Dos hombres campesinos limpian con un azadón la milpa en espera de una buena cosecha este año.

“Entre su articulado están consideradas costosas multas e incluso la destrucción de las cosechas, si los campesinos y campesinas intercambian libremente las semillas o los esquejes de plantas que han heredado y diversificado por milenios”. Foto: Isabel Mateos, Cuartoscuro

Por Viridiana Lázaro*

Faltan pocos días para que entre en vigor el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y en la Cámara de Diputados se usa este argumento como pretexto para dar celeridad a la aprobación de la reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV). Sin embargo, no es verdad que sea necesario aprobar esta reforma para entrar en el marco jurídico del T-MEC; en el artículo 20.90 del tratado se establece un plazo de cuatro años para que México analice la pertinencia de realizar cambios -lo cual implicaría mudarse a la Unión internacional para la protección de obtenciones vegetales del año 1991- o tome la decisión de permanecer en Unión internacional para la protección de obtenciones vegetales del año 1978 con la actual ley.

El proceso para realizar modificaciones a la LFVV ha sido discreto y apresurado, y tal parece que no se ha dimensionado lo peligrosa que puede ser la aprobación de la reforma a esta Ley en la Cámara de Diputados. Entre su articulado están consideradas costosas multas e incluso la destrucción de las cosechas, si los campesinos y campesinas intercambian libremente las semillas o los esquejes de plantas que han heredado y diversificado por milenios.

Algunos de los artículos más lesivos son, por ejemplo, el artículo 49, el cual indica que las multas pueden ser de 173 mil 760 hasta un millón 737 mil 600 pesos mexicanos considerando la unidad de Medida y Actualización (UMA) para 2020[1], este artículo también menciona la clausura temporal o definitiva del lugar en donde se hayan llevado a cabo las infracciones[2], es decir, pueden clausurar los campos de cultivo, o las ferias en donde actualmente se intercambian semillas.

El artículo 42 por su parte, indica que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) a través del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS[3]) podrá ordenar la destrucción de la variedad vegetal, las semillas y el producto de la cosecha si no se comprueban los derechos[4].

Esta reforma, por ende, nos lleva a la privatización de las semillas que de esta forma nos arrebata la posibilidad de gozar de la soberanía alimentaria y nos obliga a depender de las empresas trasnacionales las cuales podrán imponer los costos de nuestras semillas.

Esta reforma de ley es lesiva, y no sólo para las campesinas y campesinos quienes son los que se verán más afectados sino también para todos los mexicanos; con la reforma a la LFVV se pone en juego nuestra alimentación, se ponen en riesgo las semillas nativas y la agrobiodiversidad de México. La reforma a la LFVV abre la puerta a las semillas transgénicas y corremos el riesgo de perder la libertad de sembrar la milpa y los alimentos culturalmente adecuados que son saludables y sustentables.

Si se aprueba esta reforma se perdería el derecho a intercambiar semillas, y las ferias en donde se realizan estos intercambios serían ilegales. Con la reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales se pierde la libertad, la autonomía y soberanía alimentaria.

Esta reforma de ley, con una visión de los derechos de propiedad intelectual, sólo fomenta monopolios y una carrera para igualar derechos y estándares a la baja donde los únicos  beneficiados son las empresas transnacionales, es decir, el sector agroindustrial encabezado por Bayer-Monsanto, Dow-Dupont, Syngenta-ChemChina, empresas que dominan el 65 por ciento de las ventas mundiales de agroquímicos y el 61 por ciento del mercado de semillas[5].

Rechazar la reforma de Ley Federal de Variedades Vegetales significa defender nuestra soberanía alimentaria que es la capacidad de decidir cómo nos alimentamos y cómo producimos nuestros alimentos, decisión que resulta de suma importancia para hacerle frente a la sindemia de obesidad y sobrepeso que vivimos actualmente. Es decisión del Estado mexicano proteger los derechos humanos individuales y colectivos fundamentales que se vulneran con esta ley que son la libre determinación de los pueblos, el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente sano y el derecho a la alimentación.

*Viridiana Lázaro es especialista en Agricultura y cambio climático en Greenpeace México

[1] https://www.inegi.org.mx/temas/uma/

[2] http://gaceta.diputados.gob.mx/

[3] Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, encargado de normar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de semillas y variedades vegetales.

[4] http://gaceta.diputados.gob.mx/

[5] http://www.fao.org/agroecology/database/detail/es/c/878387/,