Desfigurado y extraviado en su propio laberinto, el PRI tendrá que decidir este año si recupera su perfil histórico de presunto heredero de la filosofía de la Revolución Mexicana y asume una posición clara frente a las reformas constitucionales que pretenden restituirle al Estado el control mayoritario de la producción y distribución de la energía eléctrica, o si profundiza su alianza con la derecha panista, su rival ideológico histórico.

El 18 de marzo de 1938 el Presidente Lázaro Cárdenas del Río, quien llegó al poder postulado por el Partido Nacional Revolucionario (PNR), antecesor del PRI, realizó la expropiación de la industria petrolera, que estaba en manos de empresas extranjeras, y el 27 de septiembre de 1960, el Presidente Adolfo López Mateos, postulado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), nacionalizó la industria eléctrica.

El PRI se asume como heredero de la filosofía de la Revolución Mexicana y durante siete décadas fue el brazo electoral de los gobiernos impulsados por la misma organización política que sólo cambió de nombre pero no de hábitos.

El Partido Nacional Revolucionario se fundó el 4 de marzo de 1929 impulsado por el presidente Plutarco Elías Calles; después se transformó en Partido de la Revolución Mexicana (1938) durante el Gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río y finalmente se le denomina Partido Revolucionario Institucional (1946) desde el régimen de Manuel Ávila Camacho.

Hace cuatro décadas el control del PRI fue tomado por una corriente de tecnócratas formados en universidades extranjeras, quienes desde el Gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) hasta la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018), le impusieron una filosofía neoliberal.

Así se expresa en el preámbulo de la Declaración de Principios del PRI publicada en febrero del 2002 y elaborada durante su Asamblea 18 que se llevó a cabo del 17 al 19 de noviembre del 2001 en San Luis Potosí.

En la página 302 de la Memoria de esa Décima Octava Asamblea, se advierte: “Hacia 1989 se reemplazó el modelo económico del nacionalismo revolucionario por otro de marcada tendencia neoliberal, en el que se otorgó mayor espacio al capital extranjero y al redimensionamiento del Estado, así como a un pragmatismo carente de fines sociales”.

Se agrega: “Estos agentes generaron reducciones en el proceso económico y sobre todo en el bienestar social, ampliándose aún más la brecha entre los pocos muy ricos y los muchos muy pobres en nuestro país. El modelo neoliberal ha hecho mucho daño a México y deterioró las alianzas tradicionales de nuestro partido con los sectores sociales. Por falta de apego a los valores del nacionalismo revolucionario el PRI perdió identidad ante los ciudadanos y ante su propia militancia”.

Era presidenta nacional del PRI la exdiputada federal Dulce María Sauri Riancho, en tanto que la actual senadora priista Beatriz Paredes Rangel era la Coordinadora de Acción Legislativa en la Cámara de Diputados federal.

LOS AÑOS NEOLIBERALES

“La presidencia de Carlos Salinas (1988-1994) entrañó para México una transformación radical en varios terrenos. En el económico y comercial, las reformas estructurales y constitucionales, la privatización general de las empresas públicas, la supresión de la reforma agraria heredada de la Revolución y la creación del TLCAN abundaron en una modernización de corte liberal, mudanzas que junto con otras reformas de calado en el sistema político coadyuvaron, paradójicamente, al final de la larga supremacía de su partido, el Revolucionario Institucional (PRI)”, advierte un informe publicado por el Centro Barcelonés de Estudios Internacionales conocido por las siglas CIDOB, actualizado el 2 de julio del 2018.

Agrega el documento: “Así, fueron entregados al capital privado la telefonía (Telmex, una compañía plagada de denuncias por negligencia en el servicio que en diciembre de 1990 fue adjudicada en pública subasta a un consorcio encabezado por el magnate Carlos Slim Helú), las comunicaciones viales y las aerolíneas, el sector químico, el siderúrgico (Altos Hornos de México), los seguros, las cadenas hoteleras, los medios de radiodifusión (Imevisión, que dio lugar a la TV Azteca) y, finalmente, la banca”.

“El segundo florón del ‘liberalismo social’ pregonado por Salinas fue la modificación, en diciembre de 1991, del régimen minifundista del ejido, perpetuado como la principal conquista social de la Revolución pero que, según el Gobierno, dificultaba la mecanización y la capitalización del agro mexicano por la reducida extensión de las parcelas comunitarias”, explica el estudio de CIDOB.

“La enmienda del artículo 27 de la Constitución suprimió el marco jurídico de la reforma agraria realizada en el periodo cardenista, poniendo fin al reparto de terrenos, convirtiendo a los tres millones de ejidatarios en propietarios formales y autorizando a las sociedades con capital privado la adquisición, reventa o arriendo de los ejidales con determinados límites de superficie. En círculos izquierdistas no hubo ambages en hablar de verdadera contrarreforma agraria”, concluye el centro barcelonés de estudios internacionales.

Sobre Ernesto Zedillo Ponce de León CIDOB advierte que profundizó el proyecto económico de Salinas de Gortari y que “se despidió con la mácula, y no pequeña, de una serie de operaciones financieras irregulares, como la montada para rescatar de la quiebra al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), que incluyó convertir en deuda pública las obligaciones financieras contraídas por el Estado con los depositarios de fondos afectados por la crisis de 1994”.

Con respecto al Fobaproa, el periódico La Jornada publicó el lunes 20 de septiembre el 2021: “Tras más de 20 años los intereses del rescate bancario han resultado en pagos que al día de hoy superan la deuda original. De acuerdo con cifras oficiales, el acumulado de las obligaciones financieras, que derivaron en el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), y que se socializaron en 1998, rebasan 1.4 billones de pesos”.

Además: “Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público muestran que a julio de 2021 los requerimientos del programa de apoyo a deudores y los pasivos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) –mecanismo a través del cual la deuda del sistema bancario se absorbió como obligaciones soberanas– sumaron un billón 21 mil 471 millones de pesos a precios actuales, un saldo por arriba de los 704 mil 918 de pesos que representaban en diciembre de 2000”.

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha puesto especial énfasis en revertir las reformas constitucionales que llevó a cabo el Gobierno del priista Enrique Peña Nieto 2012-2018. Y en general, enmendar los cambios hechos a la Carta Magna durante los gobiernos llamados neoliberales, desde el régimen de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), incluyendo las dos administraciones panistas de Vicente Fox Quezada (2000-2006) y de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (2006-2012).

La administración de Peña Nieto privilegió 11 reformas llamadas estructurales, que modificaron 155 artículos constitucionales, para concretar Reforma Energética, Reforma en Materia de Competencia Económica, Reforma en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, Reforma Hacendaria, Reforma Financiera, Reforma Laboral, Reforma Educativa, Nueva Ley de Amparo, reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, Reforma Política-Electoral y Reforma en Materia de Transparencia.

La suma de los 13 votos del PRI en el Senado de la República es esencial para lograr la mayoría calificada (dos terceras partes del pleno) que Morena y sus aliados necesitan para aprobar la reforma eléctrica; y lo mismo sucede con los 71 sufragios de legisladores priistas en la Cámara de Diputados de la federación.

Pedro Mellado Rodríguez

https://www.sinembargo.mx/author/pedromellado

Periodista que durante más de cuatro décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace casi cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad jesuita de Guadalajara.

Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que SinEmbargo.mx no se hace responsable de los mismos.

#Entrevista ¬ “Se volvieron millonarios. Yo lo vi”, acusa vecino a panistas de BJ