Existen sobradas evidencias de que muy pocos gobiernos estatales serían capaces de enfrentar y combatir, con sus propios medios y recursos, los embates de la delincuencia organizada.

Sin embargo, mientras por una vía hay gobernadores que piden apoyo de la Guardia Nacional, del Ejército y la Marina Armada de México, por otra vertiente se hacen los desentendidos de sus responsabilidades, descargan sus culpas en el Gobierno federal y hacen campaña contra lo que llaman “la militarización del país”.

Este doble discurso, esta doble moral de algunos gobernadores, refleja una realidad muy delicada: que cuando las administraciones estatales no se coordinan con las autoridades de seguridad pública federal, es muy frecuente que las policías estatales y municipales están coludidas con las organizaciones criminales o infiltradas por esas cofradías delictivas, con las cuales colaboran y a las cuales protegen.

A estas circunstancias habría que agregar que hay administraciones estatales que no invierten lo suficiente en contratar personal para sus fuerzas de seguridad, para capacitarlas, equiparlas adecuadamente y ofrecerles condiciones laborales y salariales dignas.

Habría que sumar, además, que la mayoría de las administraciones estatales tampoco muestran suficiente interés por dotar a sus procuradurías o fiscalías de los recursos humanos y materiales indispensables para investigar y perseguir a los delincuentes, para ponerlos a disposición de la justicia y atemperar los perniciosos daños de la impunidad.

“El país tiene un déficit de estado de fuerza de policías operativos estatales de aproximadamente un 42%. Esto quiere decir que México tiene poco más de la mitad de los policías preventivos estatales que debería tener, según lo que establece el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que denomina el estándar nacional mínimo, que debería ser de 1.8 policías evaluados por cada mil habitantes”, advierte la tercera edición del Índice Global de Impunidad México 2022, publicado por la Universidad de las Américas Puebla.

Explica el estudio referido que los cinco estados que presentan un menor número de elementos destinados a funciones de seguridad pública por cada cien mil habitantes son: 1.- Veracruz, 2.- Estado de México, 3.- Yucatán, 4.- Puebla y 5.- Jalisco.

Por otro lado las entidades que superan la media nacional por el números de sus policías son: 1.- Ciudad de México, 2.- Colima, 3.- Baja California Sur, 4.- Nayarit y 5.- Baja California.

Ahora bien, el Índice Global de Impunidad México 2022, publicado por la Universidad de las Américas Puebla señala que los estados con menor grado de impunidad en nuestro país son: Baja California Sur, con 49.05 por ciento y Campeche con 49.08 por ciento.

En el segundo grupo, con impunidad media, están: Zacatecas, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Coahuila, Yucatán y Tlaxcala.

Mientras que en el tercer grupo, de impunidad alta, están: Tabasco, Tamaulipas, Guanajuato, Sonora, Quintana Roo, Guerrero, Durango, San Luis Potosí, Oaxaca, Morelos y Nuevo León.

Y finalmente, en el cuarto grupo, en el máximo nivel de impunidad, aparecen Hidalgo, Michoacán, Chiapas, Aguascalientes, Sinaloa, Jalisco, Querétaro, Puebla, Veracruz, Baja California y Estado de México.

Uno de los delitos de más alto impacto es el homicidio doloso, delito del fuero común. ¿Cuáles son las entidades en las cuales es más alto el grado de impunidad por homicidios dolosos? Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Sinaloa y Jalisco, según reseña el informe citado.

Estas circunstancias explican lo que dijo el pasado miércoles 19 de octubre del 2022 la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, quien reveló: “Permanentemente hay solicitudes de los integrantes de los partidos que critican a las Fuerzas Armadas y que llaman militarización a un trabajo profesional y extraordinario que se está haciendo. ¿Y qué es lo que piden? Piden que la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina realice actividades y tareas de seguridad en los distintos puntos del país”.

Explicó la Secretaria de Seguridad que en oficios, en privado, por llamadas telefónicas, 28 Gobernadores le han pedido este año al Secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval González, su intervención para que se instalen cuarteles en sus entidades.

“Es perfectamente legal que se haga, pero lo que no se entiende es el doble discurso, en privado piden a la Guardia Nacional, en privado están constantemente pidiendo su intervención y en público nos denostan”, expuso Rosa Icela Rodríguez.

Hasta la fecha, por lo menos en 24 estados del país el número de marinos, soldados y elementos de la Guardia Nacional es mayor que el número de agentes estatales, reseñaron los periódicos de Grupo Milenio en una información publicada el miércoles 14 de septiembre del 2022.

