Es un pleito más en la élite: Julio Scherer Ibarra, Alejandro Gertz Manero y Olga Sánchez Cordero forman parte del proyecto de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador, pero como millonarios que habitan las Lomas de Chapultepec pertenecen también a la misma cúpula del poder económico, político y mediático.

Y esta disputa de poder entre los tres abogados se da en el terreno de las leyes y el mundo del dinero, tan distantes de la justicia y de la mayoría de la población de México que otorgó al Presidente López Obrador un mandato de cambio que tanto trabajo costó y que la triada no ha honrado o ha traicionado con sus conductas.

Hay que ratificarlo: Jamás hay que temer a la pluralidad ni a las deliberaciones públicas dentro de un mismo equipo, tampoco a las confrontaciones y defensas en el terreno jurídico, político y mediático, pero el espectáculo de Scherer, Gertz y Sánchez Cordero corresponde a sus intereses palaciegos y no a los románticos disensos de los gigantes deciomonónicos de Benito Juárez que tanto gustan a López Obrador.

En las tres apariciones del fiscal Gertz en medios, en el escrito del abogado Scherer Ibarra en Proceso –el semanario de su propiedad que lo llevó a la portada– y en las mensajes en Twitter de la Senadora Sánchez Cordero se acusan los tres del uso del poder para beneficios económicos personales y facciosos, los mismos vicios contra los que votaron más de 30 millones de mexicanos.

Scherer, Gertz y Sánchez Cordero han logrado lo que la oposición no pudo: Exhibir al Gobierno de López Obrador en el estratégico ámbito de la justicia, uno de los pilares de la Cuarta Transformación, un proyecto que sin acabar con las bases de la impunidad –como con la inseguridad y la violencia– no acreditará el mandato de cambio que los mexicanos le impusieron.

Así como resultó insostenible la presencia de Scherer Ibarra como consejero jurídico y de Sánchez Cordero como Secretaria de Gobernación, que siempre se detestaron más allá de sus competencias jurídicas, es ya muy dañina la permanencia de Gertz Manero como Fiscal de la República, quien tiene derecho a litigar como abogado lo que sea, pero no a traicionar como fiscal el mandato constitucional.

Aunque el Presidente de México quiera tomar distancia de este asunto, que más que de leyes es de ética, también a él lo alcanza, porque él los encumbró y la actuación de los tres ha comprometido el mandato de cambio.

La Constitución establece que sólo el Presidente de México puede remover al fiscal por “causas graves” y no se aprecia que esto ocurra pronto, porque también implicaría un cisma en el Gobierno y en el Senado, donde requiere mayoría calificada para poner a un reemplazo que, además, exige una eficacia urgente.

Así que no hay manera de que el conflicto se resuelva pronto y bien, porque además Gertz adelantó a los senadores, el jueves 17, que ya identificó a los autores del espionaje telefónico que exhibió sus enjuagues con miembros del Poder Judicial y adelantó que están involucrados servidores públicos.

El solo hecho de mencionar que miembros de “un ente público” lo espió atiza más el conflicto, porque no sólo pone bajo sospecha a amigas de Scherer Ibarra, como a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y a la fiscal capitalina, Ernestina Godoy, sino hasta al Gobernador Alfredo del Mazo, cuya esposa, Fernanda Castillo Cuevas, es tía de Alejandra Cuevas Morán, acusada del homicidio del hermano del fiscal.

Lo lamentable de este irresponsable comportamiento de tres personajes del entorno del Presidente de México, sobre todo del fiscal, es que en vez de dar celeridad a casos de corrupción, la lentitud o la abulia o la justicia selectiva consolidan la impunidad.

Hace tres años, cuando el Presidente López Obrador impulsó su nombramiento, yo mismo creí que Gertz era el indicado para hacer justicia en casos emblemáticos de corrupción. Un hombre al final de sus días, casi a los 90 años de edad, no tendría ambición por el dinero y el poder, sino sólo pasar a la historia.

Está visto que no es así, mientras que Scherer Ibarra, presidente del consejo de administración de la empresa que edita la revista que fundó su padre, está señalado de usar el cargo de consejero jurídico para favorecer a personajes como Juan Collado, Alonso Ancira y hasta Roberto Gil Zuarth, el secretario particular de Felipe Calderón que trabaja para el Gobernador de Morena Miguel Barbosa.

Como en la novela de Paco Ignacio Taibo II, en este asunto no habrá final feliz.

Álvaro Delgado Gómez

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Álvaro Delgado Gómez es periodista, nacido en Lagos de Moreno, Jalisco, en 1966. Empezó en 1986 como reportero y ha pasado por las redacciones de El Financiero, El Nacional y El Universal. En noviembre de 1994 ingresó como reportero al semanario Proceso, en el que fue jefe de Información Política y especializado en la cobertura de asuntos políticos. Ha escrito varios libros, entre los que destacan El Yunque, la ultraderecha en el poder (Plaza y Janés); El Ejército de Dios (Plaza y Janés) y El engaño. Prédica y práctica del PAN (Grijalbo). El amasiato. El pacto secreto Peña-Calderón y otras traiciones panistas (Editorial Proceso) es su más reciente libro.

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