Luego de que el Senado de la República ratificó el nombramiento de Paloma Merodio Gómez –designada por el Presidente Enrique Peña Niet0– en la vicepresidencia del Inegi, a pesar de no cumplir con los requisitos legales para el cargo ni haber sido académica en el ITAM, como dijo en su curriculum, organismos civiles y académicos aseguraron que esto puede marcar un “precedente o tendencia” para futuros nombramientos “con intereses políticos” en órganos autónomos como Banxico, el Ifetel, el INE, la Cofece o el INAI.
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Ciudad de México, 22 de abril (SinEmbargo).– La credibilidad, integridad y autonomía de instituciones públicas, fundamentales para la democracia del país, están comprometidas. Como precedente, el jueves pasado el Senado ratificó el “obsesivo” y “sospechoso” nombramiento de Paloma Merodio Gómez como vicepresidenta del área de geografía en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), aseguraron organizaciones civiles y académicos.
La propuesta fue hecha por el Presidente Enrique Peña Nieto, y pese a no cumplir los requisitos legales, que mintió al presentar su curriculum y a las alertas de diversos grupos civiles, la joven fue nombrada.
El Banco de México (Banxico), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) corren el mismo riesgo de ser corrompidos por “intereses políticos”, afirmaron miembros del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), Acción Ciudadana Frente a la Pobreza y del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Esta intromisión del Gobierno, dijo el director general adjunto del IMCO, Manuel Molano, además de provocar que ya no se crea en el Inegi, tiene implicaciones para la calificación crediticia del país, la confianza de nuestras cifras a nivel global y cómo nos percibe el mundo.
Enrique Cárdenas, director del CEEY, aseguró que “en los últimos 15 años el gobierno ha ido cediendo poco a poco funciones que representan mucho poder en diferentes actividades de órganos autónomos y parece que no les gusta”.
La manera que han encontrado para enfrentarlo es tratar de “influir” en la designación de funcionarios, sin considerar la meritrocracia. Paloma Melodio, por ejemplo, es economista sin especialización en geografía. “Este es un sexenio donde funcionarios de muy alto nivel se ufanan de que llegan a aprender”, expuso Manuel Molano de IMCO.
“Preocupa el interés particular del Gobierno por influir en el trabajo interno del Inegi a través de este nombramiento de Paloma Melodio que no tiene trayectoria suficiente ni independencia del Gobierno”, alertó Enrique Cárdenas.
“El caso del Inegi es uno, pero tenemos que estar prevenidos porque también quisieran entrometerse en la Cofece, IFT, INE, el INEE… En todos aquellos órganos autónomos que deberían estar alejados del Poder Ejecutivo para poder funcionar adecuadamente”, advirtió.
Antes del INE, la Secretaría de Gobernación organizaba las elecciones; tenía un poder “total”. En el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), explicó Cárdenas, “todavía estaban medio metidos los partidos políticos”, pero ahora con el INE hay un comité técnico que filtra la asignación de los miembros. Con el Instituto Federal de Telecomunicaciones ocurrió algo parecido porque antes las funciones recaían en la Secretaría de Telecomunicaciones y Transportes.
“Puestos como el Procurador, el fiscal Anticorrupción y otros se tienen que asignar sin intervención del gobierno, del Poder Ejecutivo ni Legislativo. Por eso la advertencia de que el caso del Inegi puede ser una tendencia que quiera establecerse; tenemos que estar muy vigilantes para que esto no ocurra”, aseguró el economista.
Héctor Rubio, coordinador de Relaciones Institucionales de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, dijo que el siguiente nombramiento que “identifican en el horizonte” es quien llegue al lugar de Agustín Carstens Carstens en el Banco de México en diciembre, después de que el Gobernador deje el cargo para dirigir el Banco de Pagos Internacionales (BIS).
Manuel Molano, director general adjunto de IMCO dijo que “es un poco aterrador porque vienen al menos 11 nombramientos importantes en los próximos meses y es preocupante si no se tienen los perfiles que cumplan con la ley y sean idóneos”.
En el Inegi quedará vacante otra vicepresidencia, en el Banco de México el de Gobernador y subgobernador, así como tres magistrados de tribunales especiales y otros.
En el caso de Banxico, determinó, son decisiones que “son verdaderamente importantes” para el buen funcionamiento de la economía. Cometer errores tiene “un costo muy alto” en este tipo de entes. De los magistrados se esperaría que resolvieran los casos “con el mejor criterio posible” y no con base en la ocurrencia de quien está en el poder político.
“Se deben revisar los mecanismos de designación del Ejecutivo donde se esperan perfiles técnicos y no con intenciones políticas para que actúen con independencia del poder político. De lo contrario indica que las personas están por arriba de las instituciones. Tendría que haber mayor transparencia en virtudes y defectos sobre los candidatos”, aseveró Molano.
Héctor Rubio, de Acción Ciudadana, aseguró que el nombramiento con intereses políticos también puede anticiparse en otros órganos como el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), donde en los próximos meses habrá una renovación de algunos integrantes de su pleno; y en el Instituto Federal de Telecomunicaciones o la Cofece, cuyos nombramientos “también están en riesgo dado este precedente del Inegi”.
