Por más que se intentando minimizar, o de plano, desestimar las filtraciones de miles de correos de la Secretaría de la Defensa Nacional por parte del grupo hacktivista Guacamaya, la información que ha sido publicada desnuda la dinámica de “gobernanza criminal” que impera en buena parte del territorio, la persistencia de la corrupción, la elusión de leyes de transparencia y el seguimiento permanente a grupos sociales que luchan por y defienden derecho humanos.

Sin duda es de interés público la información que ha sido puesta a disposición desde hace tres semanas. Gracias a ella hemos conocido de cuerpo entero a una institución que se caracteriza por la opacidad: el Ejército. Contratos, informes de inteligencia, cartas, fichas técnicas, “monitoreos”; son parte del abanico de elementos informativos que nos abren los ojos sobre una institución que históricamente se ha negado al escrutinio civil y cualquier contrapeso democrático. El reto ahora es no perderse en un mar de notas anecdóticas para lo cual se requerirá de una mirada periodística que nos ayude a entender el contexto de la información hackeada.

Las Fuerzas Armadas pertenecen legalmente al Poder Ejecutivo, y repiten hasta el cansancio que el Presidente es su Comandante Supremo. Pero sabemos que el arreglo cívico-militar posterior a la Revolución Mexicana y con la llegada de los civiles al poder (Miguel Alemán, 1946-1952), se fincó la autonomía de facto de los institutos castrenses. La era de la transparencia que trajo la llamada transición a la democracia (electoral) no trasminó al Ejército y la Marina. Son institutos opacos y reacios al cuestionamiento cívico.

Ahora, de manera polémica y vulnerando la seguridad cibernética estatal, nos enteramos de aquello que nos fue negado. Y más. Los informes de inteligencia -que no “síntesis informativas- demuestran, por un lado, la alarmante equivalencia que los militares entre crítica/disidencia social y peligrosidad. Nada extraño, pero nos confirma que para el Ejército, con toda su lógica vertical, autoritaria y jerárquica, cualquier grupo social o persona que cuestione a los gobiernos en turno es equiparable a un grupo de la delincuencia organizada o terrorista.

Desde hace tiempo sabemos con el recelo que los militares ven a los movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos , colectivos/as y periodistas. Lo que ahora consta es el “marcaje personal”, la intensidad y magnitud del mismo. Ello muestra el desmedido empeño y los recursos que se utilizan para seguir a estos actores. En suma, la lógica democrática de pluralidad y tolerancia no contagia al poder militar.

Otra perspectiva inquietante de los informes de inteligencia son revelaciones como la venta de armas a grupos criminales por parte de algunos elementos (inclusive desde el Campo Militar número 1); los presuntos narcogobiernos como Veracruz, Morelos, Jalisco, y la cercanía peligrosa del Secretario de Gobernación Adán Augusto López con funcionarios públicos que se relacionan al Cartel Jalisco Nueva Generación. Nada se ha respondido sobre esa información que proviene de la labor de inteligencia realizada por la institución más confiable para el propio Presidente. Simplemente, como sucedió el martes y miércoles de esta semana, se eludió de manera descarada el tema en la conferencia matutina y se le redujo al ínfimo papel de “politiquería”.

Otros temas nos remiten a la endémica corrupción que está lejos, muy lejos de ser erradicada. Una es la corrupción que impera en la estructura gubernamental. En la primera tenemos que Daniel Asaf, un personaje cercano físicamente al Presidente, tiene sospechas de corrupción. También la manera como se configura -con la complicidad de la propia SEDENA- una casta de juniors de la 4T como los hijos de Manuel Barlett, beneficiarios recurrentes de contratos gubernamentales adjudicados de manera directa.

Por último, la negación de información existente en poder de las instituciones es un grave acto en detrimento de la transparencia como valor medular de la democracia. SEDENA negó la existencia de contratos con empresas dedicadas a la venta del software Pegasus (Comercializadora Anstua S.A de C.V.). Y no se los negó solamente a la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) que solicito la información a través de los mecanismos legales, sino a las autoridades como la FGR y la Auditoría Superior de la Federación que la requirieron en el marco de investigaciones. Ese contrato para un “servicio de monitoreo remoto” fue encontrado en los correos filtrados y hoy pone a la SEDENA como institución responsable del espionaje ilegal en contra de dos periodistas y un activista durante este sexenio.

De lo hasta ahora visto en los correos de SEDENA las implicaciones son diversas. La primera es que estamos dejando la seguridad e inéditas parcelas de la vida pública a una institución antidemocrática por opaca , reacia a la crítica y a los controles civiles. Segundo, la realización de labores de inteligencia militar -incluida la intervención de comunicaciones- de manera ilegal y sin facultades para ello. La tercera es la profunda penetración del crimen organizado en las estructuras de gobiernos locales, el conocimiento del Ejército sobre ello y su correspondiente inacción. Por último, la opacidad y la negativa dolosa de información pública por parte de la propia SEDENA.

En la era de un renovado militarismo, las filtraciones de Guacamaya nos abren nuevas interrogantes sobre el sistema político, social y económico que impera y del cual el poder militar se apropia decididamente. El Ejército sabe lo que pasa en todo el territorio nacional y no hace nada o no necesariamente lo que debe hacer con ese nivel de conocimiento. Qué narcos hablan con qué autoridades, dónde compran armas y hasta a quién van a matar. Entonces no es la seguridad de la población su principal cometido, es la acumulación de poder. Ese poder que le da conocer a detalle las entrañas de un Estado podrido.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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