La mañana del lunes pasado, los hermanos José Abraham y  David Rey agarraron una chamba de ida y vuelta. Se iba a tratar de algo fácil: hacer encuestas sobre tortilla procesada en la comunidad de Ajalpan, Puebla. Sin embargo, no lograron regresar con vida.

Ciudad de México, 22 de octubre (SinEmbargo).- José Abraham Copado Molina tenía 30 años y su hermano, David Rey, 39. Eran encuestadores. El primero con meses de experiencia y el segundo con 20 años dedicado a ese oficio. No contaban con prestaciones de Ley porque trabajaban como freelancers. Les pagaban por cuestionario entregado entre 25 y 50 pesos, según el tipo de proyecto. Pese a ello, a las inclemencias del tiempo y a los peligros del camino, así se ganaban la vida.

Llevaban alimento y prosperidad a su familia al ir en busca de la información a los confines del país, muy a pesar de la violencia y el odio. Y el rechazo. Y la desconfianza. Y lo que fuera. Ellos tenían que hacer las encuestas. De aquella exploración de campo dependían la oferta y la demanda del mundo al que pertenecían. Aquellos datos podrían traducirse, por decir algo, en programas sociales, en la tendencia del voto, en las mejoras de cientos de productos o servicios. Y hubieran seguido, pero el horror, aquel que impera en México, los alcanzó.

La mañana del lunes pasado agarraron una chamba de ida y vuelta para la empresa Marketing Research and Service S.A. de C.V. Se iba a tratar de algo fácil: hacer encuestas sobre tortilla procesada en la comunidad de Ajalpan, Puebla. Pero no lograron regresar con vida, porque en aquel remoto lugar fueron golpeados hasta la muerte.

Los pobladores confundieron a José y Rey con secuestradores. Los lincharon y prendieron fuego frente a los policías que, momentos antes, los habían detenido e interrogado.

“Cometieron el peor de los delitos: mataron a dos personas inocentes sin derecho a defenderse”, dijo Pablo Copado Molina durante el velorio de sus hermanos. Fueron despedidos por familiares, amigos y compañeros del gremio, la madrugada de este jueves, al sur de la Ciudad de México.

Pablo Copado dijo que la Policía Municipal no auxilió a sus hermanos; tampoco la policía estatal, a pesar de que atendieron la petición de refuerzo. Sólo se quedaron en la entrada del pueblo.

Este día, el medio poblano e-consulta publica el testimonio de agentes estatales que confirman que sí fueron avisados con tiempo, pero al momento de llegar se vieron rebasados por la turba. El Gobierno de Rafael Moreno Valle, a su vez, informa este jueves que asumirá la seguridad pública por 180 días para garantizar el orden público y el esclarecimiento de los hechos.

El mayor de los hermano Copado expresó en la madrugada de este día su indignación por lo ocurrido y pidió a los tres órdenes de gobierno atender este caso para que no quede impune. Y agregó que no es la primera vez que se comente una barbarie de esta naturaleza, pues debido a la violencia que se vive en el país los encuestadores corren esta suerte.

“El gobierno no ha querido resolver esta situación de violencia, por eso la gente vive con miedo”, comentó Pablo.

Sobre los agresores, Pablo Copado Molina dijo que no se trató de un grupo de personas ignorantes, sino de asesinos violentos que actuaron sin corroborar información y sin dar pausa para que sus hermanos se identificaran.

–La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) habló que hay responsabilidad por el Gobierno de Puebla en este caso, ¿Qué opina? –se le preguntó.

–Yo no he estado al tanto de eso, pero mire [señala de un lado a otro], aquí no hay nadie de la CNDH, ni se han aparecido o acercado. Lo cierto es que el Gobernador de Puebla [Rafael Moreno Valle Rosas] tiene que atender su estado en lugar de andar buscando ser candidato a la Presidencia. Nosotros le exigimos justicia.

–¿Han pensado acercarse a alguna institución para pedir la reparación integral del daño?

–No lo hemos pensado, todavía. Pero Rey, quien era el proveedor del hogar, dejó a su esposa y a dos niños de año y medio, y por ellos es posible que en un futuro pensemos en solicitar ayuda.

–Se ha difundido una fotografía sobre una credencial que relaciona a Rey con la Universidad Tecnológica de Tulancingo, ¿sabía si hay alguna relación entra la escuela y su hermano?

