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Jaime García Chávez

23/01/2023 - 12:03 am

El espinoso caso de tortura de Francisco González

La voluntad política que impulsa la persecución penal de Francisco González emana de una decisión de María Eugenia Campos Galván, panista y rival de Corral Jurado y también señalada de haberse beneficiado política y económicamente de la tiranía de la cual fue inocultablemente cómplice.

La Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos. Foto: Cuartoscuro

Para el filósofo contemporáneo André Comte-Sponville, la tortura es “un comportamiento específicamente humano, que dice mucho sobre nuestra especie”. El hombre, dicho así sin carga de género, es el único ser de la naturaleza que tortura. Esa conducta es bestial, atroz, cruel, aberrante, detestable. Desde los albores de las inquisiciones se le ha combatido en reconocimiento de la dignidad, pero sobre todo en resguardo de la integridad personal para poner un valladar a la crueldad degradante.

Hace muchos años, valiéndose de ella, se buscó herejes, apóstatas, blasfemos y alquimistas, y detrás siempre se encontró la pretensión de imponer una sola concepción del mundo y de la vida, y en innumerables casos la venganza propia de los detentadores del poder de todo tipo, espiritual o terrenal, de acuerdo a la frase que es un lugar común. 

En el mundo contemporáneo, la tortura está condenada universalmente. Constituciones y códigos la proscriben, pero es un mal muy arraigado, tan pronto quitas la cáscara encuentras la almendra de la violencia para perseguir, doblegar y, lo más reiterado, para obtener declaraciones de autoacusación de prisioneros que, ofendidos con ese método ancestral, obligan a la confesión o la denuncia, lo que sea para evitar el sufrimiento.

La tortura tiene rango de delito, agigantado por involucrar al personal mismo del propio Estado: policías, militares, fiscales, carceleros, que emplean físicamente los suplicios corporales o mecanismos psicológicos, a veces intangibles, como el aislamiento, el sometimiento a la oscuridad, la incomunicación, el impedimento del sueño y demás.

Pero también a los autores intelectuales, que por lo general están distantes y que ordenan y requieren resultados a modo de sus propios y deleznables fines.

En Chihuahua al doctor en derecho Francisco González Arredondo se le tiene procesado y en prisión, imputado de haber cometido tortura en contra de un conjunto de exfuncionarios de la tiranía corrupta de César Duarte, y en su antigua calidad de principal fiscal, encargado de la tarea anticorrupción ordenada por Javier Corral Jurado durante su Gobierno quinquenal. Él la denominó “Operación Justicia para Chihuahua”.

La voluntad política que impulsa la persecución penal de Francisco González emana de una decisión de María Eugenia Campos Galván, panista y rival de Corral Jurado y también señalada de haberse beneficiado política y económicamente de la tiranía de la cual fue inocultablemente cómplice. Luego, se habla de una venganza que involucra a dos personajes del PAN chihuahuense, pretendiendo hacer de González Arredondo un delincuente.

El caso es importante. No se le debe dejar en el solar del provincianismo y las reyertas propias de los localismos a que se condena estos asuntos por los medios. De entrada llama la atención que el fiscal que armó los expedientes anticorrupción esté en la cárcel, donde también está César Duarte con un pie en la calle, libre y voraz, para reclamar como propio lo que robó y, además, sediento de venganza. 

Francisco González recibió de Javier Corral un encargo difícil, a qué dudarlo, y su jefe inmediato fue el Fiscal General César Augusto Peniche Espejel, un abogado made in PGR. Antes de la administración corralista, aquel fue funcionario de alto nivel en los gobiernos priistas de José Reyes Baeza y César Duarte. A este le sirvió como coordinador del área antisecuestros de la fiscalía estatal, para terminar su carrera, hasta ahora, con dos encargos en la propia Fiscalía, de una parte el sensible rubro de derechos humanos, y de otra el armado de la Operación Justicia para Chihuahua para perseguir a César Duarte y a sus principales cómplices y operadores, que en buen número fueron a parar a la cárcel con procesos abiertos en los tribunales de Chihuahua, espacio estatal donde presuntamente González cometió los actos de tortura que lo mantienen bajo proceso y en cautiverio.

Quienes vivimos en Chihuahua somos testigos de que se orquestó desde el Gobierno de Maru Campos toda una campaña mediática para generar el caldo de cultivo para exonerar a Duarte. El recurso fue provocar piedad social en favor de los colaboradores del corrupto exgobernador por supuestas torturas psicológicas sufridas a manos de González Arredondo. No se habla de que haya habido tortura física.

Los acusadores son –nunca estará de más subrayarlo– una pandilla de atracadores y ladrones de los bienes públicos junto con su jefe. Desde 2010 que asumió el poder César Duarte, insistí en este aspecto denunciando la corrupción política, corriendo riesgos y las más de las veces sin una solidaridad militante suficiente. Fue una lucha muy desigual pero en el expediente AP/PGR/UEAF/001/2014-09 se lograron acreditar las imputaciones de corrupción, básicamente en el voluminoso sumario que está en los archivos de la actual Fiscalía General de la República. Igual denuncia se presentó en su momento ante la Fiscalía estatal de Chihuahua, sin modificación de ninguna especie.

Esa denuncia fue básica para que Javier Corral ganara la gubernatura, propósito este que nunca estuvo en la agenda de la organización Unión Ciudadana, el instrumento cívico de la lucha contra Duarte. Pero a la hora del triunfo electoral de 2016, Corral traicionó, emprendiendo otra ruta en la que Francisco González Arredondo coparticipó, por orden jerárquica, de dos nefastas decisiones: congelar el expediente histórico, consistente y sólido, y proteger a Jaime Ramón Herrera Corral, exsecretario de Hacienda con Duarte y cerebro financiero de toda la corrupción grave de gran parte del ciclo sexenal duartista. Es una deuda y una falta de González Arredondo que constituye un claro agravio a la sociedad chihuahuense y que en lo personal, como denunciante, he padecido.

Empero González Arredondo es un jurisperito, tiene tablas sin duda. Para él pido un juicio justo, un apego escrupuloso al debido proceso y una sentencia profundamente sustentada en cualquiera de sus vertientes: si inocente, inocente; si culpable, culpable.

Si como dicen sus simpatizantes que han salido a la calle, es víctima de una venganza de la Gobernadora Campos Galván, y si eso se demuestra a plenitud y sin politiquerías, la Gobernadora debe caer. Se ha dicho que hemos llegado hasta aquí por una recomendación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se procese a González Arredondo. Quiero decir que no la he encontrado en una ardua búsqueda, acompañado de abogados versados en el tema. Sostengo que no se ha pronunciado, a la vez que pido que si alguien sabe de su existencia, que la haga pública.

Soy escéptico de la justicia mexicana, pero no me es dado andar gritando en la calle que “todos somos Paquito”. Si él fue el artífice para sofocar la mejor denuncia penal contra César Duarte, y por el ego de Javier Corral se permitió que un delincuente como Jaime Herrera esté libre e impune so pretexto de su colaboración como testigo protegido, que hasta ahora se ha mantenido en la secrecía, luego entonces es dable tener incertidumbres acerca de su conducta como fiscal.

 Abona a este juicio lo que se escucha en los medios judiciales, entre jueces, secretarios y ministeriales, que con mucha sorna quedaban asombrados cuando lo nombraron fiscal para los derechos humanos.

Aquí hay algo muy delicado. 

20 enero 2023

Jaime García Chávez
Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.
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