El proyecto de presupuestos del nuevo Gobierno para 2019, aprobado por el Congreso el pasado diciembre, prevé 15 mil 363 millones de pesos para el INE, lo que supone 950 millones de pesos menos de la cantidad solicitada por el organismo.
México, 23 de enero (EFE).- El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó este miércoles ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un recurso de inconstitucionalidad contra la reducción de su presupuesto aprobada por el Congreso al considerar que ello afecta a su “independencia”.
“La drástica reducción presupuestal determinada por el Legislativo impide que el INE, de forma independiente y autónoma, participe en la organización de los procesos electorales que se realizarán este año”, denunció el organismo en un comunicado.
El proyecto de presupuestos del nuevo Gobierno para 2019, aprobado por el Congreso el pasado diciembre, prevé 15 mil 363 millones de pesos para el INE, lo que supone 950 millones de pesos menos de la cantidad solicitada por el organismo.
La autoridad electoral, que comenzó a independizarse del Gobierno en la década de 1990, reprochó en el comunicado que este presupuesto es el “más bajo de su historia” y representa “una clara vulneración a la autonomía e independencia del Instituto”.
Además, auguró dificultades para la organización y fiscalización de las elecciones locales de este año en los estados de Baja California, Durango, Aguascalientes, Quintana Roo y Tamaulipas.
En el decreto de los presupuestos “no hay una sola explicación ni fundamentación al recorte impuesto al INE”, deploró el organismo, que consideró que el Congreso no hizo “un análisis de las consecuencias e implicaciones que supone”.
El recurso de inconstitucionalidad, conocido en México como controversia constitucional, se promueve ante la Suprema Corte para que el alto tribunal resuelva conflictos entre los poderes federales o estatales por violaciones a la Constitución.
Tradicionalmente, la izquierda mexicana, que ahora controla el Gobierno federal y el Congreso, había batallado para conseguir un órgano electoral independiente tras las constantes acusaciones de fraude electoral contra los Gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El 1 de diciembre pasado, cuando Andrés Manuel López Obrador fue investido presidente prometió que “se acabará la vergonzosa tradición de fraudes y las elecciones serán limpias y libres”.