Ante estos futuros acontecimientos, hace falta que el Congreso muestre “su papel democrático de contrapeso”, ya que “fue incapaz” de frenar que Paloma Merodio llegara a ocupar el cargo pese a no cumplir con los requisitos legales.
“El riesgo en adelante es que a pesar de contar con buenas prácticas se siga con la aplanadora política”, afirmó Rubio.
OTROS REACOMODOS EN EL INEGI
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Desde 1983, el Inegi es el responsable de captar, procesar y difundir información de México sobre territorio, recursos, población y economía, lo cual permite conocer las características del país y ayudar a la toma de decisiones.
“El Inegi retrata la vida económica, social, cultural y política; es el retrato de la sociedad. En la medida en que eso no sea tan fiel de la realidad por intereses políticos no es una buena noticia para la sociedad y no ayuda a consolidar la credibilidad de la institución”, aseguró Enrique Cárdenas, director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).
Héctor Rubio, de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, destacó que el Inegi es la fuente primaria de toda la información del país para México, posibles inversionistas, empresas y agencias multilaterales como Naciones Unidas (ONU), el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial (BM).
En diciembre del año pasado quedó vacante una posición en la Junta de Gobierno del Inegi al término del periodo correspondiente de Felix Vélez Fernández Varela, consultor internacional de casi dos décadas, quien ocupó posiciones en el sector público a nivel de Director General, Subsecretario y Secretario General del Consejo Nacional de Población durante quince años.
El Presidente Enrique Peña Nieto pidió al Senado someter a su aprobación el nombramiento de Paloma Merodio Gómez.
Sin embargo, organizaciones como Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), entre otras, denunciaron que la candidata propuesta no cumple con los requisitos previstos en el apartado II del artículo 69 de la Ley del Sistema Nacional de Estadística y Geografía, por lo que es un “retroceso” su asignación.
“El riesgo de que una persona así llegue a una institución responsable de recabar toda la información en el país, incluida la que permite medir la pobreza, es que se politice esta captura de datos y la comunicación de los resultados”, expuso Rubio. “A todas luces pone en riesgo la labor del Inegi y de los impactos para Coneval en términos de medición de la pobreza o las cuentas públicas que hablan sobre competitividad, desarrollo económico o productividad”, agregó.
La designación de los miembros de la Junta de Gobierno del Inegi, especifica la ley, debe recaer en personas que cumplan la condición de “ser profesional distinguido en materias relacionadas con la estadística, la geografía o la economía, así como haber ocupado, por lo menos durante cinco años, algún cargo de alto nivel en los sectores público o privado, o ser un académico de reconocido prestigio en las materias mencionadas”.
Sin embargo, si bien tiene méritos, el desempeño de Paloma Merodio “está en duda” porque carece de las más elevadas credenciales profesionales, de una larga carrera académica al máximo nivel, o de experiencia en el sector público en puestos superiores a una Dirección General y una Coordinación, expusieron las organizaciones.
“Los funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Hacienda impulsaron la candidatura, hubo uso de la maquinaria del Estado y supimos -por conversaciones con el staff legislativo- de llamadas de gobernadores a Senadores habiendo curriculums sobresalientes e idóneos de otras mujeres. Tenemos un sistema político integrado por gente impresentable que dirige con su chequera”, acusó el director general adjunto de IMCO, Manuel Molano, quien acudió en la comparecencia pública de Paloma Merodio frente al Senado.
Desde noviembre de 2015, Paloma Merodio Gómez estuvo en la dirección general de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Una de las actividades que ella realizó, dijo Héctor Rubio, fue la cartilla social, un instrumento cuyo objetivo era medir e identificar los apoyos que recibían los beneficiarios mediante estados de cuenta, por ejemplo, de un beneficiario de Oportunidades o de Liconsa.
“El riesgo de ese instrumento es que cuando se lleve a cabo la medición de la pobreza, sin que cambie ningún aspecto de la realidad para las personas, lo que pasará es que las cifras finales dirán que bajó la pobreza”, ejemplificó.
Sin embargo, el director del CEEY, Enrique Cárdenas, detalló que el presidente del Inegi, Julio Alfonso Santaella, la transfirió a la vicepresidencia de estadísticas de geografía, por lo cual no estará en el área de estadísticas económicas, sociales ni demográficas.
“Eso es positivo y aligera un poco la tensión porque no va a tener que lidiar con muchos de los que nos opusimos a su nombramiento, pero eso no quita que venga enviada por el gobierno federal directamente”, dijo Cárdenas.
Además, en el reacomodo de vicepresidencias, el doctor “muy reconocido y confiable” Enrique de Alba fue removido a la parte de demografía y en el área económica ahora está Rolando Ocampo, quien viene de geografía y tiene acercamiento con el gobierno federal.
“Eso es motivo de alerta y preocupación no seria. Es decir, no se resuelve todo con que Paloma se haya ido al área de geografía”, concluyó Cárdenas, director del CEEY.
Argentina pervirtió su instituto de estadísticas y no han podido recuperar su credibilidad ante los mercados. No se sabe su tasa de crecimiento, de inflación ni el desempeño de distintos sectores. Eso, finalizó Manuel Molano de IMCO, es un gobierno tratando de presentar cifras “más alentadoras” con fines electorales y políticos.
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