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Ricardo Ravelo

22/10/2021 - 12:05 am

El terrorismo fiscal

Bien valdría la pena que el área de inteligencia del SAT investigara a los administradores de cada oficina para verificar cómo han incrementado su patrimonio a partir del cargo que ostentan.

El SAT. Foto: Cuartoscuro.

El combate a la corrupción es uno de los ejes de la política gubernamental. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha considerado que anualmente se fugaban del presupuesto, mediante diversas formas aviesas, unos 500 mil millones de pesos. Contratos leoninos, desvío de recursos públicos y otras prácticas eran comunes en los gobiernos anteriores, según ha dicho.

El mandatario asegura que en su gobierno la corrupción ha terminado, algo que parece fantástico, pues en estricto sentido ese flagelo continúa sólo que ahora no se le quiere ver con la misma dimensión con la que se aborda cuando se refiere a sus antecesores.

Uno de los instrumentos para detectar la corrupción y la evasión de impuestos es la polémica Miscelánea Fiscal 2022, avalada la medianoche del miércoles 20 en lo general y en lo particular por la Cámara de Diputados.

Los legisladores de oposición cuestionaron el proyecto; aseguran que el gobierno pretende instrumentar una suerte de “terrorismo fiscal”, aunque la titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, sostiene que no es así y que lo que se busca es “generar una cultura fiscal para que todos los ciudadanos paguen impuestos” y acabar con la evasión fiscal que muchas personas físicas y morales cometían –y cometen –mediante la simulación de donaciones, las cuales ahora se van a restringir, de acuerdo con el nuevo programa fiscal.

En una amplia entrevista con “Los Periodistas”, conducido por Alejandro Páez y Álvaro Delgado, Buenrostro expuso algunos pormenores sobre la Miscelánea Fiscal.

Dijo:

Nosotros observamos mucho robo de identidad por parte de empresas y factureras que usan el RFC de jóvenes de entre 18 y 20 años y gente mayor, de 85 y 90 años. Son estos los sectores que escogen estas empresas, son perfiles que no tienen actividad fiscal y les roban la identidad para meterlos como socios de empresas que mueven miles de millones de pesos”.

Lo que Raquel Buenrostro seguramente ignora es lo que pasa en la oficina del SAT en Hermosillo Sonora. Empresarios de esa entidad consultados aseguran que la Administradora Local de Auditoría Fiscal –Ana Luisa Figueroa Esquer –ha conformado un equipo específicamente para “generar terrorismo fiscal” en perjuicio de cientos de empresarios sonorenses.

Ana Luisa Figueroa Esquer, Administradora Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora. Foto: Especial.

Nos cuentan que esta funcionaria, quien acaba de asumir el cargo, suele “aterrorizar” a los empresarios con amenazas de poner en marcha auditorías y penalizarlos si no pagan impuestos. Esta práctica de la coerción ya encendió los focos rojos en la clase empresarial de esa entidad, pues la funcionaria –aseguran –se escuda en la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador, de quien dice que tiene todo su apoyo, y con esos argumentos presiona y ejerce un poder desmedido para exigir el cumplimiento cabal en el pago de impuestos.

Eso no es todo: las fuentes consultadas también aseguran que Figueroa Esquer no actúa sola. Tiene a su lado a tres mujeres más que operan como arietes. Ellas son María del Carmen Calderón Velázquez, Administradora del Programa 1 de Auditoría Fiscal;  otra pieza del esquema es Ana Daniela Benítez Carrasco, jefa de devoluciones de Auditoría Fiscal Federal del SAT, así como Lilian Carina Murcia Leyva. Esta última fue nombrada jefa del departamento jurídico aun cuando arrastra la mala fama de carecer de experiencia para desempeñar ese cargo.

María del Carmen Calderón Velázquez, Administradora de Programa 1 de Auditoría Fiscal en Hermosillo, Sonora. Foto: Especial.

Las denuncias que diversos empresarios hicieron llegar a este reportero dan cuenta también de que dentro del SAT de la ciudad de Hermosillo, Sonora, se presiona a los empleados hasta que muchos terminan renunciando o bien son despedidos. Este modus operandis no es nuevo. Se puso en práctica cuando las funcionarias referidas asumieron sus respectivos cargos y ha servido para “hacer negocios con las vacantes”, según los denunciantes, quienes señalan que las plazas dentro del SAT se venden y se compran.

Las quejas y denuncian también deslizan la sospecha de que detrás de este esquema aparentemente riguroso impuesto por el SAT en la ciudad de Hermosillo hay mucha corrupción, ya que en varios casos presuntamente se negocia con los contribuyentes el pago de impuestos a cambio de pagos realizados “por debajo de la mesa”. Cabe aclarar que esta práctica no es privativa de la oficina del SAT de la ciudad de Hermosillo sino que en la mayoría de las oficinas de esa dependencia es algo común, pues los administradores suelen enriquecerse haciendo favores, sobre todo a empresarios acaudalados que negocian el pago de impuestos.

Bien valdría la pena que el área de inteligencia del SAT investigara a los administradores de cada oficina para verificar cómo han incrementado su patrimonio a partir del cargo que ostentan, pues en ese oscuro mundo los favores se pagan con sobornos millonarios, regalos que van desde departamentos hasta vehículos de lujo, por decir lo menos.

