Los especialistas señalaron que este tipo de megaproyectos no sólo produce violaciones de derechos humanos y colectivos sino que utiliza la violencia para imponerse. Aseguraron que en lugar de la termoeléctrica existen alternativas sociales y “ambientalmente viables” como la creación de una planta para la fabricación de paneles de celdas fotovoltaicas

 México, 21 febrero (EFE).- La termoeléctrica de Huexca, en Morelos, con su acueducto y gasoducto que cruzan las entidades de Puebla y Tlaxcala, afectaría a 26 pueblos, señalaron especialistas en un foro en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El llamado Proyecto Integral Morelos (PIM), que comenzó a ser construido en el gobierno de Felipe Calderón, y que ahora pretende ser puesto en operación, implica contaminación hídrica, atmosférica y del suelo en una zona eminentemente agrícola, apuntaron.

“El PIM no cuenta con la licencia social de los pobladores, en todos los lugares que atraviesa el proyecto ha habido resistencia social y ocupación policiaca”, explicó Lilián González, del Centro de Investigación de Ciencias Sociales y Estudios Regionales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

En la conferencia “Termoeléctrica de Huexca: impactos y oportunidades celebrado este jueves en la UNAM, la investigadora lo calificó como “un proyecto impositivo, contrario a la voluntad y al principio de autodeterminación de los pueblos.

El proyecto, sostuvo “atenta contra la seguridad de 26 pueblos de los estados de Puebla, Tlaxcala y Morelos” por donde atraviesa el gasoducto, de unos 160 kilómetros.

Las instalaciones están paralizadas por protestas de los habitantes contra la construcción tanto de la termoeléctrica, como del gasoducto, pero ha sido el acueducto el que más problemas sociales ha generado.

Para destrabarlo, el Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció una consulta ciudadana este 23 y 24 de febrero para evaluar el futuro de la obra de más de mil millones de dólares.

 

Antonio Sarmiento, especialista del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, dijo que el proyecto “está pensado para crear una zona industrial y cerrar un círculo alrededor de la capital del país”.

“No se necesita construir más industria, sobre todo una zona eminentemente agrícola y que no tiene el agua suficiente para seguir produciendo productos orgánicos, además de que implica contaminación hídrica, atmosférica y del suelo”, apuntó.

Sarmiento señaló alternativas sociales y “ambientalmente viables” como la creación de una planta para la fabricación de paneles de celdas fotovoltaicas, la cual no dependa de los combustibles fósiles y coexista con la agricultura.

Los especialistas señalaron que este tipo de megaproyectos no sólo produce violaciones de derechos humanos y colectivos sino que utiliza la violencia para imponerse.

Una muestra ha sido el asesinato del líder social y defensor del medioambiente Samir Flores, un firme opositor al proyecto, y quien se destacó en una de las comunidades afectadas, Amilcingo, como campesino y locutor de una radio comunitaria.

En el foro, académicos de diversas especialidades analizaron los impactos del proyecto así como las alternativas para generar energía a menor costo, como la solar, y sin poner en riesgo a la población ni los recursos naturales.