El Secretario de Gobernación reconoció hoy que la fuga de “El Chapo” Guzmán y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa son las dos mayores crisis por las que ha atravesado el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.
Ciudad de México, 21 de diciembre (SinEmbargo).– La fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa han sido los dos peores momentos y las mayores crisis durante los tres años de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, reconoció hoy el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.
”[la fuga de ‘El Chapo’] por supuesto que sí lastimó a nivel internacional. Lo asumimos y por ello hay que resolver tanto la recaptura como todo el sistema penitenciario que tenemos, es uno de los dos peores momentos. Otra de las crisis en las que todavía estamos ahí es en el tema de saber exactamente lo que sucedió el 26 y 27 de septiembre”, expuso Osorio Chong en entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga en Grupo Formula.
Dijo que se pasó por estas crisis que lastimaron a la sociedad y que el Gobierno federal pagó muy fuerte. “En el caso Ayotzinapa, nos tocó como gobierno, y el rebote dio al Gobierno Federal y tuvimos que entrarle, enfrentarlo, ir explicando que habían sido autoridades, pero autoridades del Gobierno municipal, policías municipales”, destacó.
El encargado de la política interna del país, aseguró que el gobierno de Peña Nieto no está dedicado a inventar historias sino a buscar y saber la verdad sobre los 43 normalistas desaparecidos.
“Que la ciencia hable, que nos diga si pudieron pasar esos hechos ahí (basurero de Cocula), si esto no sucedió busquemos la verdad. Si sucedió, aceptémoslo todos, nosotros sólo estamos siguiendo la investigación a partir de las propias declaraciones de los más de 100 detenidos que se tienen, no es invento de un trabajador de la PGR, de un funcionario”, refirió.
Añadió que está abierta una indagatoria respecto a lo que ocurrió en Iguala y adelantó que el Gobierno federal desea saber la verdad de los hechos.
El funcionario federal también habló de la seguridad en Guerrero. Recordó que en la entidad se practicaron controles de confianza, pero después de tener los resultados no se liquidó a los uniformados por no contar con los recursos, y menos se separaron de sus actividades.
“Y entonces las consecuencias son estos índices que tenemos allá en Guerrero, que los vamos a superar, estamos trabajando ahora junto con este gobierno para formar una institución, formar una buena policía, formar una buena procuraduría. Lo que ya estamos trabajando y que vamos entregar eso como resultado”, explicó en entrevista.
Al ser cuestionado acerca de sus intenciones políticas rumbo a 2018, Osorio Chong manifestó que por el momento está concentrado en la agenda de la Secretaría de Gobernación (Segob) y que no se distraería en esos temas.
“Hoy en lo personal sé mis retos, sé la responsabilidad que el Presidente me ha conferido y tengo retos muy importantes. Es suficiente lo que tengo en la agenda como para todavía cometer el error de distracciones, yo creo que los resultados son los que deben hablar siempre”, aseguró.
INDIGNACIÓN SOCIAL POR AYOTZINAPA
La madrugada del viernes 26 de septiembre de 2014 se convirtió en un parteaguas en el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto. La tragedia ocurrida en el municipio de Iguala donde normalistas e integrantes del equipo de futbol local “Los Avispones”, fueron atacados a tiros por policías, dejó al descubierto para el mundo entero lo que ya se sabía en la prensa local: la complicidad de las autoridades mexicanas con el crimen organizado.
Ese día, los jóvenes habían ido a Iguala a recabar fondos para financiar la marcha del 2 de octubre, en el 46 aniversario de la masacre de estudiantes de Tlatelolco, México. En al menos cuatro eventos violentos, en Iguala, perdieron la vida seis personas, entre ellas tres estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, 25 más resultaron heridas, y 43 sin conocerse su paradero.
Debido a lo grave del caso, el 4 de octubre la Procuraduría General de la República (PGR) determinó que existían suficientes elementos para asumir la investigación. Ese mismo mes se dio por primera vez un móvil: la policía actuó por órdenes del Alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, socio del cártel Guerreros Unidos, para impedir que los estudiantes llegaran a un acto de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa.
El 4 de noviembre del año pasado, José Luis Abarca y su esposa fueron detenidos en una casa rentada en la Delegación Iztapalapa, en la Ciudad de México. Tres días después, Jesús Murillo Karam, entonces titular de la PGR, afirmó en conferencia de prensa que los detenidos, miembros del cártel Guerreros Unidos, confesaron haber asesinado y quemado a la mayoría de los 43 estudiantes secuestrados. Al término de la conferencia de prensa el Procurador expresó la frase: “Muchas gracias, ya me cansé”, la cual mereció fuerte protesta social.
A pesar de que el Procurador insistió en que la evidencia indicaba que los normalistas estaban muertos, anunció que hasta que no concluyeran los trabajos de identificación –que podrían ser en un laboratorio de Austria– estaban desaparecidos.
Los dichos de Murillo Karam fueron refutados por científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), quienes el 11 de diciembre del año pasado, desmintieron la hipótesis de la PGR, de que los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa fueron quemados en el basurero de Cocula, Guerrero.
El 27 de enero, la PGR concluyó que “sin lugar a dudas” los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula. Jesús Murillo Karam planteó una vez más, lo que denominó como “la verdad histórica” sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
El 2 de marzo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se reúne con los padres de los 43 normalistas para evaluar las acciones en el caso de los jóvenes desaparecidos.
