A pesar de que Los Zetas se afianzaron en Coahuila y lograron apoderarse de la entidad durante la administración de Humberto Moreira Valdez, el ex Gobernador y ex presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) nunca fue investigado por su hermano Rubén Moreira Valdés en relación a la masacre de Allende, Piedras Negras y otros municipios de la región, dijo Sergio Aguayo Quezada, investigador de El Colegio de México (Colmex) en entrevista con SinEmbargo.

“Hasta donde yo pude ver los documentos, no encontré ninguna investigación sobre su hermano”, dijo Aguayo Quezada, quien forma parte de una investigación que realizan varias institucionales sobre el yugo de Los Zetas entre 2010 y 2011 en la región carbonífera de Coahuila y la matanza del 18 y 20 de marzo donde fueron asesinados hombres, mujeres, niños y viejos.

Ciudad de México, 22de marzo (SinEmbargo).- El ex Gobernador de Coahuila Rubén Moreira Valdés nunca investigó a su hermano Humberto Moreira Valdez en relación a la masacre de Allende y Piedras Negras, a pesar de que funcionarios del Gobierno del ex presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sabían que Los Zetas se habían adueñado del penal de Piedras Negras, dijo Sergio Aguayo Quezada, profesor de El Colegio de México, quien desde hace años realiza una investigación sobre la matanza.

En entrevista con SinEmbargo, Aguayo Quezada reconoció que Rubén Moreira, ahora secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional priista, indagó la masacre que se dio por la “venganza Zeta” entre el 18 y 20 de marzo de 2011 –cuando el cártel de Los Zetas asesinó a hombres, mujeres, niños y viejos–y entregó información a los investigadores que en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el Colmex y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) investigan la matanza, incluso acató algunas de las recomendaciones que han emitido las instituciones en los informes que se han derivado de las pesquisas.

Pero aceptó que en los expedientes que Rubén Moreira les entregó y en la información que han logrado revisar en torno al caso, no hay ningún indicio de que se haya indagado a Humberto Moreira por los hechos.

“Hasta donde yo pude ver los documentos, no encontré ninguna investigación sobre su hermano”, dijo.

Y afirmó que “no había ninguna investigación directamente relacionada, aún cuando encontramos en el penal de Piedras Negras que funcionarios de Humberto sí estaban enterados de lo que pasaba ahí, pero no podemos asegurar que ellos informaron a Humberto Moreira”, dijo.

Tampoco se ha podido establecer la participación de la policía estatal de la administración de Jorge Torres López, quien gobernó Coahuila de 4 de enero y el 1 de diciembre de 2011, entre la salida de Humberto Moreira y el arribo de Rubén Moreira, dijo Sergio Aguayo.

El académico explicó que Rubén Moreira inició con las pesquisas sobre la matanza hasta 2014, cuando la masacre atrajo el interés de la comunidad internacional.

“En mi opinión cuando él llega, hasta donde he podido establecer, él se dedica a lanzar una ofensiva contra Los Zetas y atender a las víctimas, pero ignoró Allende hasta que empezó a hacerse tema mundial hasta 2014. Cuando El Colegio de México llega a Coahuila en 2016, sí encontramos una disposición de compartir información, lo cual fue notable. Lo hizo con dos expedientes importantes: el de Allende y el del penal de Piedras Negras”, explicó.

El 21 de noviembre del año pasado, Sergio Aguayo presentó el informe “El yugo Zeta. Norte de Coahuila 2010-2011”, que exhibió que el cártel de Los Zetas hizo del penal de Piedras Negras su centro de negocios, en donde no sólo asesinaban y desaparecían a sus víctimas, sino que usaban las instalaciones como hotel para hacer “grandes bacanales” y los talleres de rehabilitación para los presos en la adaptación de sus vehículos para pasar droga a Estados Unidos, todo bajo el ojo del Gobierno federal y del estatal.

Sergio Aguayo, coautor de la investigación, dijo ese día que el penal coahuilense era una pieza fundamental en el engranaje de contrabando y secuestro de toda la región y alertó que este caso se puede estar replicando en otras cárceles del país en los que hay “autogobierno, que son controladas de diferente manera por el crimen organizado”.

Jacobo Dayán, también autor del informe, apuntó que en el penal de Piedras Negras “el Estado mexicano subsidiaba las operaciones criminales de los Zetas”.

FALTA DESLINDAR RESPONSABILIDADES

Este lunes la CNDH reveló, a siete años de la masacre, que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) estuvieron presentes durante la matanza.

“De las constancias que esta Comisión Nacional se allegó, obran dos declaraciones que mencionan que servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, presenciaron los hechos ocurridos del 18 al 20 de marzo de 2011, sin embargo, no se contó con mayores elementos que pudieran acreditar el dicho de los testigos; además se advirtieron imprecisiones en los informes relativos a la fecha y hora en la que elementos del Ejército Mexicano se constituyeron en el rancho ‘Los Garza’. En consecuencia, este Organismo Nacional estima que la Procuraduría General de la República [PGR], deberá iniciar una investigación al respecto, y en caso de advertirse la comisión de algún delito, ejercer la acción penal en contra de quien o quienes resulten responsables”, dice el informe.

La Comisión cita informes del Colmex, la Universidad de Texas y la Federación Internacional de Derechos Humanos que contienen registro de procesos judiciales, formulados por testigos protegidos del Gobierno de los Estados Unidos, en contra de servidores públicos federales, del Estado de Coahuila y de los municipios de Allende y Piedras Negras por presuntos vínculos con Los Zetas.

Sergio Aguayo destacó la importancia del informe para lograr que se aclaren los hechos de 2011 y, opinó, la CNDH hizo recomendaciones muy precisas al Gobierno de Coahuila.

“Sigue sin esclarecerse la cadena de responsabilidades, terminar de identificar a las víctimas, atenderlas; puede intervenir la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y luego establecer la responsabilidad que tuvo la DEA [Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos], la Policía Federal y otras dependencias municipales, estatales, federales, enmarcarlo dentro del mapa de Coahuila lo que sucedió en la Laguna, Saltillo y la región carbonífera. Hay que reconstruir la interacción que se dio entre el crimen organizado, instituciones del Estado e instituciones de la sociedad”, consideró.

En el informe que Aguayo Quezada y otros investigadores dieron a conocer en noviembre del año pasado se estableció que en la violencia de México influyó la sociedad y el gobierno de Estados Unidos, el cual fue fundamental para la “venganza Zeta”

La investigación plantea que Los Zetas armaron un operativo en Allende, Piedras Negras, Ciudad Acuña , Morelos, Nava, Zaragoza y Villa Unión para vengarse de un “soplón” que huyó a Estados Unidos y dio información sobre el cártel.

“En la violencia que asola a México han influido la sociedad y el gobierno de Estados Unidos. La venganza Zeta fue responsabilidad de la DEA y la policía federal que seis años después se niega a revelar la identidad de los responsables”, platea una de las conclusiones de la investigación.

De acuerdo con la investigación la responsabilidad de Estados Unidos se dio por la falta de protocolos al momento de enviar información delicada desde México sobre el cártel, la cual por la corrupción que impera en el país cayó en manos de los narcotraficantes.