Ciudad de México, 21 de junio (SinEmbargo).– Petróleos Mexicanos (Pemex) requiere una reforma administrativa para salir de la crisis en la que se encuentra, no una privatización, dijo Pablo Gómez Álvarez, miembro del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Consejo Rector del Pacto por México.

“¿En qué cosiste modernizar a Pemex? En quitarle esas lacras burocráticas, mafiosas, todos los malos diseños administrativos y la corrupción. Hay muchos aviadores: la mafia sindical, representada por Carlos Romero Deschamps, que todo el tiempo le está sacando dinero. Se requiere una reforma administrativa, no productiva, esa es la que mejor funciona”, dijo el político en entrevista para SinEmbargo.

La discusión sobre la Reforma Energética “revivió” esta semana, con ánimos encendidos tanto de la izquierda como de la derecha mexicana, después de que el Presidente Enrique Peña Nieto declarara al diario Financial Times que se realizarían las modificaciones constitucionales necesarias para atraer a los inversionistas privados a la paraestatal.

La posibilidad de privatización se puso de nuevo sobre la mesa y Pemex resurgió como esa “manzana de la discordia” entre sus detractores y los simpatizantes.

Los que recibieron con beneplácito las palabras de Peña Nieto afirmaron que se trata de una iniciativa que permitirá “modernizar” a través de abrir a la paraestatal a la inversión de las compañías petroleras privadas.

Pero quienes definitivamente se pusieron alerta y salieron a decir que se cocina una reforma privatizadora, fueron las fuerzas de izquierda, principalmente el PRD y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Pablo Gómez explicó que en efecto: Pemex sí requiere modernizarse y urge una Reforma Energética, pero no en el sentido que Peña Nieto lo planteó al Financial Times.

“Nosotros estamos en contra de la privatización, lo que se requiere es una reforma energética que libere fiscalmente a la paraestatal y que reorganice a su Consejo de Administración, así como a sus líderes sindicales”, afirmó.

El político explicó que antes de plantear una privatización o una modificación constitucional, se debe permitir a Pemex hacer uso de sus recursos, pues actualmente paga más de 70% de sus ingresos como impuestos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP).

“Antes de plantear privatizar, primero hay que limpiarlo, después seguir limpiando Pemex y después concluir la limpia y el próximo siglo ya veremos. Tenemos que darle su propio dinero y que haga las inversiones. Pemex se endeuda para que el gobierno se endeude menos, es un fraude”, dijo.

Una Reforma Energética de este tipo, detalló, debe de ir de la mano con el rendimiento de cuentas de los sindicatos.

“Estamos de acuerdo con que defiendan sus derechos laborales y conquistas, pero no estamos de acuerdo con que la burocracia sindical tenga sus propias conquistas”, refirió.

Gómez Álvarez agregó que el tema energético en el país, no sólo se trata de Pemex, sino del impulso a las nuevas tecnologías y alternativas energéticas.

“La Estrategia Nacional de Energía que presentan cada año, está hueca, no sirve, es un documento muerto que no dice nada. Qué vamos hacer con la energía nuclear, con la eólica, solar, eso también hay que discutirse”, indicó.

El perredista recordó los avances que se lograron en la reforma energética de 2008, donde él participó al lado de Andrés Manuel López Obrador y un grupo de especialistas.

“En esa ocasión, la nueva Ley de Petróleos Mexicanos, excepto por dos puntos, tuvo una gran aceptación de la izquierda. El capítulo de contratos es muy apegado a las necesidades de México y de los hidrocarburos, lástima que la Ley se viole. El gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y de Peña Nieto violan el capítulo de contratos al momento de otorgar ‘contratos incentivados’ esos no existen en la Ley”, dijo.

LA REFORMA ENERGÉTICA DE 2008

Pablo Gómez recordó la controversia que se suscitó en 2008 con una Reforma Energética, una muy similar a la que se está generando este año.

De acuerdo con el Financial Times, Peña Nieto entregará su propuesta al Congreso de la Unión en septiembre.

Una iniciativa que se presentará para concluir lo que quedó pendiente en 2008, es decir ir por la coinversión entre la paraestatal y la Iniciativa Privada (IP) para la refinación de hidrocarburos, dijo en febrero Raymundo Tenorio Aguilar, director de las carreras de Economía de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, al inicio de la polémica por la reforma energética que está en puerta.

Hace cinco años se modificó la Ley de Pemex para que la paraestatal pudiera otorgar contratos a empresas privadas para exploración y detección de mantos petroleros a través de licitación pública, así como para la distribución de gasolinas.

Es decir, para el investigador el que las refinerías que prometió el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa estén inconclusas y sólo se avanzara con la construcción de las bardas perimetrales, se debe principalmente a que ya se “cocinaba” esta reforma que buscará que sean las empresas privadas las que inviertan en refinación y no Pemex.

Publicaciones de la Asociación Civil Observatorio Ciudadano de Energía alertan sobre una derecha que buscará ser más agresiva que en 2008 para acabar con la “exclusividad del Estado en la industria petrolera para que avancen los mercados y se desarrolle la competencia entre firmas públicas, privadas y mixtas”, por lo que las “propuestas contendrán modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna”.

Pemex, que produce 2.57 millones de barriles diarios de crudo, genera para el Estado mexicano cerca del 40% de sus ingresos, y sus operaciones están directamente ligadas a los resultados del presupuesto nacional.

Nació el 7 de junio de 1938, poco después de que el Gobierno encabezado por el Presidente Lázaro Cárdenas decretara, el 18 de marzo de ese año, la expropiación de los bienes de diecisiete compañías petroleras que operaban en el país.

Sus cuadros directivos, tanto del grupo como de sus subsidiarias, son nombrados por el Presidente de turno, y la estrecha relación que mantiene con las autoridades representa una de las cortapisas para que pueda desarrollarse con criterios empresariales.

Los vínculos que mantiene con el Gobierno hacen que las operaciones de Pemex, y sus resultados, estén estrechamente vinculados con las necesidades financieras del Estado, porque el 70% de sus ingresos van a parar al fisco.

Ello ha generado un fuerte rezago en la empresa pública, que ha perdido las oportunidades que tienen otras firmas petroleras del continente, como la brasileña Petrobras, ya que sólo puede destinar el 9% de sus ingresos para invertir en la compañía.

Además, teniendo en cuenta que tiene el monopolio de la extracción de crudo y de gas y de la distribución de las gasolinas, por mandato constitucional, la empresa continuamente es objeto de polémicas políticas por los inmensos recursos que emplea.

Martí Batres Guadarrama, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, dijo hace dos días que Pemex es poder económico y político.

Lanzó una pregunta al aire: “¿Quién queremos que tenga este poder, las compañías privadas extranjeras o el Estado?”.