TIJUANA, BC. A pesar del esfuerzo por encubrirlo, se acreditó con pruebas documentales que el gobierno de Baja California cuenta con un sistema de espionaje que presuntamente se activa por orden expresa del Gobernador panista José Guadalupe Osuna Millán.

Opositores políticos, activistas de derechos humanos y ambientalistas, periodistas, legisladores, dirigentes empresariales y hasta líderes religiosos están en la lista de personas que son o han sido escuchados ilícitamente en sus conversaciones telefónicas con un costoso y sofisticado equipo de intervención que opera la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California.

El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso del estado, Julio Felipe García, reveló el 20 de junio pasado que el gobierno de la entidad compró equipo y software, y capacitó a servidores públicos para la intervención de llamadas telefónicas.

Este hecho lo aceptó el secretario General de Gobierno, Cuauhtémoc Cardona Benavides, luego de que el líder parlamentario del PRI sustentó su dicho con diversas facturas hechas a nombre del gobierno del estado, documentos fiscales que detallan los conceptos de las compras y capacitación de personal que denunció el líder de la bancada priista en el congreso.

Previo a la comparecencia de Cardona en el recinto legislativo en Mexicali, el secretario estatal de Seguridad Pública –Daniel de la Rosa– y el procurador de Justicia de Baja California –Rommel Moreno–, negaron que sus dependencias contaran con la tecnología, el equipo y el personal capacitado para intervenir llamadas telefónicas.

Sin embargo, con las pruebas documentales en la mano, Julio Felipe García, demostró que sí existe el equipo y que éste se utiliza para escuchar ilegalmente las llamadas telefónicas que hacen los bajacalifornianos, violando el Artículo 16 Constitucional, que a la letra señala:

“Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas (…) Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley, o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración.

“La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor”.

García citó también el Artículo 177 del Código Penal Federal, el cual establece:

“A quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente, se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de 300 a 600 días multa”.

Durante la comparecencia de los secretarios de Gobierno, de Seguridad y el procurador General de Justicia del Estado ante los integrantes de la Junta de Coordinación Política, Julio Felipe García presentó la documentación que obtuvo, dijo, de las auditorías federales y estatales a los que son objeto el gobierno de BC.

En la fiscalización, dijo, se encontraron una serie de facturas expedidas por la empresa “Safeguard Products of México”, en la cual se detallan adquisiciones y pago de servicios que el proveedor proporcionó al gobierno de Baja California para la intervención de líneas telefónicas.

Las compras ascienden a varios millones de pesos y destacan dos facturas de la empresa, que tiene su oficina matriz en la ciudad de Chihuahua y dos sucursales: una en Ciudad Juárez, Chihuahua, y otra en El Paso, Texas.

El primer documento –factura número 1914, de fecha 30 de julio de 2008– detalla la compra de un sistema de grabación de líneas telefónicas analógicas con capacidad de 60 canales, expandible a 128, y su programa de reproducción de audio, con un costo de 48 mil dólares, de los cuales en esa momento el gobierno de Baja California pagó 27 mil.

El segundo –factura número 2012, de fecha 10 de diciembre de 2008– ampara servicios de capacitación consistentes en un diplomado de “investigadores técnicos en monitoreo electrónico” para operar un módulo “Penlink”.

El curso se dio en la ciudad de Mexicali los días 4 al 8 y del 11 al 14 de agosto. Lo tomaron cinco personas y costó 13 mil 500 dólares, de los cuales ese día el gobierno estatal pagó 7 mil 762.50.

El servicio “Penlink”  produce intercepción de datos y vigilancia de los equipos y programas informáticos bajo “investigación”, entre ellos líneas de teléfono alámbricas, inalámbricas, satelitales y 3G, entre otras.

El congresista del PRI también presentó facturas que amparan la compra de tres estaciones de vigilancia GSM multibandas, con un costo de 402 mil dólares cada una, así como tres geolocalizadores de objetos y mapeo de un costo unitario de tres mil dólares.

Durante la comparecencia de Cardona Benavides, Julio Felipe García recordó la revelación que el funcionario estatal le hizo en el sentido de que sólo el secretario de Seguridad Pública Estatal, Daniel de la Rosa, era el único capaz de poder intervenir y grabar conversaciones telefónicas.

Esto, según afirmó el diputado priista, siempre a solicitud expresa del titular del Poder Ejecutivo del Estado, José Guadalupe Osuna Millán.

Asimismo, en entrevista posterior a la comparecencia, Cardona Benavides aseguró que el equipo con el que cuenta el gobierno del Estado “no es para espiar a políticos o ciudadanos”.

“Sin embargo –apuntó García–, el secretario de Gobierno nunca aclaró que existan medidas para garantizar que el equipo adquirido no sea utilizado para tales fines”.

Las comparecencias de los tres integrantes del gabinete del gobierno estatal fueron presididas por el diputado Gregorio Carranza y asistieron los legisladores Claudia Agatón, Rubén Alanis, Alfonso Garzón, Juan Montejano, Rosana Soto, Virginia Noriega, Carlos Murguía, Rubén Fernández, Arcelia Galarza, Ricardo Magaña, María del Rosario Rodríguez y Máximo García.

En los cuestionamientos hechos por los representantes populares a los funcionarios estatales, destacó la exigencia para que explicaran por qué el jefe de Información de la Dirección de Comunicación Social del Gobierno Estatal, Martín Cota, se encargó de difundir una grabación obtenida ilegalmente, producto de la intervención telefónica hecha al diputado priísta Elí Topete Robles.

