Uno de los mecanismos de impunidad recurrente es la investigación de las muertes violentas de mujeres como suicidio. Foto: Cuartoscuro

Por: Ximena Antillón Najlis*

Gracias al impulso del movimiento feminista se logró el reconocimiento de las formas específicas de violencia contra las mujeres, y la creación del tipo penal de feminicidio. Según el Código Penal Federal, “comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género” (art. 325), y a continuación establece las conductas que constituyen razones de género: signos de violencia sexual, lesiones infamantes, antecedentes de violencia, entre otras.

Sin embargo, pese a los avances normativos, en la investigación de las muertes violentas de mujeres se vuelven a infiltrar las viejas prácticas que invisibilizan las razones de género y favorecen que los feminicidios queden en la impunidad. Estas prácticas se derivan de problemas estructurales para la investigación de cualquier delito, en este caso reforzados por los estereotipos de género.

Uno de los mecanismos de impunidad recurrente es la investigación de las muertes violentas de mujeres como suicidio. Para Araceli Osorio, esta práctica constituye un patrón, que se verifica en casos emblemáticos como el del feminicidio de Mariana Lima, o en el de su propia hija, Lesvy Berlín Rivera Osorio, y en muchos otros que no llegamos a conocer.

Una vez que el Ministerio Público establece el suicidio como teoría del caso, las pruebas periciales se terminan alineando a esta teoría, incluso de las maneras más inverosímiles y carentes de fundamento científico. Esto tiene que ver tanto con la falta de independencia de los servicios periciales, que se encargan de producir las pruebas que apoyan la teoría del caso del Ministerio Público, como con los estereotipos de género que se continúan reproduciendo en la investigación y se convierten en formas de revictimización.

Una de las pruebas periciales que se practica para sustentar la hipótesis del suicidio es la llamada “Necropsia Psicológica” o en su defecto, la pericia psiquiátrica o psicológica. Con estas pruebas periciales se produce a la víctima suicida, a través de la supuesta evaluación de la personalidad y estableciendo diagnósticos de psicopatologías que no queda muy claro de dónde salen, pues generalmente los dictámenes son escuetos y la metodología opaca, sobre una mujer que no puede defenderse porque está muerta.

Además, las periciales psicológicas o psiquiátricas se convierten en mecanismos de impunidad, porque invisibilizan los antecedentes de violencia de género, o más perverso todavía, atribuyen a las secuelas del contexto de violencia las razones psicológicas que habrían llevado a la mujer a “suicidarse”, sin tomar en cuenta los factores de riesgo de violencia feminicida que ya estaban presentes. En estas periciales se reproducen prácticas revictimizantes, como indagar en la vida privada, estigmatizar tanto a la víctima como a su familia a través de estereotipos de género ambiguos que terminan, siempre, culpabilizando a las mujeres.

Por esta razón, los y las familiares de las mujeres víctimas de feminicidio, con todo y el dolor de la pérdida, se ven forzadas a asumir la tarea de defender a sus hijas, hermanas o familiares de un sistema de justicia que las culpabiliza de su propia muerte. Este es el caso de Lesvy Berlín Rivera Osorio, víctima de feminicidio el 3 de mayo de 2017, y sobre quien se realizó una necropsia psicológica, que afortunadamente fue anulada como prueba, y una pericia psiquiátrica, de la que el Ministerio Público se desistió en el juicio, como parte del arsenal de mecanismos de impunidad que se desplegó para sostener la teoría del suicidio.

En este proceso, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, aportó un peritaje sobre Impacto Psicosocial en el feminicidio de Lesvy Berlín, que muestra el contexto previo de violencia de género que la víctima vivió -incluyendo formas de violencia física y psicológica, y la dinámica de celos y control por su entonces pareja-, los impactos psicosociales del feminicidio de Lesvy para su madre y su padre, Araceli Osorio y Lesvy Rivera. Finalmente, este peritaje planteó recomendaciones para la reparación integral del daño, enfatizando las medidas de satisfacción y no repetición.

Este dictamen, junto con otras periciales aportadas por la Asesoría Jurídica, aportó elementos al Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, que determinó que en el caso se actualizaron las razones de género -lesiones infamantes, el contexto previo de violencia y amenazas, y la exposición del cuerpo de Lesvy en un lugar público- y la relación de pareja entre Lesvy y su agresor, como agravante del delito. Por lo anterior, los jueces condenaron a Jorge Luis González Hernández a 45 años de prisión y a la reparación por concepto de indemnización.

Fundar saluda la resolución del Tribunal, pues si bien es cierto que la sentencia no reconoce otras dimensiones de la reparación integral del daño como las medidas de satisfacción y no repetición, constituye un avance muy importante en la lucha contra la violencia de género y el feminicidio. Al mismo tiempo expresa su solidaridad hacia Araceli Osorio y Lesvy Rivera, esperando que esta resolución les brinde consuelo frente a la pérdida irreparable de su hija y dé sentido al duro camino de búsqueda de justicia que con amor y dignidad emprendieron desde entonces. Finalmente expresamos nuestro reconocimiento a las asesoras jurídicas y las colectivas de mujeres que les acuerparon y trabajaron incansablemente por Lesvy, por la libertad y la vida de todas las mujeres.

Ximena Antillón es Investigadora del Área de Derechos Humanos y lucha contra la Impunidad de Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.