Ciudad de México, 22 de abril (SinEmbargo).– Las leyes secundarias de la iniciativa de Reforma de Telecomunicaciones del Presidente Enrique Peña Nieto son una amenaza para la población mexicana, pues los datos de geolocalización podrán estar al alcance de cualquier Ministerio Público, secuestrador o narcotraficante.

“Las compañías tienen que almacenar los datos de los usuarios hasta por dos años. Entonces si tú analizas los datos de tu GPS como dónde has estado, a dónde vas, qué frecuentas a lo largo de dos años, es mucho más fácil conocerte de esa manera, a que se pudiera ver el contenido de tus comunicaciones. Eso debe eliminarse”, dijo Óscar Mondragón, miembro del Colectivo Libre Internet para Todos.

El activista indicó que secuestradores o el crimen organizado podrán tener acceso a los datos de los mexicanos gracias a la corrupción, por lo que la iniciativa es “brutalmente peligrosa”.

“Digamos está una previsión para que pueda ser rastreado el GPS de tu teléfono, sin ninguna intervención, más que la de un Ministerio Público estatal, quien puede ordenar que se siga tu teléfono. Imagínate lo que quiere decir para los periodistas en estados como Veracruz, donde todos los meses cae uno muerto, en Tamaulipas, Coahuila. Los Ministerios Público  son una parte importante de la cadena de corrupción y podrá rastrearte en tiempo real, podrá saber dónde estás, es un gran peligro para periodistas, activistas y para cualquier persona”, expuso.

La reforma no sólo establece bloqueos de la señal cuando el Estado así lo determine o nulas garantías para la libertad de expresión y el libre acceso a Internet, sino que coloca los datos de los usuarios totalmente en manos de las autoridades.

Para Mondragón el atentado en contra de la privacidad que lleva consigo la iniciativa de leyes secundarias, es la más grave de todas, pues el gobierno podrá “servirse” sin ninguna restricción de los datos personales de los ciudadanos.

Mondragón no es el único activista que ha puesto sobre la mesa el peligro que implica la iniciativa del Ejecutivo, organizaciones como Artículo 19 y #YoSoy132 se han manifestado en los últimos días contra lo que consideran una violación a los derechos humanos y una ley enfocada en la censura.

“Prácticamente toda la Ley tiene un aspecto que es inconstitucional, sea en aspectos de diversidad y pluralidad de medios, de regulación, de Internet en particular, el uso de las telecomunicaciones por ejemplo. Toda la Ley tiene aspectos que afectan nuestros derechos”, dijo Carlos Brito, de la Red de Defensa de los Derechos Digitales y miembro del movimiento #YoSoy132.

Brito, un joven activo en las movilizaciones sociales desde que nació el movimiento #YoSoy132, se dijo preocupado por el contenido de las nuevas reglas del juego.

“Lo único que hace esta Ley es arreglarle el pleito a dos grupos de ricos, Televisa y a Telmex [Teléfonos de México],  para nosotros los aspectos fundamentales como el derechos de la audiencia, de expresión, de privacidad, incluso presunción de inocencia, se están violando. En particular en aspectos de Intenet tenemos cosas preocupantes en dos capítulos: la redes que establece censura, no sólo del gobierno, sino de empresas privadas”, explicó.

Brito detalló que estos artículos obligan a las empresas de telecomunicaciones a retener durante dos años o más los datos personales de geolocalización de los usuarios.

“El gobierno obliga a las empresas a tener bases de datos, con nuestra información de a dónde vamos, qué hacemos en todo momento, todo el tiempo durante el lapso de dos años, la obligación es para empresas de servicios de telefonía móvil, con esto la Marina, El Ejército, la PGR [Procuraduría General de la República], todos pueden hacer uso de nuestros datos y nadie se va a enterar”, explicó.

Mondragón detalló que la Iniciativa Ciudadana, alterna a la reforma de Peña Nieto que promueve desde el año pasado el Contingente MX, propone que el Congreso de la Unión debe establecer un conjunto de garantías para los ciudadanos y el acceso a Internet.

