Las cámaras se instalaron días antes de que el Presidente Donald Trump firmara un decreto el miércoles, suspendiendo por 60 días la emisión de green cards, o tarjetas de residencia, en un intento para limitar la competencia laboral en una economía estadounidense devastada por el coronavirus.

Por James Laporta y Julie Watson

SAN DIEGO, 22 de abril (AP).- El Gobierno del Presidente Donald Trump ha incrementado de manera discreta el número de cámaras de vigilancia en su frontera con México en respuesta a la pandemia del coronavirus, aunque aparentemente menos personas están cruzando ilegalmente.

Se trata de la medida más reciente en una época en que las operaciones en la frontera entre ambos países se han vuelto cada vez más militarizadas y herméticas.

The Associated Press tuvo acceso a documentos que muestran que el Departamento de Defensa, a solicitud del Departamento de Seguridad Nacional, envió 60 cámaras móviles de vigilancia y 540 soldados adicionales a la frontera suroeste este mes.

Los documentos no son confidenciales, pero sí son sólo para uso oficial, y forman parte de una presentación de PowerPoint utilizada la semana pasada para informar a la teniente coronel Laura J. Richardson, quien está al mando del Comando Norte del Ejército, la principal unidad que supervisa las operaciones militares en la frontera.

Las cámaras son operadas por el ejército y permanecerán en el lugar hasta que haya finalizado la pandemia, dijo Matthew Dyman, portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus iniciales en inglés), que pertenece al Departamento de Seguridad Nacional.

La solicitud de las cámaras “no se basó en los números de flujo fronterizo”, sino en el aumento de casos de coronavirus en México, señaló Dyman.

“Cada persona que evita ser arrestada y se adentra en Estados Unidos tiene el potencial de portar el virus COVID-19 y pone en riesgo la vida de los estadounidenses”, agregó en un correo electrónico.

El número de detenciones de personas que han ingresado ilegalmente al país se ha reducido en un 77 por ciento desde su punto más alto en mayo, según la CBP. Aún no se difunden las cifras correspondientes al mes de abril, pero se prevé que sean incluso más bajas.

Las cámaras se instalaron días antes de que el Presidente Donald Trump firmara un decreto el miércoles, suspendiendo por 60 días la emisión de green cards, o tarjetas de residencia, en un intento para limitar la competencia laboral en una economía estadounidense devastada por el coronavirus.

Trump ha invocado poderes de emergencia durante la pandemia para implementar estrictas medidas fronterizas, las cuales incluyen el rechazo y la deportación inmediata de solicitantes de asilo, entre ellos menores de edad.

La ayuda militar significa que más agentes de la Patrulla Fronteriza pueden enfocarse en detener a las personas que cruzan de manera ilegal o expulsar a extranjeros bajo una ley de salud pública raramente utilizada que el Gobierno de Trump aprovechó en medio de la pandemia, dijo Dyman.

La adición de cámaras móviles, que se ubican en la parte trasera de camionetas, eleva a 192 el total de dispositivos, según los documentos.

El experto en la frontera sur David Shirk no encuentra justificación para aumentar el número de cámaras y tropas. Resaltó que hasta el momento México ha registrado apenas una fracción del número de casos confirmados de COVID-19 en Estados Unidos, mientras que los deportados por las autoridades estadounidenses han llevado la enfermedad a sus países de origen.

“No hay evidencia que indique que hay hordas de pacientes con COVID-19 formados en la frontera”, dijo Shirk, profesor asociado de ciencias políticas en la Universidad de San Diego. “Y no hay evidencia de que el COVID-19 siquiera esté contribuyendo a un aumento en el número de personas que intentan cruzar la frontera”.

Las mismas cifras del gobierno muestran lo contrario. Las detenciones en la frontera entre México y Estados Unidos han ido en declive durante nueve meses consecutivos.

Para el domingo se tenía planeado que las 60 nuevas cámaras de seguridad estuvieran funcionando, según los documentos. Ese día, los seis estados de México que comparten frontera con Estados Unidos reportaron un total de 125 casos confirmados de COVID-19, de acuerdo con la Secretaría de Salud mexicana. En comparación, los cuatro estados estadounidenses limítrofes con México —California, Arizona, Nuevo México y Texas— tenían alrededor de 55 mil infecciones.