–No sé de dónde salió esa credencial. Mi hermano era encuestador. No hay vínculo con esa universidad.

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Rey Copado Molina llevaba casi la mitad de su vida trabajando en campo, como se le dice en el gremio. Iba a la sierra o la costa, al valle o al desierto, y preguntaba a la gente sobre productos, servicios, preferencia política o religiosa, de todo. Trabajó esos años para infinidad de empresas, las cuales eran contratadas para brindar información a partidos políticos, gobiernos, refresqueras y demás.

Sus amigos lo recuerdan como un trabajador responsable y muy entregado. “A nosotros nos dan viáticos cada vez que salimos, pero Rey, pensando en sus dos gemelos y su mujer, siempre ahorraba todo. Lo importante para él era cumplir en su casa”, dijo una de sus compañeras.

A José Abraham Copado pocos lo conocían porque era el nuevo. Llevaba meses como encuestador temporal; sin embargo, aquellos que lo conocieron lo recuerdan como una persona amable, alegre y trabajadora. A diferencia de su hermano él estaba soltero.

Sus colegas contaron a SinEmbargo que su trabajo es de alto riesgo, pues ello incluso entran a poblado donde la policía ni siquiera se asoma.

“Hemos sido perseguidos, golpeados, acosados, nos han tachado de vender votos, o de secuestradores. Nadie sabe de nosotros: somos como fantasmas. Incluso las propias empresas y los gobiernos nos olvidan, a pesar que somos quienes llevamos la información. Nadie le informa a los ciudadanos que tal mes o tal día iremos a encuestarlos, como lo hacen con el Censo. No hay campañas informativas; porque los 360 días estamos trabajando. Lo otro es que, a pesar de los riesgos estamos desamparados. Todos aquí trabajamos como independientes: un día para una empresa y mañana para otra”, comentó Sara Salinas, compañera de Rey.

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Durante el velorio de los hermanos Copado, sus colegas los despidieron con aplausos. Y exigieron justicia. A pesar del luto, aseguraron sentirse indignados.

“No queremos una muerte más. Si no quieren darnos encuestas nosotros respetamos, pero pedimos respeto. A veces las personas se asustan porque llegamos a sus casa y les preguntamos cosas, pero pueden llamar a las empresas para salir de dudas. No es justo que siempre nos quieran ver como delincuentes, si somos nosotros quienes llevamos la información, no sólo de productos, sino de servicios y encuestas de salida en las elecciones. Esto no puede seguir así. Lamentamos la pérdida de nuestros compañeros, pero exigimos justicia, que paguen los culpables”, dijo una encuestadora, quien aseguró tener más de 30 años de trayectoria.

Los trabajadores de encuestadoras aseguraron que en su labor son perseguidos y acosados, tanto por pobladores como por autoridades y hasta por el crimen organizado.

“El año pasado mataron a uno de nosotros en Guerrero, otros dos de Parametría fueron levantados, a otra compañera la encañonaron… Queremos que se le informe a la población nuestro trabajo, para que la gente sepa lo que hacemos. Que no desconfíe, porque gracias a nosotros a veces le llegan las mejoras o los servicios que tanto necesita. No somos delincuentes, de hecho los delincuentes no llegan a preguntar”, detalló una compañera de los hermanos asesinados.

Ante la indignación y el reclamo por el crimen contra sus compañeros, el gremio de encuestadores realizará una manifestación pacífica el próximo 31 de octubre. Aún no hay lugar y fecha precisa, pero adelantaron que podría ser después del mediodía y partiría de la Glorieta de Insurgentes.

Tras el linchamiento de los dos hermanos, la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación e Inteligencia de Mercado (AMAI) y el Colegio de Especialistas en Demoscopia y Encuestas (CEDE) pidieron a las autoridades garantizar la seguridad de los encuestadores a nivel nacional.

Las encuestadoras exigieron al Gobierno Federal que se establezca una mesa de trabajo conjunta para coordinar esfuerzos para enfrentar la problemática. Las instituciones expresaron su preocupación por las consecuencias y significado que este tipo de sucesos puedan tener en la industria de investigación de mercados, medios y opinión pública.

