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Helena Cotler y José María León

21/11/2018 - 12:02 am

Ley de Desarrollo Agrario, ¿muerte anunciada de la propiedad social?

En primer lugar, el diagnóstico que sustenta esta iniciativa afirma que en el campo se han realizado “esfuerzos considerables de gobierno para mejorar su situación económica” y que se “han puesto en marcha diversos programas” y que a pesar de esta circunstancia la población del medio rural en su conjunto concentra la población en pobreza extrema.

“La iniciativa de ley parece ignorar que la riqueza natural concentrada en el uso común de ejidos y comunidades…” Foto: Misael Valtierra, Cuartoscuro

Hace unas semanas el Senador Ricardo Monreal, del grupo parlamentario de Morena, presentó la iniciativa de Ley para el Desarrollo Agrario. Varios temas de esta iniciativa son alarmantes, tocaremos tres de ellos.

En primer lugar, el diagnóstico que sustenta esta iniciativa afirma que en el campo se han realizado “esfuerzos considerables de gobierno para mejorar su situación económica” y que se “han puesto en marcha diversos programas” y que a pesar de esta circunstancia la población del medio rural en su conjunto concentra la población en pobreza extrema.

Estas afirmaciones van en contracorriente de los múltiples diagnósticos y estudios hechos recientemente por diversas organizaciones (SUSMAI, RISMIP, CEIBA) e investigadores a lo largo del país, quienes sostienen que la situación de pobreza en el campo se explica principalmente por la ausencia de un desarrollo integral, por el énfasis de subsidios diferenciados: productivos para los grandes agricultores y asistencialistas para los pequeños (sin posibilidad de mejorar sus condiciones productivas), programas aislados sin orientación clara y asignados principalmente para bienes privados individuales y la ausencia de cadenas productivas. Todo lo cual refleja el retiro del Estado de la producción, el acopio, la regulación de precios y la estructura de subsidios.

Segundo, la iniciativa de ley parece ignorar que la riqueza natural concentrada en el uso común de ejidos y comunidades se debe, en gran medida, a los arreglos colectivos que la gente tiene para interpretar, manejar y relacionarse con la naturaleza, y que el uso social de la tierra así como la vida en comunidad significan para las poblaciones campesinas una de las pocas posibilidades para hacer frente a procesos que como los de la globalización y el libre mercado comprometen su reproducción social y continuidad histórica.

Reconocer los derechos de las comunidades al uso colectivo de la tierra y de sus recursos naturales equivale a darle a continuidad a lo que por generaciones vienen haciendo mejor que nadie: conservar el territorio y su biodiversidad. Basta atender los reportes e investigaciones que dan cuenta sobre cómo las comunidades locales, con muy pocos recursos, son capaces de manejar, proteger, restaurar, rehabilitar, monitorear y mapear la biodiversidad.

Resulta pues una contradicción que la propuesta de ley busque concluir con el régimen colectivo amenazando un modelo de apropiación, entendimiento, gestión y custodia del territorio que ha sido reconocido como clave para la conservación y el desarrollo sustentable en innumerables tratados y convenios como el Diversidad Biológica de la ONU y los de las conferencias post Río.

En tercer lugar, la iniciativa de Ley abre las áreas de uso común a usos agropecuarios y energéticos promoviendo un modelo extractivista que es contrario a la lógica comunitaria, con lo que se compromete no sólo su derecho moral al territorio y a un ambiente sano, sino también la funcionalidad total del ecosistema. Hoy en día se reportan cerca de 500 conflictos socioambientales por despojo de tierras y de agua a comunidades y ejidos por parte de mineras, embotelladoras, cerveceras y diversas industrias ávidas por los recursos comunes.

Por otro lado, es necesario recordar que cerca de la mitad de las cabeceras de las cuencas más importantes del país están ocupadas por población indígena y que el 60 por ciento de nuestros bosques están bajo el resguardo de ejidos y comunidades, en cuyos territorios también se encuentra la mayor biodiversidad. Es en estos territorios donde el agua se infiltra, fluye, recarga mantos acuíferos, captura carbono, conserva biodiversidad, forma suelos, regula el clima, entre muchos otros servicios ecosistémicos de los cuales todos en México dependemos. La posibilidad de contar que estos servicios ecosistémicos se origina por el manejo forestal sustentable que se da en muchos de los bosques de ejidos y comunidades.

En momentos en que los científicos a nivel mundial alertan sobre la situación ambiental crítica de nuestro planeta y de la irreversibilidad de las condiciones actuales de vida, tales como las conocemos, esta iniciativa conllevaría la destrucción de nuestros ecosistemas y de los servicios ecosistémicos.

 

  • *Helena Cotler y José María León son investigadores del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial

Helena Cotler y José María León

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