Organizaciones mexicanas e internacionales exigieron a Estados Unidos cancelar parte de los recursos de la Iniciativa Merida ante la falta de avance en el respeto a las garantías individuales por parte de los cuerpos encargados de la seguridad y las instituciones dedicadas a impartir justicia en México. Señalaron que pese a los “cientos de violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército la información públicamente disponible revela que sólo dos soldados han sido condenados bajo jurisdicción civil por estos crímenes y no está claro si estas sentencias son definitivas”. Maureen Meyer, coordinadora de WOLA, dijo que “una decisión por el Departamento de Estado de no certificar a México este año enviaría un mensaje claro de que el gobierno mexicano no puede decir que está avanzando en materia de derechos humanos sólo por tener buenas leyes en papel”.

Ciudad de México, 22 de julio (SinEmbargo).– Grupos civiles extranjeros y mexicanos exigieron al Gobierno de Estados Unidos que le cancele parte los recursos de la Iniciativa Mérida a nuestro país ante las constantes violaciones a los derechos humanos y la falta de castigo a los cuerpos de seguridad que cometen este tipo de delitos.

Esta mañana se tiene programada una reunión entre el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su homólogo mexicano Enrique Peña Nieto, en la Casa Blanca, como parte de la gira de trabajo que realiza el mandatario.

“Esta reunión tiene lugar en un momento en que el Departamento de Estado evalúa si el gobierno de México ha cumplido con las condiciones de derechos humanos en la Iniciativa Mérida, un paquete de asistencia de EE.UU. en materia de seguridad. Bajo la Iniciativa Mérida, el otorgamiento del 15 por ciento de ciertos fondos está condicionado a que el Departamento de Estado de EE.UU. informe al Congreso que México está logrando avances significativos en el respeto a los derechos humanos en el marco de operaciones de seguridad. De acuerdo con un memorándum preparado por la Oficina de Washington para América Latina (WOLA) en conjunto con seis líderes organizaciones mexicanas, estadounidenses e internacionales, este año México tampoco ha cumplido con los requisitos y, por lo tanto, el Departamento de Estado debe solicitar la retención de los fondos condicionados”, señalan en el documento.

El reporte está firmada por el Centro Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC); Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Latin America Working Group (LAWG); y la Oficina de Washington para América Latina (WOLA).

El documento está dirigido a John Kerry, Secretario de Estado de EU; Anthony Blinken, Sub Secretario de Estado; Sarah Sewall Subsecretaria de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos en el Departamento de Estado de los Estados Unidos; Mari Carmen Aponte, Secretaria de Estado adjunta para Latinoamérica; Tom Malinowski, Subsecretario de Estado para Derechos Humanos y Democracia; William Brownfield, Secretario de Estado adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos y de Cumplimiento de la Ley Roberta Jacobson, Embajadora de EU en México.

“Una decisión por el Departamento de Estado de no certificar a México este año enviaría un mensaje claro de que el gobierno mexicano no puede decir que está avanzando en materia de derechos humanos sólo por tener buenas leyes en papel”, dijo Maureen Meyer, Coordinadora Principal del Programa de México y Derechos de Migrantes en WOLA, según recoge el comunicado del memorándum.

De acuerdo con las organizaciones, México no ha cumplido con los requisitos para poder recibir los millonarios recursos del gobierno norteamericano:

Las organizaciones recordaron que por primera vez en la historia, el Departamento de Estado decidió el año pasado no certificar a México basándose en su evaluación que no se habían cumplido las condiciones.

Los requisitos que solicitan para poder continuar el apoyo es que el Gobierno de México investigue y persiga violaciones a los derechos humanos en tribunales civiles.

Al respecto, los grupos civiles señalaron que el gobierno no ha sido transparente sobre el número de violaciones graves a los derechos humanos que ha investigado, ni sobre los resultados de estas investigaciones.

Además de que “a pesar de cientos de violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército la información públicamente disponible revela que sólo dos soldados han sido condenados bajo jurisdicción civil por estos crímenes y no está claro si estas sentencias son definitivas”.

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Refieren que no existen condenas en casos emblemáticos, como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos desde 2014, y el caso Tlatlaya, que recientemente cumnplió un año y en el que los militares han sido liberados. Las ONGs acusaron que “en ambos casos los funcionarios del gobierno han obstruido las investigaciones, torturado a los sospechosos y víctimas, y manipulado pruebas”.

En los cuatros casos en los que la Corte Interamericana ha emitido decisiones contra el Estado mexicano, ningún soldado ha sido condenado por las violaciones a derechos humanos que cometieron, recuerdan en el escrito.

Respecto al requisito de que México cumpla con las prohibiciones contra la tortura y el uso de testimonios obtenidos mediante este tipo de coacción, la organizaciones recordaron que en 2015, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que las denuncias sobre tortura se duplicaron entre 2013 y 2014, cuando se registraron 2 mil 420 casos

Acusa que “a pesar de los miles de casos de tortura y malos tratos en México, sólo 15 personas han sido condenados por este delito”.

Señala que casi el 80 por ciento de los sospechosos implicados en el caso Iguala tenía signos de tortura o malos tratos.

Apuntaron que pese a que “existe en el papel” la obligación que el ejército y la policía transfieren a los detenidos de manera inmediata a los detenidos ante las autoridades correspondiente, las bases nacionales de datos para monitorear detenciones no están completas y que el gobierno mexicano “ha omitido cumplir sus propias normas sobre detenciones y no proporciona al público información sobre éstas  en tiempo real”.

El documento señala que desde 2007, México ha registrado 28 mil 189 desapariciones, en los que más del 54 por ciento ocurrieron durante la administración del Presidente Peña Nieto.

Hasta febrero de 2015, el gobierno mexicano reporta únicamente 13 sentencias condenatorias registradas a nivel federal por desapariciones forzadas.

En el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que fueron desaparecidos por la policía local, es probable que funcionarios del gobierno hayan obstruido  la investigación llevada a cabo por el  grupo de expertos, reconocidos internacionalmente. Más de 21 meses después de la desaparición forzada, el paradero de los estudiantes aún se desconoce.

No hay información confiable sobre cuántas de las desapariciones registradas son cometidas por las autoridades, critican en el memorándum.