Ciudad de México, 21 de junio (SinEmbargo).- Hace una semana, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló que la violencia en  México no sólo se mantiene sino que llegó a un nivel “intolerable” en el que hace mucho rebasó los enfrentamientos entre cárteles para alcanzar a grupos vulnerables como activistas, periodistas, niños, mujeres, homosexuales y defensores de derechos humanos, entre otros.

El Relator especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Christof Heyns, presentó la semana pasada un informe de los resultados de su visita a México y destacó que las mujeres, migrantes, periodistas y defensores de derechos humanos, así como niños, reclusos y detenidos y personas de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual y Transgénero (LGBT) han sido víctimas de todo tipo de delitos, la mayoría de los casos siguen sin resolver.

Apenas el 10 de junio, el diario estadounidense The Wall Street Journal publicó un artículo en el que señala que si el Mundial de Brasil 2014 fuera de “todo lo demás”, menos de fútbol, México ganaría su pase a la final de Mayor Tasa de Asesinatos.

El Relator concluyó  que la militarización de las seguridad pública no es una respuesta eficaz ante la ola de violencia que vive el país; al contrario, “lo que urge es fortalecer el Estado de Derecho, especialmente en lo tocante a la investigación y sanción de violaciones a derechos humanos”.

“Es preocupante que cuando existen tales protocolos, las salvaguardias sean insuficientes o no se apliquen debidamente”, precisó.

Interlocutores presentaron al Relator un informe donde señalaban que entre 2005 y marzo de 2013 se registraron 555 homicidios motivados por la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas. En muchos de los casos aparentemente se utilizaron armas punzocortantes y los cuerpos de muchas de las víctimas presentaban cortes profundos y otras señales de tortura, como violación anal y mutilación genital.

Organizaciones de la sociedad civil expusieron al Relator que desde 2007, se ha registrado un  incremento constante del número de muertes de jóvenes de entre 12 y 17 años de edad. Entre 2006 y 2010, 994 niños perdieron la vida en la llamada guerra contra la delincuencia organizada.

En el marco del Día del Niño y la Niña, el 30 de abril pasado, el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) urgió al Presidente Enrique Peña Nieto a crear el Sistema Nacional de Garantía de los Derechos de la Infancia y Adolescencia que garantice los derechos de cerca de 40 millones de menores de 18 años en el país, y lo considere con la misma importancia que una reforma estructural.

El director ejecutivo de Redim destacó que la pobreza e inequidad es el problema más extendido entre la infancia mexicana. “Ser niño o niña en este país significa que tiene mayor probabilidad de ser pobre. Ahora mismo, con los datos disponibles, se sabe que más del 53 por ciento de niños, niñas y adolescentes viven en pobreza y más o menos el 12 por ciento de ellos, cuatro millones 700 mil, viven en pobreza extrema”, mencionó.

Otros organismos de alcance mundial como Amnistía Internacional (AI) han pedido al gobierno de México en distintas ocasiones proteger a estos grupos vulnerables, como es el caso del Estado de México, donde en marzo pasado el organismo manifestó su preocupación por la seguridad de activistas del municipio de Coyotepec, quienes han recibido amenazas telefónicas y agresiones por defender su acceso al agua.

En octubre del año pasado, en Ginebra, Suiza, el gobierno mexicano recibió 188 recomendaciones de los miembros del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas, entre las que destacan: mejorar el control sobre las fuerzas de seguridad para evitar que se cometan crímenes graves contra civiles e investigar a fondo todas las desapariciones de personas.

Durante el Examen Periódico Universal (EPU) del CDH, representantes de diversos países de Europa y América Latina demandaron que se investiguen las desapariciones de personas, particularmente de mujeres y migrantes, así como las agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos.

Asimismo, se denunció la falta de respuesta gubernamental ante la frecuente violencia contra las mujeres y el escaso acceso a los abortos seguros, incluso para víctimas de violación.

En respuesta, el Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, afirmó que “en México la protección y la defensa de los derechos humanos es una tarea indeclinable y forma parte de la consolidación de la democracia mexicana”

En el más reciente informe de la organización Artículo 19 se señaló que el 2013, primero del gobierno del priista Enrique Peña Nieto, fue el peor para la prensa en México en los últimos siete años.

En el documento “Disentir en Silencio: violencia contra la prensa y criminalización de la protesta, México 2013”, la organización internacional denunció que cada 26.5 horas se agrede a un periodista en el país.

Artículo 19  publicó que entre 2007 y 2013 se cometieron 726 actos violentos contra periodistas, trabajadores de prensa y medios de comunicación. De éstas, el 26 por ciento se cometieron en 2013, el año más violento en cuanto a agresiones a trabajadores de medios en este periodo, con 192.

La ONU refirió que la violencia contra las mujeres, especialmente el feminicidio, sigue siendo un problema muy serio en la práctica. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), desde 2007 se registraron 4 mil 419 feminicidios en el país.

A finales de mayo, diversas organizaciones que forman parte de la Coordinación de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, denunciaron que durante los primeros 18 meses de gobierno del priista del Presidente Enrique Peña Nieto se incrementó 300 por ciento la desaparición forzada de activistas en México respecto al mismo periodo del ex mandatario panista Felipe Calderón Hinojosa.