Luis Raúl González Pérez admitió que México “necesita mayor y mejor seguridad, pero no a cualquier costo y no de cualquier tipo”, y pidió al nuevo Gobierno mexicano, que asumió el poder el 1 de diciembre, que no renuncie a que la seguridad pública esté en manos de un organismo de carácter civil.
México, 23 de enero (EFE).- El presiente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México, Luis Raúl González, cargó este miércoles contra la Guardia Nacional, un cuerpo militar que quiere crear el Presidente Andrés Manuel López Obrador, por considerar que es una respuesta “sesgada a la violencia e inseguridad”.
Al presentar su informe anual ante la Cámara de Diputados, que el pasado jueves aprobó un dictamen para crear la Guardia Nacional, el defensor de los derechos humanos en México sostuvo que este organismo no garantizará “terminar con la impunidad”.
“Expandir la esfera de influencia de las Fuerzas Armadas a la seguridad pública (…) es una apuesta riesgosa para la democracia y la institucionalidad civil”, advirtió el presidente de la CNDH.
González Pérez admitió que México “necesita mayor y mejor seguridad, pero no a cualquier costo y no de cualquier tipo”, y pidió al nuevo Gobierno mexicano, que asumió el poder el 1 de diciembre, que no renuncie a que la seguridad pública esté en manos de un organismo de carácter civil.
Para combatir los graves índices de violencia que sufre México, donde se registraron 33 mil 341 homicidios dolosos en 2018, la tasa más alta desde que hay registros, el Presidente propuso la creación de una Guardia Nacional encabezada por el Ejército y formada por militares, efectivos navales y policías federales.
Con esta propuesta, López Obrador incumplió su promesa de campaña que pasaba por devolver a los cuarteles a los militares que desde la Presidencia de Felipe Calderón (2006-2012) patrullan por las calles del país para combatir el narcotráfico y bajo acusaciones de violaciones a los derechos humanos.
A pesar de que el Presidente prometió convocar una consulta ciudadana para el próximo 21 de marzo a fin de avalar la existencia de la Guardia Nacional, los trámites para su creación ya comenzaron en el Congreso y el Gobierno ya presentó un plan para reclutar a 50 mil jóvenes que integrarían el cuerpo.
La Guardia Nacional ha sido muy criticada por organizaciones nacionales e internacionales, como ONU-Derechos Humanos, al considerar que perpetúa la militarización de la seguridad pública en México.
Ante las demandas para que el nuevo organismo tuviera una dirección civil, López Obrador decidió que la Guardia Nacional tuviera un mandato civil administrativo y uno militar en cuanto a las operaciones.
“Aún con el mando administrativo civil que se ha planteado, continúa siendo una respuesta parcial, incompleta y sesgada a la violencia e inseguridad, con una visión coyuntural y de corto plazo”, reprochó hoy el titular de la CNDH.
González Pérez también criticó la reforma legal impulsada del bloque izquierdista que apoya a López Obrador a fin de aplicar la prisión preventiva a los acusados de por delitos de corrupción, robo de hidrocarburos y mal uso de programas electorales.
El defensor de los derechos humanos recordó que la Constitución señala que la prisión preventiva “es de carácter excepcional” y aseveró que “la ampliación del catálogo de delitos no garantizaría que el Ministerio Público cumpliera con su obligación de investigar cada caso de manera objetiva”.
Lamentó que durante el año pasado “México no pudo superar la crisis que enfrenta en materia de derechos humanos” puesto que se superaron récords de asesinatos e imperó “la impunidad” en casos de desapariciones de personas, actos de tortura y abusos de migrantes.
El titular de la CNDH mantuvo una tensa relación con el predecesor de López Obrador, Enrique Peña Nieto, quien dejó el poder el 1 de diciembre y a quien acusó el año pasado de permitir que el “dolor y la impunidad” persistieran.
Por ello, el ombudsman mexicano insistió hoy que el cambio político del país debe ser una “oportunidad para que, desde la distintas instancias del Estado, se trabaje para incidir significativamente en el abatimiento de las violaciones a los derechos fundamentales”.
