación de Rosi Orozco. Imagen: Gobierno de México

La presidenta de la organización Unidos Contra la Trata afirmó esta mañana, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, que el departamento era usado para proteger a las víctimas y que la otra casa, ubicada en Las Lomas, que van a retirarle la habita ella, que se ha pagado rentado por su uso, y que ya hay un acuerdo para deshabitarla el 30 de junio.

“Tenemos años de ayuda, el departamento siempre fue usado como hoy, en otro lugar en donde está una de las chicas venezolanas, para que protejamos a personas que están en riesgo. La casa, nosotros nos cambiamos desde que recibimos amenazas, a una calle que tiene tres casetas, a ocho cuadras de donde vivíamos. Hemos pagado más de 5 millones de renta”, dijo. “No es un regalo, nadie nos la dio”, aseguró en entrevista con Radio Fórmula.

Detalló que “el departamento hace tiempo que se les dejó, la casa ya había un acuerdo de que se entregaba”, y dijo que el próximo 30 de junio la deshabitarán.

Aseguró que su Fundación ha ayudado a mucha gente y que ella puede demostrar que se ha acabado parte de su patrimonio ayudando a víctimas pues no ha recibido ayuda de ningún Gobierno. “Voy a tener que buscar una lugar protegido, ahora estoy en un caso muy grave, protegiendo a las chicas venezolanas”, aseveró.

Orozco destacó que está de acuerdo en la lucha del Gobierno de López Obrador en acabar con la corrupción y que ha estado colaborando con él: “Si se va a vender esta casa para el bien del pueblo, qué bueno. Durante muchos años yo pagué para el bien del pueblo”, sostuvo.

Sin embargo, la entonces Senadora panista Adriana Dávila Fernández reveló en 2017 que aparte de los contratos que diversos gobiernos otorgaron a Orozco, había otras propiedades que ella usufructuaba bajo la máscara de ser una activista en contra la trata.

En noviembre de 2017, la entonces presidenta de la Comisión de Trata del Senado, Adriana Dávila detalló, en entrevista con SinEmbargo, que Rosi Orozco y su familia de poseer al menos 11 millones 524 mil pesos en cinco inmuebles que el Sistema de Administración de Bienes (SAE) le otorgó a sus fundaciones.

Además de haberse visto beneficiados con contratos públicos de adjudicación directa del Gobierno Federal, del entonces Presidente Enrique Peña Nieto, y de la Ciudad de México, encabezado por Miguel Ángel Mancera Espinosa. Los contratos, según Dávila Fernández, se habían otorgado entre 2015 y 2017 y ascendía a 13 millones 930 mil 333 pesos. La investigación se realizó desde la Comisión de Trata del Senado y se entregó al entonces Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

“Yo la estoy acusando de extorsionadora y explotadora, no de tonta. Evidentemente abre empresas con nombres de otra naturaleza que luego están vinculadas entre sí. Este dinero podría servir para la reparación del daño de víctimas, en lugar de que estemos ensalzando a una especie de Dios en materia de trata de personas”, dijo Adriana Dávila a SinEmbargo en 2017.

De acuerdo con la investigación realizada por la entonces Senadora, el Gobierno mexicano le dio a las fundaciones Fundación Camino a Casa y Comisión Unidos contra la Trata, de la familia Orozco de la Garza, cinco inmuebles y un vehículo valuados en 11 millones 524 mil pesos.

A continuación los contratos que recibieron esos años:

Rosa María de la Garza Ramírez, el nombre completo de Rosi Orozco quien lleva el apellido de su esposo Alejandro Lucas Orozco, según su currículum publico en el Sistema de Información Legislativa, en 2005 fundó la asociación civil no religiosa Casa Sobre la Roca y la Fundación Camino a Casa.

La entonces Diputada panista Rosi Orozco y la entonces Primera Dama Margarita Zavala. Foto: Cuartoscuro

SU ASCENSO CON CALDERÓN

La carrera política de la activista contra la trata y de su esposo crecieron durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Rosi Orozco obtuvo en 2009 una diputación federal por el Partido Acción Nacional(PAN).

Mientas, su esposo, Alejandro Orozco, fue director de Atención a Grupos Vulnerables del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) entre enero de 2007 y febrero de 2009. En 2009 dejó ese puesto para convertirse en el director del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam).

Aunque Rosi Orozco buscó en 2012 una curul en el Senado de la República, abanderada por partido blanquiazul, no logró obtenerla.

Además, durante el sexenio de Felipe Calderón, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, nombró a Alejandro Lucas Orozco y a la Fundación Camino a Casa depositarios de cuatro inmuebles.

En 2011, a través de una solicitud de información, el SAE informó a SinEmbargo que el 13 de diciembre de 2007, Alejandro Orozco recibió un inmoble con el Nombramiento DEBI/DP-CU/PM/069/07.

Mientras que la Fundación Camino a Casa recibió el 7 de mayo de 2009 un inmueble bajo el Nombramiento DG/DEBI/DPCU/PF/048/09 y el 10 de septiembre de ese mismo año, la fundación de a cual es representante legal Alejandro Lucas Orozco, recibió dos inmuebles bajo el Nombramiento DG/DEBI/DPCU/PM/140/09 y Nombramiento DG/DEBI/DPCU/PM/141/09. Estos bienes se otorgaron a la fundación, cuando el esposo de Rosi Orozco era funcionario federal y ella iniciaba su gestión como Diputada Federal.

Rosi Orozco y el ex Gobernador del Edomex, Eruviel Ávila. Foto: Cuartoscuro

LA VALIDADORA DE LOS GOBIERNOS

Rosi Orozco entregó premios por su lucha contra la trata al ex Gobernador Eruviel Villegas Ávila durante su gestión ante el Estado de México; e incluso a Javier Duarte de Ochoa, ex Gobernador de Veracruz, hoy preso; y a Roberto Borge Angulo, ex Gobernador de Quintana Roo, también preso.

Uno de esos reconocimientos lo entregó el 30 de septiembre de 2014, a través de la Comisión Unidos Contra la Trata, a los entonces gobernadores priistas Eruviel Ávila Villegas y Roberto Borge, de Quintana Roo, por su “lucha contra la trata de personas”.

Sin Embargo, ese mismo día, la entonces Embajadora Corazón Azul de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (ONUDC), Lydia Cacho Ribeiro, dijo que el consejo que entrega estos reconocimientos está usurpando un programa, la autoridad y hasta los logos de la ONU.

“Reconocer algo que no existe es peligroso porque avala la inacción del propio Gobierno estatal, y demuestra una complicidad en la construcción de un falso discurso de prevención, atención, detección y persecución de un delito de gran magnitud como lo es la trata de personas. Justamente para lo que trabaja la campaña Corazón Azul de la ONUDC –basada en el Protocolo de Palermo– es en la no vulneración de las víctimas y en la persecución del delito, y distingue claramente entre ‘campañas publicitarias’ y de ‘prevención formativa’. Premiar a un gobierno por poner unos letreros resulta en este contexto una burla a la sociedad y a todas las víctimas”, dijo Cacho.