¿En qué consiste la reducción de riesgos y daños? Foto: Enrique Ordoñes, Cuartoscuro

El enfoque de reducción de daños, a diferencia del enfoque hegemónico del abstencionismo (enfoque prohibicionista y punitivista que ha predominado en México), tiene una acentuación importante con la salud pública, los derechos humanos y el género, con lo cual se busca beneficiar no sólo a las personas con consumo problemático de drogas (abuso o adicción) sino también de atender a sus familias y el entorno en el que viven.

Este enfoque, la reducción de riesgos y daños, es apoyado en 84 países y en algunos de ellos ha sido muy exitoso incluso para revertir epidemias de VIH como en Europa del Oeste, Australia y Nueva Zelanda, por ejemplo. Además, es notorio el apoyo de estudios científicos que avalan este enfoque, así como el apoyo otorgado por la Asamblea General en el Consejo Social y Económico de las Naciones Unidas y la Oficina de las Naciones Unidas contra las Adicciones (UNODC), el Consejo de Derechos Humanos dentro del contexto de vih sida, la Norma Oficial Mexicana 028-SSA2 (2009) para la prevención, tratamiento y control de las adicciones, la Fundación Mexicana para la Salud A.C (FUNSALUD), El Fondo Mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS), ONUSIDA, entre otras.

Pero, ¿en qué consiste la reducción de riesgos y daños? De acuerdo con el Fondo Mundial, “la reducción de daños relacionados con las drogas hace referencia a las políticas, los programas y las prácticas cuya finalidad principal sea reducir las consecuencias sanitarias, sociales y económicas adversas de su consumo, como la transmisión del vih, sin reducir necesariamente dicho consumo”.

Las principales premisas de este enfoque son: se respeta el derecho de la persona a consumir drogas, pero se debe facilitar las condiciones para reducir las consecuencias negativas de este acto, el consumo de drogas en esta llamada “Sociedad el Consumo” es inevitable ya que las drogas han sido usadas de manera ancestral, el consumo de drogas no es lo más importante, sino el daño producido hacia sí mismo (a) y hacia su entorno y los otros (as), y por último, resulta más factible y menos costoso incidir terapéuticamente sobre los riesgos, daños y consecuencias, que en otorgar tratamiento para la modificación de la adicción (Velázquez, Friman y González, 2016).

A su vez, según la UNODC, la OMS, y el ONUSIDA, es esencial intervenir en una serie de estrategias avaladas por numerosas pruebas científicas ya aplicadas con éxito en diversos países para asegurar la reducción de enfermedades infecciosas relacionadas con las drogas, tales como:

  1. Programas de agujas y jeringas
  2. Terapia de sustitución de opiáceos y otros tratamientos para la drogodependencia
  3. Asesoramiento y pruebas del VIH
  4. Terapia antirretroviral
  5. Prevención y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual
  6. Programas de distribución de preservativos para consumidores de drogas inyectables y sus parejas sexuales
  7. Información, educación y comunicación adaptadas para personas que se inyectan drogas y sus parejas sexuales
  8. Vacunación, diagnóstico y tratamiento de la hepatitis vírica
  9. Prevención, diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis

Asimismo, el Fondo Mundial recomienda incluir las intervenciones de reducción de daños en poblaciones clave, tanto en la comunidad como en prisiones y centros de detención preventiva, tales como:

1.- Participación comunitaria. Bajo el principio de inclusión social y reconociendo su experiencia, se recomienda incluir a personas con uso problemático de drogas en el diseño y aplicación de los programas comunitarios.

2.- Respuestas y sistemas comunitarios. Se deben crear espacios comunitarios dirigidos también por organizaciones sociales ciudadanas, haciendo participar a la comunidad en el fortalecimiento y óptimo funcionamiento de estos sistemas.

3.- Programación sensible a las cuestiones de género. La perspectiva de género es útil en este sentido para poder entender las particularidades de consumo problemático que tienen hombres y mujeres por su condición de género, sexo, orientación sexual, clase o cualquier otra condición que afecte su bienestar y salud, en atención relevante a grupos vulnerables, como la población de mujeres embarazadas seropositivas, usuarios de drogas inyectables o quienes ejercen el trabajo sexual comercial, por ejemplo.

4.- Servicios para adolescentes que consumen drogas inyectables. A diferencia de las personas adultas, este grupo requeriría mayor atención en lo que se refiere información sobre la condición jurídica del menor, tales como: consentimiento informado, consentimiento paterno y restricciones en los servicios debido a su edad.

5.- Prisiones y centros de detención preventiva. Se debe avanzar en la idea de que un problema con el consumo de drogas no es necesariamente un acto delictivo. Se debe atender en apego a sus derechos humanos y su salud a la población que consume drogas en situación problemática desde que están en prisión, durante la detención, la prisión preventiva, el traslado a la cárcel, la estancia dentro de la misma y la puesta en libertad.

6.- Centros de detención obligatoria para drogodependientes.  Deben cerrarse todos estos centros que no cumplen con el cumplimiento de los derechos humanos de las personas recluidas ni con condiciones de sanidad adecuados. La reclusión de las personas no debe ser forzada y debe tomarse en cuenta la poca evidencia científica del éxito de estos centros en el tratamiento que aplica a sus usuarios(as).

7.- Gestión de sobredosis. Se debe atender con medicamentos suficientes (naloxona) y con instrucciones adecuadas para su aplicación por parte de la comunidad médica (capacitación), poblaciones clave y comunidad en general, así como informar sobre riesgos por sobredosis.

8.- Asegurar un suministro adecuado de equipos de inyección. Estériles y en condiciones óptimas.

9.- Hepatitis B y C. Se debe examinar y atender de manera especial y adecuada a quienes cuenten con estas enfermedades, así como el vih. Se cuenta con el registro de un amplio sector de la población que consume drogas de forma problemática puede tener estas enfermedades infecciosas, el uso de drogas en esta población puede afectar más su estado de salud.

Todas estas medidas atienden riesgos y daños a la salud de las personas que consumen drogas de forma problemática, pero también toman en consideración los aspectos sociales, económicos y legales a los que pueden enfrentarse. La perspectiva de género nos ayuda a entender que estas afectaciones pueden ser un poco distintas para las mujeres, para los hombres o para cualquier grupo que, por su clase social, orientación sexual, o cualquier otra condición pueda tener particularidades especiales en sus formas de consumo. Estas distinciones no deben en poner en cuestionamiento los derechos humanos de estas personas y esa debe ser la clave para la construcción de políticas públicas bajo este enfoque.

Por si te interesa más, te invito a consultar las siguientes referencias en las que basé mi escrito: