La CNDH instó a que “se fortalezcan los mecanismos implementados recientemente, como el Sistema Nacional Anticorrupción, para combatir esas conductas”.

Ciudad de México, 22 de junio (SinEmbargo).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) afirmó esta tarde que la corrupción en un país genera deficiencia y aumenta el costo de servicios públicos, además informó que México ocupa el lugar 138 de 180 países evaluados en cuanto a corrupción en el sector público se refiere.

A través de un comunicado, la CNDH dio a conocer que que el inadecuado empleo de los recursos públicos o el desvío de los mismos para fines particulares (todo provocado por la corrupción), genera que la prestación de servicios por el Estado sea ineficiente, además de que originar afectaciones en “el ejercicio de derechos humanos hacia la protección de la salud, la educación, el acceso a la justicia, a la verdad y reparación del daño, y a un medio ambiente sano”, por lo que, aseguró, es fundamental erradicar dichas prácticas.

Asimismo, el organismo descentralizado del Estado informó que tan sólo en 2017, el costo total por ejercicios de corruptela fue de 7 mil 218 millones de pesos, lo que representa el 12.5 por ciento de alza, con respecto del año 2015; en tanto que el costo a consecuencia de actos de corrupción en trámites realizados ante autoridades de seguridad pública fue de mil 377 millones de pesos, representando un aumento del 37.3 por ciento en relación con ese mismo año.

De mismo modo, notificó que, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2018 de Transparencia Internacional, nuestro país se ubica en el puesto 138 de 180 naciones calificadas en materia de corrupción.

La CNDH instó a que “se fortalezcan los mecanismos implementados recientemente, como el Sistema Nacional Anticorrupción, para combatir esas conductas”.

En otro párrafo, la dependencia aseguró que los actos de corrupción afecta directamente a los grupos más vulnerable, incluyendo las nuevas generaciones.

“También afecta a niñas, niños, adolescentes, mujeres, afrodescendientes, personas migrantes, personas privadas de libertad y, especialmente, a las personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas que, ante el desarrollo de proyectos económicos, pueden ver vulnerados sus derechos al patrimonio cultural, a la preservación del medio ambiente, así como a la consulta previa e informada”, señaló.

Por otra parte, Rubén Francisco Pérez Sánchez, Coordinador General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos de la CNDH, aseguró que el delito de corrupción no existe en el derecho penal mexicano, sino conductas de las personas en el ámbito público y privado, consideradas como actos de corrupción, que desembocan en la comisión de diversos delitos.

“…la corrupción se caracteriza por la solicitud de sobornos como condición para ejercitar determinados derechos como el acceso a la justicia, el pago de éstos para realizar acciones que debieran estar prohibidas y el desvío de recursos para disponer de menos servicios públicos o que éstos se proporcionen de manera deficiente”, finalizó Pérez Sánchez.