Soldados irrumpieron en una vivienda y agredieron fisicamente a dos personas en San Luis Potosí, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación al Ejército y a la PGR, por abuso, allanamiento y tortura.
Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo/Pulso).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Secretaría de la Defensa y a la Procuraduría General de la Republica (PGR) por abuso, allanamiento, tortura y lesiones cometidas por soldados a dos civiles en San Luis Potosí.
La CNDH informó hoy sobre la Recomendación 37/2016, expedida el pasado mes de agosto, y la cual, va dirigida a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, y de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez González, por el caso de elementos adscritos a la 12ª Zona Militar en San Luis Potosí, que, irrumpiendo sin orden de cateo en la casa de dos hermanos, transgredieron los derechos humanos a la inviolabilidad del domicilio, a la seguridad jurídica y a la integridad personal de estas dos personas por agresiones físicas y actos constitutivos de tortura
En cuanto a la indagatoria correspondiente, los agentes del Ministerio Público Federal omitieron impulsar durante 20 meses la integración de la averiguación previa por la presunta comisión de delitos de abuso de autoridad, allanamiento, lesiones y tortura, con lo que violaron el derecho humano de acceso a la procuración de justicia de los agraviados.
Los hechos constan, de acuerdo a las declaraciones de uno de los agraviados, que el 27 de octubre de 2013, al filo de las 21:00 horas, elementos militares brincaron la barda de su domicilio, sacando a ambos hermanos al exterior de la misma donde fueron golpeados, amenazados y torturados por los mismos elementos.
El agraviado agregó que dos días después de los hechos, es decir, el 29 de octubre de 2013, uno de los susodichos militares, al volverlos a ver los interceptó, atemorizando a uno de ellos nuevamente con lastimarlo físicamente si no accedía a entregarle un vehículo y un terreno.
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Tras concluir el análisis del expediente, este Organismo Nacional encontró evidencias que confirman que los militares transgredieron los derechos humanos a la inviolabilidad del domicilio, a la seguridad jurídica e integridad personal contra los agraviados, y constató que servidores públicos adscritos a la Delegación de la PGR en San Luis Potosí encargados de las investigaciones correspondientes no tuvieron justificación alguna para dejar de actuar durante un período de 20 meses y dejar de reconocer a los agraviados como víctimas
Por lo anterior, la CNDH solicita a la SEDENA, mediante el instrumento recomendatorio 37/2016, se brinde la atención psicológica necesaria a los dos agraviados y se colabore con esta Comisión Nacional en el seguimiento de la averiguación previa y la queja que sea tramitada ante la PGR, así como en el Órgano Interno de Control de la propia SEDENA, en contra de los servidores públicos responsables; y se imparta a los elementos de la 12ª Zona Militar un curso sobre el respeto a los derechos humanos contenidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“Se encontraron evidencias que confirman que los militares transgredieron los derechos humanos a la inviolabilidad del domicilio, a la seguridad jurídica e integridad personal contra los agraviados”.
Por su parte, el personal de la PGR “no tuvo justificación alguna para dejar de actuar durante un período de 20 meses y dejar de atender a los agraviados.”, asentó.
A la titular de la Procuraduría General de la República se le solicita colaborar con la CNDH en la presentación de la denuncia de hechos que formule contra los servidores públicos responsables adscritos a la Delegación de la PGR en San Luis Potosí; capacitar en derechos humanos al personal de dicha delegación y de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia en la Entidad Federativa, así como instruir al Agente del Ministerio Público de la Federación que corresponda a que con celeridad dé continuidad a la integración de la averiguación previa del caso.
Finalmente, se recomienda que, en su oportunidad, se inscriba a los agraviados en el Registro Nacional de Víctimas para que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, previsto en la Ley General de Víctimas.
