Se comprometió a no mentir y la mentira se ha convertido en rutinaria en la tarea de comunicación del Presidente de la República. Es un tema que, avanzando el tiempo, se tornará en uno de los más delicados para interpretar su desempeño público, porque no se puede sostener una cosa en la retórica y hacer otra en la realidad.

Esto habla de incongruencia y, a final de cuentas, de lo difícil que es dejar atrás una cultura política largamente acendrada en la vida de la República y que se suponía tendería a desaparecer en un Gobierno que piensa que por haber ganado una elección abrumadoramente ya se asume con un mandato de transformación que hasta un número ordinal le pone y en el cual lo que es pronóstico se da por hecho. Inadmisible.

El delicado asunto que envuelve a Félix Salgado Macedonio sirve a las finalidades de este artículo como anillo al dedo, por una razón adicional de coyuntura. El viernes pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Constitución General de la República, en especial su Artículo 108, que pasada la última fase de la aprobación de las legislaturas locales, permitirá proceder penalmente contra el Presidente de la República por delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadana o ciudadano.

Ahora bien, un día antes López Obrador pronunció su ya famosa frase “¡ya chole!”, precedida de argumentos dictados por su recurrente pensamiento conspirativista, pues al revisar las acusaciones contra el Senador aspirante a la gubernatura de Guerrero, acusado doblemente de violación, dijo: “Siempre hay qué preguntarse ¿y de parte de quién?, o sea, ¿por qué todo esto?, ¿qué hay detrás?”. La perspectiva de la reforma habla de una cosa y las palabras del Presidente en la mañanera, de otras, que en sí mismas desmienten el propósito de ir a fondo contra la impunidad. Y cuando digo ir a fondo quiero que se piense que afecte a los cercanos, a los correligionarios, a los del mismo partido. Sólo así se entiende el no establecer diferencia alguna entre el hombre que está en la cima del poder y el ciudadano de a pie con el que se le compara.

El “ya chole” presidencial deja ver que el cáncer de la impunidad es difícil de extirpar. Pero no sólo eso, si el tema lo vemos a la luz de lo que históricamente ha sido el estado de Guerrero, donde todo debiera ser diferente si realmente hubiese el propósito de transformar, de reformar, de dejar atrás el abuso del poder, el patriarcalismo, la violencia y el mal Gobierno, que en esa región de nuestro país ha sentado sus reales.

No basta hacer un recorrido prolijo para saber que en esa zona de México ha habido gobiernos abominables, como los de Raúl Caballero, Raymundo Abarca, o los de los Figueroa (padre e hijo), y hasta el de Ángel Aguirre, el de los sucesos de Ayotzinapa, al que se sumaría, en un momento dado, el de Félix Salgado Macedonio, beneficiario de un dedazo, similar a los que se han dado para designar candidatos en Morena.

Hay en este asunto, no tengo duda, la evidencia de que la agenda del movimiento de las mujeres en el país no forma parte de las prioridades de López Obrador, y tal circunstancia es congruente, paradójicamente, con su conservadurismo. Por eso no se extraña la reacción de infinidad de feministas, escritoras, artistas, en general mujeres que le exigen que rompa con un pacto que sólo se sustenta en una visión patriarcal de la sociedad, cuando quienes han padecido la injusticia –mujeres de carne y hueso– reclaman que “ningún violador será Gobernador”.

Es tan atendible el reclamo como desproporcionada la reacción presidencial, que se explica, aparte de la razón apuntada, porque simple y sencillamente implica la revocación de una de sus órdenes para llevar a Salgado Macedonio a la candidatura y después a seis años de Gobierno en ese atormentado estado de la República, que ha sido reserva de votos en favor de la izquierda, pero no punto de inflexión para marcar una ruta que hable de democracia real, con un nuevo contenido al ejercicio del poder, un corte histórico con el abuso y la impunidad, para dar pie al Estado de derecho. ¿Es que acaso sólo interesa Guerrero como reservorio electoral? Ni eso, porque con Salgado Macedonio hasta el triunfo morenista se pone en entredicho.

Este problema se ha generado porque no tan sólo no se ha acotado el presidencialismo, reformado para que deje de ser un obstáculo en el desarrollo político del país, sino acrecentado con visos más preocupantes que los que vimos en los últimos gobiernos.

En efecto, López Obrador quiere hinchar su poder a costa de los demás: es renuente a respetar las autonomías de las entidades federativas, la calidad misma de partido de Morena, con militantes con derechos reales y tangibles, y desea convertir a los gobernadores en una especie de procónsules romanos de las “provincias”, es decir, las regiones vencidas, sojuzgadas, lo que se evidencia en el nombramiento de superdelegados que trastocaron la administración pública, en lugar de superarla, para colocar a sus afines en la antesala de las candidaturas que ahora conocemos.

López Obrador no quiere estados sino intendencias, jefes políticos a su servicio, como podemos afirmar sería Salgado Macedonio en más de un sentido, pues su estilo es premonitorio de que seguirá la línea de los gobiernos atrabiliarios que ha padecido el estado de Guerrero.

Hay una tendencia muy clara a deslindarse de los movimientos liberadores, como los de las mujeres, que representan un abanico de posiciones y puntos de partida políticos, pero en los cuales hay un gran consenso para exigir el vivir en una sociedad libre de violencia, en este caso una violencia que viene de siglos y que si la vemos en nuestra realidad nacional, tiene sitios críticos como el guerrerense, como para que ahora a ese movimiento de mujeres se le trate con la arrogancia de una frase como la de “ya chole”.

Por la víspera, los días. Si López Obrador reacciona así frente a la impugnación a su amigo, pregúntese cómo reaccionará si, aplicada la reforma de hoy, se le pretendiera acusar penalmente.

19 febrero 2021

Jaime García Chávez

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Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.

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