En la misma publicación se advierte que las secretarías de la Defensa Nacional, la Marina Armada de México y la Guardia Nacional tienen desplegados en el país, en conjunto,192 mil 831 elementos, en tanto que el personal total de las 32 corporaciones estatales suman 193 mil 890 agentes.

En Jalisco, el apoyo de las fuerzas federales llega incluso a casi triplicar el número de agentes estatales, pues se desplegaron 11 mil 763 militares, marinos y guardias nacionales en dicha entidad, pero los policías locales registrados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal apenas suman cuatro mil 296 efectivos.

Los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán se han convertido “en el paraíso de la incidencia delictiva”, señaló el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López el pasado lunes 17 de octubre del 2022.

El martes 18 de octubre del 2022, en un video que difundió en redes sociales, Enrique Alfaro, Gobernador de Jalisco respondió: “Quiero solamente decirle al Secretario de Gobernación que Jalisco, con los datos del Sistema Nacional de Seguridad, los datos que ha presentado el Presidente de la República en sus visitas, Jalisco está por debajo de la media nacional […] y que antes de nosotros hay ocho estados gobernados por Morena con una tasa de homicidios dolosos más alta que la de Jalisco”.

En 6 de diciembre del 2022 Enrique Alfaro cumplirá cuatro años como Gobernador de Jalisco; los mandatarios de las entidades que registran altos índices delictivas estarían apenas ajustando un año de gestión y habrían heredado de sus antecesores una muy alta carga delictiva.

Entre los estados gobernados por morenistas con más alta incidencia delictiva que Jalisco se puede mencionar a Colima, en donde el 1 de noviembre del 2021 Indira Vizcaíno Silva relevó en la gubernatura al priista Ignacio Peralta. También incluiríamos en la lista a Zacatecas, en donde el morenista David Monreal Ávila relevó en la gubernatura al priista Alejandro Tello Cristerna, el 12 de septiembre del 2021.

Igual habría que considerar a Baja California, donde el 31 de octubre del 2021 Marina del Pilar Ávila Olmeda sustituyó al también morenista Jaime Bonilla. Otro estado gobernado por un morenista, con alto índice delictivo, es Sonora, donde Alfonso Durazo Montaño relevó en la gubernatura, el 13 de Septiembre de 2021, a la priista Claudia Artemiza Pavlovich Arellano. Igual sucede en Michoacán, donde el morenista Alfredo Ramírez Bedolla tomó posesión de la gubernatura el 1 de octubre del 2021 en sustitución del perredista Silviano Aureoles Conejo.

“En Nuevo León el Gobernador (…) actúa con hipocresía y con egoísmo. ¿Saben ustedes cuántos elementos de policía estatal hay en Monterrey y la zona metropolitana? Ahí se llama fuerza civil, hay mil 287 policías que en realidad no prestan servicios de seguridad pública, porque lo que hacen es prestar servicio de vigilancia a empresas privadas, a cadenas de súper, tiendas de conveniencia, a gasolineras”, dijo el pasado Miércoles 19 de octubre del 2022 el secretario de Gobernación Adán Augusto López.

“Y entonces al señor Gobernador se le hace fácil levantar el teléfono, porque no es capaz ni de mandar un oficio y pedir que le manden más elementos de la Guardia Nacional, y hoy hay desplegados, entre elementos de la Guardia Nacional y elementos del Ejército Mexicano ocho mil 320 elementos (en Nuevo León)”, explicó el secretario de Gobernación.

La noche del mismo 19 de octubre del 2022, en una serie de mensajes publicados en su Twitter oficial, Samuel García, el Gobernador de Nuevo León, respondió: “No entiendo de dónde vienen sus ataques y calificativos hacia mí. No le voy a responder igual, de mí lo único que ha recibido y seguirá recibiendo es respeto y sinceridad. Le informaron mal sobre el número de policías de Nuevo León, no son mil 287; son seis mil 567 de la Fuerza Civil; de policías municipales de la ZMM son siete mil 002 y mil 152 policías rurales. En total hay 14 mil 721 elementos de seguridad”.

En descargo de sus responsabilidades y sus conciencias, hay gobernadores que con facilidad culpan al Gobierno federal de los males que sus administraciones deberían enfrentar con valor, honradez y eficiencia. Pero cuando se requiere su cooperación o participación para enfrentarlos, se escudan en imperativos morales, éticos, jurídicos, políticos e ideológicos, que se ajustan con singular facilidad a sus muy elásticos principios.

Pedro Mellado Rodríguez

https://www.sinembargo.mx/author/pedromellado

Periodista que durante más de cuatro décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace casi cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad jesuita de Guadalajara.

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