El Presidente de la República parece odiar todo los que suene a iniciativa privada. Si el personal sanitario trabaja para hospitales que funcionan como empresas con ganancias, entonces no merece ser vacunado de manera prioritaria, aunque esté en primera línea de atención de la pandemia. Si los investigadores científicos trabajan para universidades y centros privados, entonces no son acreedores al estímulo del SIN, incluso si laboran en organizaciones sin fines de lucro. Si las estancias infantiles son pequeñas empresas privadas que proveen un servicio básico sin grandes ganancias, entonces no merecen recibir fondos públicos, aunque no sean, ni remotamente grandes negocios. Si los refugios de mujeres víctimas de violencia son iniciativa de particulares entonces tampoco deben recibir fondos públicos, aunque su tarea sea de utilidad social evidente.

Todo lo privado es, para López Obrador, sospechoso de corrupción, de agandalle, y no debe recibir recursos fiscales, aunque su tarea sea subsidiaria del Estado. Sus grandes obras de infraestructura se las ha dado a las Fuerzas Armadas para que no sean fuente de negocio privado, sin criterio alguno de eficiencia económica. La fobia al emprendimiento particular hace que prefiera dejar sin medicamentos a la población antes de permitir que alguna empresa pueda sacar algún provecho por sus servicios.

No es que quiera combatir los abusos y la corrupción, pues para ello podría desarrollar reglas de operación, mecanismos de monitoreo y auditorias que garantizaran el buen uso de las subvenciones públicas y el cumplimiento puntual de los contratos. Lo suyo es en realidad desconfianza que raya en la repulsión. Para el Presidente, lo privado es siempre sospechoso. Sin embargo, su rechazo a lo privado no se compensa con una confianza plena en lo público. No se trata tanto de la estatolatría característica de la vieja izquierda, que veía en la intervención estatal la solución a toda injusticia y a todo abuso de los intereses particulares, como de desconfianza a toda capacidad de decisión autónoma que pudiere contradecir su voluntad. Quiere que todas las cosas se hagan de acuerdo con su plan maestro, que nada se salga de su guion.

El Presidente desconfía de toda acción descentralizada, de todo proceso que no pueda controlar. Por eso, tampoco confía en la burocracia tradicional, aquella con la que no mantiene relaciones personales de lealtad. Solo aquellos que él ha nombrado directamente le resultan de fiar, como si por el solo hecho de deberle el puesto ya no tuvieran intereses propios.

Pero como no puede garantizar que todo funcionario del Estado funcione como alter ego suyo, entonces ha apostado por la disciplina de las Fuerzas Armadas, como solución a cualquier problema de agencia. Por alguna razón extraña, López Obrador cree que los militares están a prueba de corrupción y que sus actos se ajustan a una misión patriótica evidente, con disciplina inquebrantable. El Presidente que presume de conocer la historia omite toda la cauda de negocios privados hechos por los generales mexicanos durante todo el período posrevolucionario.

Su repulsa a los órganos constitucionales autónomos refleja también esa desconfianza a toda operación que no responda a su voluntad personal, a toda iniciativa que no sea la suya. De ahí que quiera eliminarlos o capturarlos. El golpe en curso contra la soberanía del Poder Judicial refleja la compulsión presidencial por garantizar la lealtad personal. Como ya se entendió con Záldivar, su relevo le aterra.

La forma de decidir del Presidente refleja un mapa mental en el que se mezcla su necesidad de decidir directamente sobre todo y su fobia a cualquier iniciativa autónoma, ya sea privada, a la que considera siempre egoísta y abusiva, o de los agentes estatales. Él, como encarnación de la voluntad general, es el único capaz de interpretar y articular el interés general, por lo cual los intereses particulares son un estorbo.

El problema es que la idea de cómo operar el Gobierno que tiene el Presidente es fantasiosa. No existe organización en la que no existan problemas de agencia, por más disciplina militar que tenga. Los leales suelen no serlo tanto y con frecuencia lo son solo mientras les resulta provechoso y nada garantiza que la gestión pública sea menos abusiva o basada en intereses particulares que la actuación de los privados. Las ventajas de la acción estatal en aquellos ámbitos en la que es necesaria y más eficaz que la privada, no solo como regulador y proveedor de bienes públicos, sino como gestor de servicios y mecanismos redistributivos, como la salud, la educación y la seguridad social, solo se da con base en instituciones sólidas, reglas del juego que garantizan la coordinación de agentes estatales con capacidad de decisión autónoma, pero con incentivos para alinear relativamente sus intereses individuales con los objetivos de bienestar colectivo.

Pero, además, existe suficiente evidencia histórica del desastre social y económico que la asfixia de la iniciativa privada suele generar en las sociedades. Si el neoliberalismo, tan odiado por el pPesidente, nació de la fobia a lo estatal, el principal problema de la izquierda ha sido su repulsión por la gestión autónoma de los individuos y la iniciativa privada. Pero López Obrado no nutre sus decisiones con análisis de la evidencia, sino que solo las fundamenta en sus intuiciones y su voluntad. El resultado será, inevitablemente, desastroso.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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