Tomaré como premisa mayor un fragmento del artículo 20 de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania por contener una síntesis significativa de uno de los aspectos más valiosos del Estado de derecho. Dicho artículo establece que “el Poder Legislativo está sometido al orden constitucional; los poderes Ejecutivo y Judicial, a la ley y al derecho”. Y aunque nuestra Constitución no lo establece así, en realidad, leída e interpretada con atención, llega a la misma conclusión, por ser la base de la construcción de los estados modernos.

Se han levantado muchas voces para cuestionar la actitud de López Obrador contra el juez que decretó la suspensión en torno a las reformas de la Ley de la Industria Eléctrica, Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Segundo Juzgado de Distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Esas voces se han centrado exclusivamente en la idea esencial de la división de poderes que previene el código básico y que son necesarias y pertinentes. Pero no van encaminadas a un aspecto que cada vez será más necesario subrayar.

Se trata, ni más ni menos, de que este suceso muestra el talante autocrático que ha empezado a exhibir el Presidente de la República y que a mi juicio debe preocupar a todos, particularmente a quienes participamos en la faena de transitar a la democracia y desearíamos ahora que la misma se estuviera consolidando, lo que no vemos. La divisa lopezobradorista es que todo se deba hacer bajo sus dictados y, en el caso que me ocupa, empezó por instruir que a su iniciativa “no le modificaran ni una sola coma”, lo que explica su enfado y pertinaz cuestionamiento al funcionamiento de otro poder encargado, precisamente, de velar porque la legalidad y constitucionalidad de la totalidad de los actos del Estado se respete y esté íntegra e incólume.

López Obrador tendrá que entender que en este país hay una Constitución y que todas las decisiones de Estado se deben tomar siguiendo los principios y las pautas que la misma marcan. Precisamente una de las críticas centrales que se hizo al ejercicio del poder en el pasado fue que las más importantes decisiones de trascendencia pública se tomaban en agencias no formales, utilizando las leyes como un simple barniz cuando la “obra” estaba terminada. Y cuando digo que tendrá que asumir, es porque en el esquema constitucional mexicano el Presidente tiene la facultad de iniciar leyes, tramitarlas ante las cámaras del Congreso de la Unión, y si el caso lo amerita, ante el propio constituyente reformador. Pero justo ahí está su límite, allende el cual están los tribunales, que pueden decir la última palabra, entrar en contradicción con las visiones presidenciales y aun corregirlas o enmendarlas. Pero parece que esto no es del gusto del Presidente.

La Constitución alemana que traigo a colación, cae como anillo al dedo porque todas las configuraciones que puede acarrear la emisión de una ley por el Congreso de la Unión tampoco son a capricho de las mayorías de sus diputados y senadores, sino que tienen que apegarse al orden que la misma ley fundamental establece. Por eso se llaman “leyes secundarias”, “reglamentarias”, entre otros conceptos. En cambio los poderes Ejecutivo y Judicial se deben ceñir a las leyes y a ese matiz que establece el concepto de derecho.

El Presidente no está para que se le cumplan sus antojos y sabe bien que al iniciar y procesar una nueva legislación, en la esfera que se quiera, se va a topar con conflictos y resistencias, muy propias en la interrelación del Estado, el Gobierno, y que todo esto se va a procesar a través de los recursos que los particulares pongan en juego para definir precisamente los conflictos. Es de los ejecutivos talentosos, antes de iniciar sus leyes, propiciar consensos, y cuando los mismos no se dan, arrostrar las consecuencias mediante sagaces litigios que se pueden ganar o perder. Y no queda de otra más que acatar, si es que hay respeto al orden constitucional.

López Obrador no piensa así. Y no obstante que el presidente de la Suprema Corte llegó, hay que decirlo, con su bendición, al igual que otros ministros, su reacción ante las actuaciones del Juez Gómez Fierro, fue enviar una inadmisible carta en la que le pregunta al presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, con un talante altivo y mañoso, si a la autoridad judicial “le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión, y si es de su competencia o no resolver sobre este caso”.  Es una pregunta para dejar frío a cualquiera, no porque suponga que el Presidente ignore la única posible respuesta a la interrogante, que llegó puntual de la boca de Zaldívar, sino porque muestra su carácter autoritario, que algunos han resumido bajo la idea de que si la Constitución no se ajusta a la Cuatroté, peor para la Constitución. Y lo más grave, tomarla como una plastilina en manos del Ejecutivo y moldearla para sacar adelante sus pretensiones.

Por estos días circula una vasta literatura sobre los gobiernos del tipo de López Obrador, algunos los catalogan de “populistas”, de “enfermedades de la democracia”, pero todos coinciden en un punto: son adversos a la división de poderes por el afecto que le tienen al liderazgo carismático y, casi sin excepción, todos en algún momento quieren colonizar, controlar, destruir las cortes supremas o los tribunales constitucionales. Aunque a mi no me extraña, veo en la actitud de López Obrador dobleces. Se dice heredero de Juárez, seguidor de la inspiración que brinda la República restaurada luego de la Intervención Francesa, pero la realidad lo acerca a un presidencialismo porfírico, con Congreso obsequioso y jueces, magistrados y ministros obligados a congraciarse con el gran poder de Palacio Nacional.

Le escuché alguna vez a José Fuentes Mares que Benito Juárez era más peligroso con una ley en la mano que con una pistola. Al recordarlo, sugiero que con la ley en la mano el Presidente litigue la constitucionalidad de su ley y olvide las amenazas que sugiere la metáfora de la pistola.

Jaime García Chávez

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Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.

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