En un gordo y verdadero embrollo se ha metido la Cuarta Transformación que preside Andrés Manuel López Obrador, con el regreso del General en retiro Salvador Cienfuegos Zepeda, devuelto sin cargos por el Gobierno de Estados Unidos, a petición del Gobierno mexicano.

Tal como se anunció desde el martes 17 de noviembre al darse a conocer el comunicado conjunto del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Fiscalía General de la República (FGR), el Gobierno del país del norte retiró los cargos por narcotráfico y lavado de dinero que pesaban sobre el extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), tras lo cual fue devuelto en un jet ejecutivo al día siguiente.

Y tal como había anunciado su abogado en Nueva York, Salvador Cienfuegos regresó como “hombre libre” a México. Llegó a las 18:40 horas al aeropuerto internacional de Toluca y 32 minutos después salió en un auto particular para ir a dormir a su casa con su familia. En la media hora que estuvo en el aeropuerto, Salvador Cienfuegos fue informado por un “agente del Ministerio Público de la Federación la existencia de una investigación en la que se encuentra involucrado; carpeta que fue iniciada por esta FGR, con la información que se recibió del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, y en lo sucesivo la investigación estará a cargo de las autoridades mexicanas, a través de la FGR”, según el comunicado de la Fiscalía.

Las reacciones más amplias a este caso en la prensa y redes sociales mexicanas es de casi total escepticismo de que el Gobierno de López Obrador y el Poder Judicial vayan a completar la investigación y eventualmente juzgar a Cienfuegos. De otro lado, también hay una percepción de que con esta maniobra, se estaría demostrando otra vez la presión y la influencia de los mandos militares sobre el poder civil en México.

Cada vez son más las versiones periodísticas, hasta ahora no desmentidas, de que detrás de las peticiones diplomáticas llevadas a cabo por el Gobierno de la Cuarta Transformación, existieron presiones de altos mandos del Ejército para exigir que el extitular de la Sedena no fuera juzgado en la Corte de Nueva York, en Estados Unidos.

López Obrador ha dicho que en el juicio a Cienfuegos, también se juzgaba al Ejército mexicano. En la conferencia de prensa mañanera del miércoles 18 de noviembre salió en su defensa: “Pero aquí, además, está de por medio el prestigio de una institución fundamental para el Estado mexicano, que es la Secretaría de la Defensa, las Fuerzas Armadas, y no es cualquier cosa, no podemos nosotros permitir, sin elementos, que se socaven nuestras instituciones fundamentales”.

Justo por esta posible presión del Ejército y del protagonismo que han ganado los militares en la vida civil en los pasados sexenios y de manera destacada en el actual de la Cuarta Transformación es que hay dudas más que fundadas de que un General que encabezó la Sedena sea juzgado en México.

López Obrador y su Gobierno tienen conciencia de este escepticismo y de la duda que existe en la sociedad mexicana de que alguien como Cienfuegos sea investigado y juzgado con imparcialidad.

Pero de otro lado, tanto López Obrador como el Canciller Marcelo Ebrard saben que no investigar a fondo al extitular de la Sedena sería un suicidio político para este Gobierno.

Al menos así lo admitió el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en la conferencia mañanera del jueves 19 de noviembre: “De modo que para México no existe el escenario de impunidad, sería muy costoso para México haber optado por tener esta conversación con Estados Unidos, lograr que se desestime por primera vez en la historia los cargos contra un exsecretario, en este caso, de la Defensa, que sea retornado a México y luego no hacer nada. Ya sería casi suicida, para eso mejor no decimos nada, que se quede allá”.

En efecto. Si como suponemos muchos, Salvador Cienfuegos no va a ser imputado y al final quedará absuelto, eso significará otro golpe de credibilidad al Gobierno de la Cuarta Transformación que quiere labrar su prestigio por combatir la corrupción y la impunidad. No juzgar a Salvador Cienfuegos significaría que en México permanecen la impunidad y la corrupción, además del poder casi intocado de las fuerzas armadas mexicanas.

Y así no se confirmaran las acusaciones de la agencia antidrogas de Estados Unidos, de que el extitular de la Sedena tenía vínculos con un cártel mexicano, a Cienfuegos se le debe investigar además por todos los casos de violaciones graves a los derechos y garantías individuales ocurridas en el sexenio pasado, como han reclamado los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Los padres de los 43 y varias organizaciones defensoras de derechos humanos han recordado pertinentemente la responsabilidad del Ejército que dirigía Salvador Cienfuegos en masacres como las de Apatzingán, Tlatlaya y Nochixtlán, así como en innumerables casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y graves violaciones a derechos humanos. Durante el sexenio pasado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 3 mil 311 quejas por violaciones a derechos y garantías contra la Sedena que encabezaba Cienfuegos.

El General Cienfuegos no debe quedar impune. A menos que el Gobierno de la Cuarta Transformación quiera suicidarse.

Rubén Martín

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Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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