A la mitad de la población en México no le alcanza su ingreso para adquirir la canasta básica, esto es similar a la situación que se vivía en 1992, hace 25 años, reveló el estudio “Derechos humanos y Pobreza”, presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

De acuerdo con el estudio, el primer problema que enfrenta para reducir la pobreza es que la gran mayoría de los programas y acciones considerados en el Inventario de Programas y Acciones Sociales de Coneval no cumplen con los criterios de consistencia mínima.

Por ejemplo, de los 232 programas federales, sólo 40 tienen alcance superior al 50 por ciento de su población objetivo y sólo 20 tienen una cobertura superior a 100 mil personas. En el caso de los 2 mil 528 programas de los gobiernos estatales, el 95 por ciento no cumple con la institucionalidad mínima, mientras que sólo 128 programas cumplen ese primer criterio mínimo.

Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).– Cuatro de cada 10 mexicanos tienen alguna carencia y a la mitad de la población su ingreso no le alcanza para adquirir la canasta básica, esto es similar a la situación que se vivía en 1992, hace 25 años, reveló el estudio “Derechos humanos y Pobreza”, presentado este miércoles por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

El documento, que expone indicadores y presenta propuestas de mejora en las políticas públicas en relación con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), destacó que actualmente 62 millones de personas carece de un ingreso suficiente, además, el 44 por ciento de la población presenta al menos una carencia social, esto es 53 millones de personas.

“La pobreza es causa y consecuencia de violación de derechos humanos. Abatirla requiere de oportunidades que les de a las personas mayor libertad. Vamos a poner el estudio en manos de las autoridades actuales y de las entrantes porque la exigencia debe ser de cumplimiento, es una deuda que tenemos con 53.4 millones de mexicanas y mexicanos”, dijo Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH en la presentación del estudio.

Conforme a la medición oficial del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la carencia social con mayor incidencia refiere a la falta de acceso a la seguridad social, que en 2016 afectaba al 56 por ciento de la población, esto es más de 68 millones de personas.

La carencia social con menor incidencia es la carencia por espacios y condiciones de la vivienda, que afecta al 15 por ciento de la población. La carencia que más se ha reducido es la falta de acceso a servicios de salud que bajó del 33 por ciento en 2010 al 19 por ciento en 2016.

De acuerdo con el estudio, el primer problema que enfrenta para reducir la pobreza es que la gran mayoría de los programas y acciones considerados en el Inventario de Programas y Acciones Sociales de Coneval no cumplen con los criterios de consistencia mínima.

Por ejemplo, de los 232 programas federales, sólo 40 tienen alcance superior al 50 por ciento de su población objetivo y sólo 20 tienen una cobertura superior a 100 mil personas. En el caso de los 2 mil 528 programas de los gobiernos estatales, el 95 por ciento no cumple con la institucionalidad mínima, mientras que sólo 128 cumplen ese primer criterio mínimo.

El documento expone que entre las debilidades de la política de medición de la pobreza son: identificar el concepto de cohesión social con el índice Gini que únicamente mide la desigualdad en ingresos; no incluir como pobres a todas las personas con ingreso inferior a la línea de bienestar; no incluir como pobres extremos a todas las personas con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo; aceptar como acceso a seguridad social a quienes reciben programas sociales de adultos mayores, aunque no estén en sistemas institucionales de seguridad social completos; facilitar que muchos esfuerzos de programas públicos se concentren en modificar variables y mejorar la “medición” en lugar de la transformación de las condiciones y el ejercicio real de los derechos que dan fundamento a las carencias.

“Para enfrentar a la pobreza y la desigualdad necesitamos políticas públicas que no se enfoquen en promedios (de ingreso, alimentación, seguridad social, etc) sino bajo el principio pro-persona y en pro del cumplimiento de sus derechos”, explicó Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

El estudio analizó algunos programas alimentarios y de transferencias monetarias como el Abasto Rural (DICONSA), Abasto Social de Leche (LICONSA), Comedores Comunitarios, Pensión de adultos mayores y Prospera.

Las debilidades de estos programas se resumen en que carecen de fundamento específico en la Ley y ninguno adhiere a estándares internacionales de derechos ni cuentan con mecanismos de exigibilidad.

“La Cruzada no cumple con requisitos mínimos de consistencia institucional o de diseño; los programas de Abasto Rural, Leche y Comedores Comunitarios no tienen alcance adecuado de su población objetivo; esos tres programas además presentan serios problemas de efectividad según sus evaluaciones; el programa Prospera no cuenta con mecanismos de participación; los programas de transferencias y alimentarios no han logrado reducir significativamente la incidencia de la pobreza y la carencia alimentaria”, destacó el documento.

Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, en la presentación del informe “Derechos humanos y #Pobreza”. Foto: Twitter @CNDH

De 2010 a 2016 la población con ingreso por debajo de la línea de bienestar mínimo pasó de 19.4 por ciento a 17.5 por ciento de la población. La población con carencia alimentaria pasó del 24.8 a 20.1 por ciento, menos de cinco puntos porcentuales de reducción en seis años.

“Necesitamos políticas públicas que muevan la realidad de quienes más lo requieren y no solo que cambien estadísticas, deben garantizar equidad”, señaló Gómez Hermosillo.

El documento reveló también que la pobreza hace 25 años era similar en proporción a la medición de 2014: 53 por ciento de la población, y el dato más reciente correspondiente a 2016 sigue siendo poco más de la mitad de la población: 50.1 por ciento. Con la diferencia de que hoy, por el crecimiento poblacional son casi 11 millones más de personas que padecen esa situación.

Gráfico: CNDH