Incluso en agosto, funcionarios del Pentágono sopesaban una solicitud del Departamento de Seguridad Nacional para desplegar en la frontera con México aeronaves de reconocimiento y drones militares, diseñados para el campo de batalla en Afganistán e Irak.

Funcionarios del Gobierno se han negado a confirmar si dicho plan, que fue reportado primero por la revista Newsweek el 9 de agosto, aún se encuentra en desarrollo. En diciembre, Richardson ordenó que documentos históricamente desclasificados e informes diarios sobre la frontera entre Estados Unidos y México fueran colocados en un sistema confidencial para evitar mayores filtraciones de información.

Con las tropas adicionales, alrededor de 3.000 elementos en activo operan en la frontera junto con 2.500 soldados de la Guardia Nacional, quienes tienen prohibido realizar labores policiales y han mantenido un papel discreto, desempeñándose principalmente en labores de vigilancia en tierra.

La misión fronteriza —uno de los despliegues más prolongados de elementos en activo en la frontera en la historia de Estados Unidos— ha costado más de 500 millones de dólares desde octubre de 2017. El Departamento de Defensa también ha reasignado casi 10 mil millones de dólares en fondos para la construcción del muro fronterizo.

“La frontera de Estados Unidos es la más militarizada en tiempos de paz en todo el mundo, y está aún más militarizada actualmente de lo que haya estado en toda la historia de nuestros dos países”, dijo Shirk. “Creo que el Gobierno claramente se está aprovechando de una crisis para intentar progresar en su objetivo político local de restringir la inmigración”.

Trump utiliza los totales mensuales de detenciones fronterizas como un parámetro para determinar la efectividad de sus políticas, y eso se está volviendo particularmente importante en un año electoral. Tradicionalmente, el número de inmigrantes que cruza la frontera se reduce conforme las temperaturas aumentan, y los mayores incrementos se registran en los meses de invierno.

Sin embargo, después de que el número de casos de COVID-19 se disparó drásticamente en Estados Unidos durante marzo, el número de detenciones en la frontera cayó aún más, a 29 mil 953 respecto a los 30 mil 074 arrestos en febrero y del máximo de 132 mil 856 de mayo pasado.

El declive coincidió con la expulsión de Estados Unidos de más de 10 mil solicitantes de asilo mexicanos y centroamericanos después de que el Gobierno Federal comenzó a ejercer discretamente en una ley de salud pública poco utilizada el 20 de marzo, el mismo día en que Trump anunció el cierre de la frontera sur para desplazamientos no esenciales.

El lunes, el director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus iniciales en inglés), el doctor Robert Redfield, extendió los lineamientos que prácticamente han cerrado el sistema de asilo hasta el 20 de mayo. En su orden describió un “grave peligro” de que el COVID-19 sea introducido a las estaciones de la Patrulla Fronteriza y los puertos de entrada, así como a otras partes del país.

Al menos 272 empleados de la CBP han dado positivo al virus, incluyendo 62 en estados limítrofes con México.

Redfield también hizo notar que muchos lugares del lado estadounidense de la frontera aún no registran un contagio comunitario extenso del coronavirus y, por lo tanto, la pandemia en México y Canadá sigue siendo un “grave peligro para dichas localidades”. Eso a pesar de que Estados Unidos tiene, por mucho, la mayor cantidad de infecciones a nivel mundial.

El Departamento de Seguridad Nacional solicitó las cámaras amparándose en la Ley de Economía, que permite a las agencias federales ordenar productos y servicios de otras dependencias del Gobierno Federal.

El Congreso aprobó la ley en 1932 para eliminar la superposición de actividades en el Gobierno Federal. Se ha abusado de ella, por lo que se le han añadido condiciones, incluyendo el requerimiento de que la agencia solicitante demuestre que su petición atiende una necesidad genuina, ya sea existente o que está surgiendo dentro del año fiscal.