“Vemos con preocupación que nuestro personal, que recorre todos los días ciudades y pueblos del país para hacer encuestas, entrevistas, etnografías, sesiones de grupo, entre otras actividades de investigación, se enfrenta a condiciones cada vez más riesgosas como fruto del clima de inseguridad y violencia que impera en nuestro país”, informó por medio de un comunicado.

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El Edil de Ajalpan, Gustavo Lara Torres, informó que tras la denuncia de los pobladores sobre sujetos sospechosos, la Policía Municipal abordó a los encuestadores y se identificaron con su credenciales de elector y del trabajo.

“Eran dos personas sospechosas que estaban realizando una encuesta, ese fue el reporte, nada más dijeron así, que estaban haciendo muchas preguntas y que era una encuesta, pero nada más”, indicó a su vez el director de la Policía Municipal de Ajalpan, José Manuel González.

Para evitar que fueran agredidos por los pobladores, los encuestadores fueron retenidos en la comandancia ante la insistencia de que eran los responsables de un intento de secuestro en contra de una menor.

Los habitantes de Ajalpan tocaron las campanas de la iglesia y un contingente de más de mil personas se agrupó en el lugar para después arremeter en contra de las instalaciones del Palacio Municipal y vehículos oficiales.

La turba sacó a los hombres de los separos, pese al arribo de la Policía Estatal y de municipios aledaños. Posteriormente los hombres fueron torturados y quemados en la explanada municipal.

Hasta el momento hay 25 personas involucradas en los hechos que ya fueron identificadas, según dio a conocer el Alcalde. Detalló además que previo al linchamiento en las redes sociales circularon rumores sobre robo de niños en el municipio, lo que, consideró, creó pánico en la población.

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) refirió ayer que el fenómeno linchamiento o de la justicia por propia mano y la ”frecuencia con que el fenómeno del linchamiento se ha presentado en el estado de Puebla evidencia la fragilidad del Estado de derecho”, el cual establece los procedimientos a seguir para juzgar las conductas delictivas de las personas.

“A los ojos del país y del mundo se pone de manifiesto la existencia de sociedades que no sólo muestran su falta de respeto a la ley, sino que recurren a vías injustas para aplicar la justicia. Nada hay que respalde o justifique esas conductas bárbaras en nombre de la justicia, ni aún en aquellos casos en que se puedan regir por usos y costumbres, porque toda conducta tiene como límite los principios de la Constitución General de la República, el respeto a los derechos humanos y, de manera relevante, el respeto a la vida, la dignidad e integridad de las personas”, recalcó por medio de un comunicado.

La CNDH mencionó que de acuerdo con distintos medios de comunicación durante 2015 han ocurrido al nueve hechos similares en el estado sin que existan evidencias de que las autoridades hayan intervenido para impedir los linchamientos.

“Debe tomarse en cuenta la señal de alarma para evitar la repetición de manifestaciones de acarree agresivo y para subrayar que todos debemos permanecer dentro del margen de la ley”.

El organismo expresó que rechaza todas las formas de violencia y expresó su deseo porque los gobiernos de Puebla y del municipio de Ajalpan frenen este tipo de conductas y reoriente a la sociedad por el camino de la ley.

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El Secretario General del Gobierno de Puebla, Jorge Benito Cruz, fue avisado de los hechos ocurridos la noche del lunes en el municipio de Ajalpan.

En entrevista en el programa El juego de troles, transmitido por los diarios Central, Cambioy la Revista 360º, el Presidente Municipal Gustavo Lara Torres, dijo que el funcionario estatal fue notificado de que ocurrían desmanes en ese municipio dos horas ante de que los hermanos José Abraham y Rey David Copado Molina fueran asesinados.

El Edil refirió que fue entre las 21:00 y a las 22:00 cuando una turba sacó a los jóvenes de la comandancia para después matarlos a golpes e incinerar sus cuerpos en la plaza pública. Lara Torres dijo que la Policía Estatal llegó a la comunidad hasta las 23:30 horas.

“Yo hablé con el Secretario de Gobierno. Me dijo que ya venía para acá la ayuda, pero nunca llegó […]. Yo no estaba en la Presidencia porque salí a comer a 10 minutos de ahí, me informaron por teléfono que la gente estaba tomando el Ayuntamiento e inmediatamente pedí ayuda”, explicó el Alcalde de Ajalpan.

–Con información de Fernando Maldonado.