“La Constitución Mexicana dice que tenemos derecho a acceso a Internet pero, pero no hay previsión alguna ni por el lado del mercado ni del Estado para que este derecho sea efectivo. Terminando esta reforma los monopolios acabarán donde están, los precios y los servicios elevados y malos y nuestros derechos sea verán coartados”, comentó.

Mondragón indicó que las leyes secundarias tienen elementos muy graves de censura y ataque a la privacidad, mientras omite temas tan importantes como el alcanzar una cobertura de 80 por ciento en la red.

“La iniciativa ciudadana establece el derecho de acceso libre y los mecanismos y lineamientos. La iniciativa del gobierno ni siquiera lo menciona”, dijo.

Jesús Robles Maloof, activista y miembro del Contingente MX, llamó al Congreso de la Unión a dictaminar el día de hoy la Iniciativa Ciudadana que está en manos del poder legislativo desde el 5 de marzo del año pasado y que cuenta con 127 mil firmas que la respaldan.

Además de la iniciativa, el Contingente MX realizó una propuesta técnica detallada que simplifica los artículos que deben ser modificados y su contenido.

La propuesta técnica contrasta a la reforma de Peña Nieto artículo por artículo y propone lo que los activistas consideran, coloca en el centro a los ciudadanos y no a los monopolios y a los gobiernos.

“Se debe establecer un título sobre las garantías y derechos para la libertad de expresión, derecho de acceso, garantías contra injerencias arbitrarias, derechos de los usuarios y audiencias”, dijo Maloof.

El activista explicó que la iniciativa presidencial coloca a las personas hasta el título noveno, pues primero habla de las autoridades, después de los concesionarios y después de los usuarios.

“Algo que hay que sostener es que las personas no sólo son usuarios, son personas con derechos fundamentales y son cuidadnos, no todas las personas en este país son usuarios”, dijo.

El activista detalló que una de las propuestas de la iniciativa ciudadana es que las direcciones IP, los datos de rastreo y de geolocalización, se consideren privados y sujetos a una protección especial.

CAMPAÑA DE RECHAZO EN CALLES Y REDES

Mientras los legisladores se preparan para dictaminar y aprobar las leyes secundarias de la Reforma en Telecomunicaciones, en las calles y en las redes sociales hay una amplia movilización para solicitar se detenga la iniciativa tan y como está.

El 10 de abril pasado jóvenes de diversos colectivos y organizaciones salieron a marchar desde Televisa Chapultepec hasta el Senado de la República con una consigna: un alto a las Leyes secundarias tal como las envió Enrique Peña Nieto, porque atentan en contra de todos los usuarios.

Los manifestantes también marcharon en contra de la criminalización de la protesta y todos, desde Televisa, los legisladores, Peña Nieto y hasta Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, fueron acusados de ir en contra de los intereses de la población, para favorecer a unos cuantos.

Al día siguiente Javier Corral Jurado, Senador del Partido Acción Nacional (PAN) y el perredista Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano se sumaron al Frente por la Comunicación Democrática, que involucra a intelectuales y artistas y anunciaron una “cadena humana” desde Los Pinos hasta Televisa, Chapultepec para el próximo sábado 26 de abril en contra de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones.

Ayer el Contingente MX presentó una carta dirigida al Congreso de la Unión solicitando la revisión de la iniciativa ciudadana. Se llama “#DefenderInternet”. Está firmada por organizaciones internacionales por la defensa de la libertad de expresión y la libertad de Internet en México.

“La iniciativa de la Ley Federal de Telecomunicaciones y  Radiodifusión, presentada por el presidente Peña Nieto el 24 de marzo, busca menoscabar los cambios constitucionales aprobados en junio del  2013. Esos cambios constitucionales, basados en una participación social  y política sin precedentes, garantizaban algunos derechos humanos como  irrevocables –exceptuando casos en los que se presentara alguna orden  judicial– entre ellos: libertad de expresión, privacidad y acceso tanto a  la información como a sus tecnologías”, dice la carta.

