Santiago de Chile, 22 jun (EFE).- Enfrentamientos verbales y algunos intercambios de golpes enmarcaron hoy en Santiago de Chile el comienzo de una audiencia de imputación contra cinco políticos derechistas, acusados por la Fiscalía de financiación ilegal de sus campañas electorales.
Los incidentes ocurrieron en los minutos previos al inicio de la audiencia, en la que la Fiscalía busca la imputación formal de los cinco por delitos tributarios y apropiación indebida en la financiación de sus campañas electorales por parte de empresas privadas.
Hasta el centro de Justicia de la capital chilena llegaron parlamentarios, dirigentes y militantes de los partidos a los que pertenecen los encausados, que se encontraron con piquetes de estudiantes y de grupos de izquierda que repudiaban a los políticos.
Ambos grupos intercambiaron insultos verbales y varios llegaron a los golpes antes de ser contenidos por la Policía, por lo que la audiencia comenzó luego con normalidad.
Los encausados son cuatro miembros de la Unión Demócrata Independiente (UDI), el ex Senador Jovino Novoa, fundador y dirigente histórico de esa agrupación, el senador Iván Moreira, el Diputado Felipe de Mussy y el ex Alcalde de Santiago Pablo Zalaquett, además del ex Diputado Alberto Cardemil, del partido Renovación Nacional
Se trata de los primeros políticos que deben enfrentarse a la Justicia, en una de las aristas del llamado “Caso Penta”, que comenzó como una investigación por delitos tributarios contra los dueños y altos ejecutivos de ese grupo financiero, un banco de inversión que maneja activos por más de 20.000 millones de dólares.
Durante esa investigación se reveló que Penta financiaba las campañas electorales de candidatos mediante el pago de honorarios ficticios por servicios nunca prestados.
Los pagos se justificaban con facturas falsas, que, adicionalmente, eran usadas por la firma para rebajar impuestos.
Después se descubrió que ese mecanismo fue usado también por otras empresas, entre ellas la minera SQM, que sin hacer distinciones ideológicas financió también a candidatos de la actual coalición gobernante, de centroizquierda.
Se espera que en las próximas semanas la Fiscalía pida nuevas audiencias contra otros implicados, entre ellos Rodrigo Peñailillo, que hasta el pasado 11 de mayo fue el ministro del Interior de la presidenta Michelle Bachelet.
Sobre la diligencia de este lunes, el fiscal nacional Sabas Chahuán, que ha encabezado personalmente las investigaciones, manifestó su esperanza de que “ojalá no sea tan larga” la audiencia.
La defensa de los cinco políticos ha insistido en alegar que no han cometido delito alguno, mientras los querellantes particulares, entre ellos la fundación Ciudadano Inteligente, estudian pedir prisión preventiva u otras medidas cautelares en caso de que la Fiscalía les impute también el delito de cohecho.
