De acuerdo con la filosofía, la trascendencia es motivo último de la vida de toda persona. Todas y todos buscamos reflejar nuestro ser y quehacer más allá de nuestro tiempo y nuestro espacio, caminamos pensando en ir más allá del punto de referencia, alejarnos de lo puramente inmanente.

Hoy, esta idea se ha desdibujado por el “ser”, el “poder” y el “tener” del presente. No importa la memoria y el recuerdo de nuestra familia y de la sociedad mientras seamos, podamos y tengamos. Finalmente, el sistema se acomoda para que cada quién decida sobre lo que trasciende ante una serie de mecanismos para el olvido y la desmemoria.

En México, una grave crisis de derechos humanos y graves actos de corrupción son parte de la historia que políticos y funcionarios buscan dejar atrás, arguyendo una falsa protección a la privacidad y a los datos personales. Así, en un país como el nuestro, rendir cuentas y reivindicar las violaciones del pasado se vuelven cuestiones obsoletas respecto a la posibilidad de “olvidar”, de “borrar”. Hemos encontrado el argumento legal perfecto para perpetrar la impunidad con el “derecho al olvido” o los llamados “archivos históricos confidenciales”.

Pero me pregunto: ¿De qué quieren que me olvide? ¿No es suficiente el intento de borrar los nombres y otros datos de los archivos históricos de nuestro país[1]? ¿En qué momento el “olvido” se convirtió en algo más relevante que la “verdad”?

Si bien recuerdo aún existen nombres que no se han enfrentado a la justicia por más de 250 desapariciones forzadas cometidas durante la guerra sucia[2] entre los años sesentas y ochentas; nombres de víctimas, incluidas niñas y niños, a las que aún hay que pedirles perdón y que merecen ser recordados; nombres de funcionarios que saquearon las arcas de municipios, de estados y del país; y de empresarios que se hicieron ricos tras negociar ilegítimamente con el gobierno.

Desde 2015, la Secretaría de Gobernación impulsa el reconocimiento de la “confidencialidad” de los archivos históricos y cambió la modalidad de acceso a aquellos que se encontraban en la Galería 1 del Archivo General de la Nación, archivos que dan cuenta de las atrocidades que la Dirección Federal de Seguridad facilitó y cometió en contra de mexicanas y mexicanos, archivos que antes permitieron a periodistas e historiadores contarnos fragmentos y versiones de la historia, y a las víctimas y la sociedad conocer parte de la verdad y exigir justicia. Hoy esta disposición, el actual artículo 27 de la Ley de Archivos, se encuentra en disputa dentro del Senado de la República y en las próximas semanas está por dictaminase su vigencia dentro de la Ley General de Archivos, siempre con los votos a favor del partido en el poder.

Además, los mismos que piden se tachen los nombres de los archivos históricos, ahora buscan que los nombres más cercanos al presente también se olviden y se borren de los archivos electrónicos y las páginas de internet: “todos tenemos derecho al olvido” dicen[3]. Basados en la protección de datos personales y la privacidad, tanto el Instituto Nacional de Transparencia como el Senado de la República hacen referencia a un derecho que no existe en el marco constitucional y que lejos de garantizar, restringe de manera ilegítima y desproporcionada la libertad de expresión e información[4].

En un país donde la impunidad y la corrupción son las características que nos ponen al tope de las listas, no podemos darnos el lujo de olvidar. No olvidaremos a los desaparecidos y desaparecidas, no olvidaremos a las víctimas, no olvidaremos a los corruptos, no. Hay mucho por reconocer y mucho que recordar.

[1]    En enero de 2015, se hizo efectivo el cambio a la modalidad de acceso a los archivos históricos de la guerra sucia resguardados en el Archivo General de la Nación con base en la figura de “archivos históricos confidenciales” reconocida en el artículo 27 de la Ley de Archivos del 2012.

[2]  La Recomendación 26/2001 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos establece que de los 532 expedientes de queja sobre desapariciones forzadas de personas durante la década de los 70 y principios de los años 80 del siglo XX, se acreditaban 275 desapariciones forzadas, y la existencia de indicios en 97 casos.

[3]  En el último año, la figura ha sido promovida por despachos privados y utilizada por políticos, funcionarios y figuras públicas que buscan que se borre su información para que no se les relacione con elementos no favorables (ref: http://www.24-horas.mx/el-derecho-al-olvido-se-lo-merece-todo-mundo-defiende-eliminalia-com/).

[4]  El denominado “derecho al olvido” es una interpretación equivocada del derecho de cancelación de los derechos ARCO en el ámbito digital. Su aplicación está erróneamente justificada con el derecho de las personas a borrar información que les resulte incómoda o afecte su reputación sin justificaciones legítimas para restringir el derecho a la libertad de expresión e información en Internet.

Ana Cristina Ruelas

https://www.sinembargo.mx/author/ana_ruelas

Ana Cristina Ruelas, colabora en la oficina regional para México y Centroamérica de ARTICLE 19. Es abogada y maestra en administración pública y políticas públicas. Se desempeño como Directora Regional y Oficial del Programa de Derecho a la Información en la misma organización y ha trabajado en organizaciones de derechos humanos en México y en Perú en temas relacionados con participación ciudadana y educación para el desarrollo.

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