Al respecto, el secretario estatal de Gobierno contestó que fue “por un asunto de morbo”, a lo que García Muñoz replicó: “Precisamente el morbo del gobierno (de Osuna Millán) es el que nos tiene éste día aquí, exigiendo una explicación”.

EL CONTEXTO

El pasado 8 de junio, el ex diputado estatal Enrique Acosta Fregoso acudió a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) en Mexicali para presentar una denuncia en contra de quien resulte responsable, por el delito de espionaje telefónico, hechos que quedaron asentados en la denuncia número 637/2012.

Dos días antes el diario Reforma, de la Ciudad de México, publicó parte de una conversación telefónica de Acosta con el diputado estatal Elí Topete, en donde con palabras altisonantes el primero involucra “al senador” (aparentemente el bajacaliforniano Fernando Castro Trenti, uno de los aspirantes priistas a la gubernatura del estado para 2013), en un presunto negocio ilícito de importación de automóviles.

Tras rechazar la acusación criminal, el ex legislador reveló: “Tenemos detectado cómo se hizo la operación. Se hizo a través de la Secretaría (estatal) de Seguridad Pública, porque en Baja California la única entidad o persona que tiene los instrumentos técnicos para grabar es el señor Daniel de la Rosa, secretario de Seguridad Pública”.

Agregó: “La misma información fue operada a través del secretario general del PAN (Partido Acción Nacional) Estatal, Rubén Armenta Sanabia, al editar y distorsionar el contexto de la llamada telefónica y establecer los diálogos por escrito.

“En la Ciudad de México fue operada por una señora periodista que trabaja en la representación de la Secretaría estatal de Gobierno. Su nombre es Eneida Zambrano, que trabajó mucho tiempo en el periódico Reforma.

“Luego, en la Secretaría de Gobernación fue operada por una persona de nombre Julio López, que fue diputado federal  y actualmente es funcionario de esa Secretaría, a la cual llegó por mediación del fallecido secretario, el bajacaliforniano Francisco Blake Mora”.

Dijo tener los correos electrónicos de donde Julio López “filtró” el texto de la grabación telefónica clandestina a los medios de comunicación de la ciudad de México.

También aportó a la PGR recortes periodísticos de la prensa bajacaliforniana en donde Martín Cota, titular de información de la Dirección estatal de Comunicación Social, presuntamente acepta que él envió la grabación de Elí Topete y Enrique Acosta, a un medio de comunicación de Mexicali.

Acosta Fregoso agregó que toda esta información también la entregó a destacados panistas de Baja California, quienes “se han mostrado inconformes por los actos de espionaje que cometió el Gobierno del Estado.”

Finalmente dijo: “Nosotros nos hemos encargado de corroborar la información que nos han entregado los mismos panistas inconformes y lo vamos a aportar a la averiguación previa. Además solicitaremos un peritaje a la empresa de telefonía móvil que brinda el servicio, para que mediante elementos periciales técnicos se desprenda el sustento de la denuncia”.

Por otra parte, también el 8 de junio, el diputado Elí Topete Robles interpuso una denuncia penal ante la PGR en Mexicali, por el delito de espionaje y en contra de quien resulte responsable.

En entrevista con los medios de comunicación del estado, el legislador exigió “que cese la persecución y pesquisas que se cometen en contra de los lideres políticos de oposición al partido en el gobierno, pero que incluso se hace en contra de integrantes de ese mismo partido político, líderes empresariales y sociales, además también se espía a autoridades religiosas y periodistas”.

Agregó: “Cada día recibo mas información desde adentro del gobierno que informan que la lista de espiados es cada vez mas larga, son muchas mujeres y hombres de Baja California a quienes graban y filman, violando su privacidad y poniendo en riesgo la seguridad de ellos y sus familias. Es sabido que varios policías estatales han sido vinculados a la delincuencia organizada y con prácticas ilegales”.

Mientras tanto la diputada Claudia Agatón Muñiz, del Partido del Trabajo (PT), manifestó que no es la primera vez que gobiernos panistas recurren al espionaje en Baja California.

“Recordemos que hace ya algunos años se descubrió la operación de un sistema de espionaje que operaba en la casa del entonces subsecretario de Gobierno, Carlos Reynoso Nuño. Y se supo que el encargado de hacer ese trabajo era un panista de nombre Pedro César León González, quien se metía en la vida privada de políticos y líderes de opinión”, comentó Agatón

Dijo que la acción cometida contra el integrante de la XX Legislatura puede ser el inicio de una serie de prácticas anticonstitucionales, “de corte fascista y violatorias de derechos humanos”, que deben eliminarse y sancionarse con todo el peso de la ley.

“Urgiremos un acuerdo para que en el edificio del Congreso del Estado, se realice una exhaustiva búsqueda de equipos de espionaje, para dar certeza de confidencialidad y privacidad a las comunicaciones de los legisladores, funcionarios y trabajadores del Poder Legislativo”, informó la diputada petista.

Concluyó diciendo que en este caso el Gobernador, la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Procuraduría de Derechos Humanos estatal deben localizar y castigar a los responsables y a quien difundió la grabación en los medios de comunicación, “porque ahora son unos los afectados, pero nadie estará a salvo de esta práctica fascista si se sigue realizando”.