Luego de seis meses de investigación, el informe del GIEI aportó al menos dos nuevas líneas de investigación que echaron a la basura “la verdad histórica” oficial sobre la desaparición de 43 normalistas desaparecidos. Una, hay un camión desaparecido que podría ser clave para conocer el destino de los jóvenes; dos, no existe evidencia de que fueron quemados en un basurero del municipio de Cocula.
También reveló que en todo momento, elementos de la Policía Federal (PF), el Ejército y corporaciones municipales tuvieron conocimiento de la ruta que siguieron los cinco camiones tomados por los normalistas.
El 16 de septiembre, la PGR anunció la identificación de los restos de un segundo estudiante, Jhosivani Guerrero de la Cruz. Los padres rechazan el anuncio. Los peritos argentinos dicen que los resultados son “no definitorios”.
El pasado 24 de septiembre, los padres de los normalistas se reunieron con Peña Nieto. Es la segunda reunión desde que se inició el caso. El Presidente volvió a prometer a los familiares de los estudiantes que no los dejaría solos y que no se daría carpetazo al caso.
LA FUGA DE “EL CHAPO”
El 11 de julio Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alías “El Chapo”, considerado el narcotraficante más poderoso del mundo, se fugó, por segunda vez, de una cárcel de máxima seguridad. En esta ocasión fue del penal El Altiplano, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, a través de un túnel de 1.5 kilómetros de largo que iba de la regadera de su celda a una casa en construcción en la colonia Santa Juanita, ubicado al suroeste de la instalación penitenciaria.
La noticia fue difundida ese mismo día por la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) a través de un breve boletín. De inmediato se desplegó un operativo de localización en la zona y se extendió a las estados vecinos. También se suspendieron las operaciones aéreas en el aeropuerto de Toluca.
En las primeras horas del día siguiente, el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, adelantó algunos detalles de la fuga en una conferencia de prensa. Por ejemplo, explicó que se encontró un hueco en el área de la regadera de su celda de 50 por 50 centímetros, donde se halló un conducto vertical de 10 metros de profundidad habilitado con una escalera, que conducía a un túnel.
Guzmán Loera ya se había fugado el 19 de enero de 2001 de una cárcel de máxima seguridad, el penal de Puente Grande, en Jalisco, durante el sexenio de Vicente Fox Quesada, del Partido Acción Nacional (PAN).
El 22 de febrero de 2014, 13 años después de su primer escape, “El Chapo” fue detenido en un hotel en Mazatlán, Sinaloa. Su captura fue celebrada por gobiernos extranjeros y prensa internacional, que calificaron el hecho como “el más grande logro” que ha alcanzado un Gobierno mexicano en materia de seguridad.
Ese mismo año, durante una entrevista para la cadena estadounidense Univisión, Peña Nieto celebró la captura y aseguró que “sería imperdonable” que Guzmán Loera se volviera a escapar. Hoy, “El Chapo” está otra vez prófugo.
Esta nueva fuga del hombre nacido en Badiraguato, Sinaloa, se dio en el marco de una visita de Estado del Presidente Peña Nieto a Francia, en la que lo acompañó gran parte de su gabinete. Tras darse a conocer la noticia, políticos, intelectuales y hasta empresarios solicitaron al Presidente agilizar las investigaciones para recapturar al capo y le exigieron cancelar su gira ante la gravedad del asunto.
Pero el Presidente se quedó en Francia. En un mensaje de siete minutos desde el país galo dijo que no interrumpiría su gira, aunque aseguró que la fuga del narcotraficante era una “afrenta para el Estado mexicano” y dijo que había instruido al titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, para que sea capturado lo antes posible.
El escape de “El Chapo” alertó a los países vecinos del sur. Los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras, reforzaron sus controles de seguridad fronterizos con México para evitar el ingreso del narcotraficante, quien fue capturado por primera vez en Guatemala, en 1993 y entregado a las autoridades mexicanas.
En tanto, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) lanzó, primero, una alerta internacional por la fuga del jefe del cártel de Sinaloa y después emitió ficha roja para la localización y detención de Joaquín “El Chapo” Guzmán en más de 190 países.
El lunes por la noche, 48 horas después de la fuga del capo, Osorio Chong ofreció una conferencia de prensa donde explicó que la celda de “El Chapo” tenía video vigilancia las 24 horas del día y que por razones de derechos humanos, tenía dos puntos ciegos. Añadió que el narcotraficante usaba un brazalete electrónico para su ubicación, el cual no contaba con sistema de localización satelital.
En tanto, la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez González, ofreció una recompensa de hasta 60 millones de pesos a quien o quienes proporcionen información que lleve a la captura de “El Chapo”. Precisó que fueron cesados tres funcionarios del penal de El Altiplano, entre ellos, el director Valentín Cárdenas Lerma.
No pasaron ni 24 horas para que algunas de estas afirmaciones fueran desmentidas por instituciones formales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Amnistía Internacional (AI). La crítica también vino de la prensa extranjera, que no escatimó en atribuir este hecho a la corrupción, la impunidad y la incapacidad del gobierno mexicano.
Pero al Gobierno federal no le bastó y en una segunda conferencia, ahora para revelar los videos de la celda de “El Chapo”, el Comisionado Nacional de Seguridad agregó nuevas dudas sobre la versión oficial de la fuga.
Por ejemplo, en las imágenes se ve a Joaquín Guzmán con cabello, cuando en las fotos que difundió la PGR estaba a rapa. Además, en una de las esquinas se alcanza a observar la pantalla de lo que podría ser una tablet, lo que sugiere que tendría conexión de internet, algo prohibido en los penales.