“Con estas garantías  establecidas, la preservación de los derechos humanos digitales en  México se elevaría a estándares internacionales. La iniciativa de Peña Nieto pone en riesgo todos esos derechos. Las  reformas que propone no respetan el derecho de acceso a la información o  a sus tecnologías, al contrario, atacan a la libertad de expresión, la  neutralidad de red y el acceso a la información plural y oportuna a  través de Internet”, agrega.

De igual forma, sostiene, “impone la vigilancia en tiempo real  de las telecomunicaciones y su geolocalización. También autoriza al Estado censurar Internet por medio de la  restricción de acceso y publicación de contenidos, sin necesidad de una  orden judicial. De aprobarse, esta ley mantendría e incrementaría el  control del Estado y el privilegio de la industria; permitiendo el  bloqueo temporal de las telecomunicaciones en sitios determinados, bajo  la supuesta presunción de algún peligro para la seguridad pública y  nacional, sin salvaguardas que aseguren la protección de los derechos de  la ciudadanía”.

Los firmantes solicitan que las leyes secundarias se armonicen con la Resolución de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Privacidad en la Era Digital, la Declaración conjunta sobre programas de vigilancia y su  impacto en la libertad de expresión realizada por la Organización de la Nacionales Unidas (ONU), junto con la Organización de los Estados Americanos (OEA) y los 13 Principios Internacionales sobre la Aplicación de los  Derechos Humanos a la Vigilancia de las Comunicaciones.

En la carta aparecen algunos de los firmantes internacionales, entre ellos: Cory Doctorow, escritor y blogger; Glyn Moody, escritor; Jacob Appelbaum, investigador independiente en seguridad informática; Jérémie Zimmermann, citizen advocate; Lisa M. Brownlee, académica jurídica independiente; Nighat Dad, Director de Digital Rights Foundation; Richard Sennett, sociólogo y escritor; Richard Stallman, presidente de la Free Software Foundation y fundador del Proyecto GNU; Stephan Blank, Netizen Rights.

Las organizaciones firmantes son Alternative Informatics Association, Turquía; Article 19, Reino Unido; Electronic Frontier Foundation, EU;  Fundación Karismadentro, Colombia; Fundación Vía Libre, Argentina; Global Voices Advocacy; Initiative für Netzfreiheit, Alemania; ONG Derechos Digitales; La Quadrature du Net, Francia, y Vrijschrift, Países Bajos.

ACTIVISMO EN REDES SOCIALES

La población civiles y activistas mexicanos y extranjeros iniciaron una acción colectiva para protestar contra la Ley de Telecomunicaciones enviada por el Ejecutivo.

Citando a especialistas y analistas, denuncian que se intenta someter Internet a un mayor control político, desaparecer los medios independientes y dar un mayor poder a los ya existentes monopolios informativos.

Los activistas promueven el hastagh #EPNvsInternet, que se ha convertido en Trending Topic (TT) en México.

“Expertos, organizaciones y activistas por los derechos digitales han coincidido en que tal iniciativa atenta contra la libertad de expresión en Internet y representa un retroceso en la garantía de los derechos digitales”, dieron a conocer en un comunicado firmado por organizaciones y ciberactivistas.

El Colectivo Libre Internet para Todos planteó que se incluya en la Ley secundaria de Telecomunicaciones “la neutralidad de la red, se liberen los espacios blancos, se conceda una apertura de mercados y que el servicio de internet llegue a todos los mexicanos”.

Esta demanda y otras han sido presentadas al Congreso para que se tomen en cuenta durante las deliberaciones por venir. Pero las organizaciones dicen que no hay garantía de que se incluyan; todo lo contrario. “Todos tenemos el derecho a expresarnos libremente, por lo cual, la neutralidad de red es un factor importante, ya que esto nos garantizará un acceso libre, sin interferencias, censura o discriminación de usuarios, proveedores, creadores y/o contenidos”, explicaron.