Sin embargo, de esta presunta corrupción ningún funcionario del gobierno de la Cuarta Transformación habla.  Y según el presidente López Obrador en su gobierno se acabó la corrupción porque “no somos iguales” y esa práctica forma parte del pasado. Los datos sostienen que no es así.

Hay razones en estricto sentido válidas para que los contribuyentes cubran sus impuestos. Es un derecho de todos. Lo que no se vale es que algunos funcionarios del SAT ejerzan un poder desmedido, al más puro estilo de las extorsiones criminales, para exigirle a los contribuyentes que paguen sus impuestos, pues de lo contrario les van a practicar auditorías a sus empresas. Eso es terrorismo, lo que la señora Buenrostro niega que exista.

 

Veracruz: extrabajadores portuarios piden respuesta de AMLO

 

            El pasado 12 de octubre, el Sindicato de Maniobristas de Veracruz efectuó un evento masivo, con todos los agremiados y sindicatos afectados durante la requisa de 1991, para anunciar la adhesión del sindicato Primero de Mayo a la organización International Docworkers Council (IDC), que encabeza en todo el mundo Jordi Aragunde y que en América Latina y el Caribe está representada por  César Luna.

De esta forma, quedó estructurada la organización IDC-México, que agrupará a trabajadores de los puertos mexicanos, así como sus respectivos sindicatos. La filial de IDC en México está encabezada desde el 12 de octubre último por Leonel Noya y su segundo de abordo es el abogado laborista Alejandro Pulido Cueto, quien ha emprendido una lucha legal desde hace varios años para recuperar los bienes que les fueron arrebatados en 1991, cuando el entonces presidente Carlos Salinas decretó la requisa en medio de violaciones legales y atropellos que, a treinta años de distancia, no se han reparado.

El pasado viernes 15, durante la conferencia mañanera, el tema de los portuarios fue abordado por el periodista Raúl Hernández, quien le preguntó al presidente si él había ordenado la organización de un equipo interinstitucional, encabezado por la Secretaría del Trabajo, para resarcir los daños causados a los trabajadores portuarios de Veracruz tras la requisa de 1991.

El presidente escuchó la pregunta y respondió que no, que él no había ordenado nada al respecto, pero dijo contundente: “…En este caso como en cualquier otro habrá justicia”. Y enseguida emplazó a la secretaría del Trabajo, María Luisa Alcalde, y al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para que asistieran a la conferencia mañanera del martes 19 a fin de que informaran sobre los avances en el caso de los trabajadores portuarios de Veracruz.

Lo extraño de todo es que los funcionarios no asistieron, algo inusual cuando el presidente anuncia la presencia de algún secretario para que aporte información sobre algún tema. En este caso era importante para los trabajadores portuarios saber cuál es el estatus de sus reclamos porque llevan varios años solicitándole al gobierno la devolución de sus edificios y cuentas bancarias, así como pensiones, las cuales les fueron negadas porque sus derechos laborales se anularon desde 1991.

Según el abogado Alejandro Pulido Cueto existe la voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador de resolver este conflicto, pero todo se ha tornado muy lento y desesperante.

–¿Sigue metida la mano de Carlos Salinas en este asunto? –se le pregunta al abogado

–Es muy extraño, por ejemplo, que el SAT no nos devuelva nuestras cuentas. Sabemos que hay mucha gente de Salinas dentro de Hacienda y del SAT y nuestro dinero lo han mantenido asegurado generando intereses desde hace 30 años. Una de las cuentas concentradoras las manejaba la financiera de Pedro Aspe. Si ya se demostró que en nuestro caso la requisa fue un atraco y un robo e incluso antes de que finalizara el gobierno de Salinas giraron el oficio de que se nos devolviera todo, ¿Por qué el gobierno actual no actúa?

–¿Por qué no acudieron entonces a solicitar la devolución de sus bienes?

–Fue un plan con maña: Salinas ordenó que nos devolvieran nuestro patrimonio pero nosotros ya no existíamos como sindicato. No podíamos acreditar nuestra personalidad jurídica. Así no podíamos hacer nada. Nos rompieron la madre y luego autorizaron la devolución de los bienes. Fue una burla.

–Qué camino seguirán si López Obrador no resuelve este problema?

–Nos queda la vía legal y la vamos a explorar con todos nuestros recursos. A nosotros nos asiste la razón porque está demostrado que violaron nuestros derechos empresariales y laborales: nos quitaron nuestra concesión con la que operábamos el puerto y nuestro patrimonio. No pedimos nada fuera de la ley. Sólo que nos devuelvan lo que nos corresponde. Eso sería lo justo. Ojalá el presidente lo entienda y tome una decisión pronto. Es muy importante que nos digan la verdad y que no nos sigan dando largas. El martes pasado esperábamos un informe de nuestro caso, pero la secretaria del Trabajo y el titular de Gobernación no acudieron a la conferencia mañanera. Ignoramos qué pasó. Simplemente nos quedamos esperando cuál es la posición del gobierno en este caso.

Ricardo Ravelo
Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.
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