La Auditoría Superior de la Federación y su titular, David Colmenares, pasaron en cuestión de horas de señalar un sobre costo del 232 por ciento por la cancelación del Aeropuerto Internacional que se buscaba construir en Texcoco, a reconocer que hay inconsistencias en la metodología para determinar esta cifra. Sin embargo, no se trata de la única corrección. Una situación similar se presentó con los señalamientos hechos contra la Secretaría de la Función Pública (SFP), donde primero responsabilizó a esta dependencia de negarse a ser fiscalizada y después el propio auditor dijo que no hubo tales obstáculos. ¿Qué sucede con estas contradicciones? Esto es #LoQueSabemos.

Ciudad de México, 23 de febrero (SinEmbargo).- Unas horas bastaron para que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) saliera a señalar que hubo inconsistencias en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, en específico en sus estimaciones sobre lo que costó la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) que se proyectaba en Texcoco. La fe de erratas vino después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador saliera a desestimar los cálculos que señalaban que echar para atrás esta obra costó 331 mil millones de pesos, es decir, un 232 por ciento más que el monto estimado. Lo cual, ahora se sabe, no fue así.

Lejos de ser la única inconsistencia, el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, salió a aclarar —antes de que reconociera su imprecisión con el costo de la cancelación del aeropuerto— otro de los hallazgos que generaron polémica en la fiscalización de la cuenta pública: la negativa de la Secretaría de la Función Pública (SFP), que encabeza Irma Eréndira Sandoval, a ser fiscalizada.

El informe de la Auditoría contiene un aluvión de observaciones hacia esta dependencia por un supuesto funcionamiento deficiente que pudo ser determinante para no llevar a buen puerto sus tareas de control interno en el Gobierno federal, a lo cual se sumó la denuncia de que hubo obstáculos para que el equipo auditor llevara a cabo sus labores.

La Función Pública aclaró en un principio que la ASF no emitió ninguna promoción de responsabilidades administrativas sancionatorias, ni ninguna solicitud de aclaración hacia esta dependencia. “Lo único que recibimos… fueron recomendaciones para fortalecer el control interno, las cuales tomaremos en cuenta con total responsabilidad a fin de alcanzar mejoras en la operación”, expresó.

Posteriormente, fue el propio Auditor Superior quien —en medio de la polémica por lo contenido en el informe— salió a matizar en una entrevista con Radio Fórmula que en realidad no hubo obstáculos y que incluso en la SFP “trabajaron bien” con el equipo auditor. 

“Nos entregaron toda la información pertinente, estuve al tanto de lo mismo. Tenemos ahí nuestras observaciones en desempeño, pero no tuvimos obstáculo, ahí sí lo quiero aclarar, de Función Pública, en ninguna auditoría que hubiéramos hecho en ninguna otra dependencia del Gobierno federal”, dijo Colmenares.

Eduardo Bohórquez, director general de Transparencia Mexicana, explicó en entrevista con SinEmbargo —previo a la precisión del Auditor— que el señalamiento hecho hacia la SFP era un tema delicado que agregaba tensión “a un ya dañado tema de fiscalización y control, y al propio Sistema Nacional Anticorrupción”.

¿QUÉ ENCONTRÓ LA AUDITORÍA?

El informe de la Auditoría detectó la falta de un plan estratégico de la SFP en donde se establecieran sus objetivos, metas, estrategias y prioridades en el corto, mediano y largo plazos, irregularidades en la contratación de personal y deficiencias en los mecanismos de control para verificar la evolución patrimonial de los servidores públicos.

Aunque el señalamiento más grave fue el que recayó sobre la Función Pública por su supuesta su negativa a ser fiscalizada por la Auditoría Superior de la Federación, quien advirtió que esta dependencia no permitió que el equipo auditor tuviera acceso a sus instalaciones y archivos, a la par que sus servidores públicos se negaron a comparecer, una situación que ha negado la dependencia a cargo de Irma Eréndira Sandoval.

La Auditoría señaló que en particular la SFP se negó a entregar información de un expediente de investigación integrado por presuntas anomalías e incongruencias en el estado patrimonial de un líder sindical, de quien no se da el nombre, argumentando que no contaba con esta información. 

Entre las actitudes señaladas por la ASF destacan además que no se permitió al equipo auditor realizar entrevistas complementarias bajo el argumento de que la suspensión de labores provocada por la emergencia sanitaria no lo permitían. 

“Se concluye que la posición adoptada por la SFP durante el proceso de fiscalización resultó ser incongruente con la estricta aplicación de los principios de transparencia, rendición de cuentas, y combate a la corrupción y a la impunidad que la propia dependencia federal impulsa en el ámbito de sus facultades”, refirió la ASF.

El informe —realizado a 24 órganos internos de control de las dependencias— encontró además irregularidades y deficiencias en el proceso de contratación y gestión profesional de seis de los 50 servidores públicos que ocuparon 29 plazas en la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control (CGOVC). En estos casos, la SFP proporcionó 49 currículos, de los cuales 21 no estaban actualizados al momento de la revisión. La Auditoría detectó además que un Coordinador General, dos delegados y comisarios públicos, de Economía y de Salud, Trabajo y Seguridad Social, y tres subdelegados y comisarios públicos suplentes de Desarrollo Económico, de Energía y de Educación y Cultura, no contaron con los años de experiencia requeridos en los perfiles de puesto.

La Auditoría también detectó inconsistencias en los controles establecidos para verificar la evolución patrimonial de los servidores públicos. Refiere que, durante 2019, se presentaron un total de 575 mil 834 declaraciones patrimoniales, sin embargo, encontró que el proceso de fiscalización “careció de mecanismos de control eficientes que le permitieran comprobar el cumplimiento de esta obligación, así como la verificación del contenido de la información de las declaraciones”.

El mismo informe indica que cinco de las 10 investigaciones de evolución patrimonial se relacionaron con el contenido y temporalidad de diversas notas periodísticas publicadas a lo largo del ejercicio fiscal, adicionales a las dos que se realizaron a petición de instituciones externas a la SFP, y sólo tres de ellas fueron sugeridas por el área de quejas del órgano interno de control y las unidades de responsabilidades.

Respecto a los expedientes generados por las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas por presuntas faltas administrativas, la SFP no contó evidencia documental que acreditara las actividades realizadas durante 2019. Además, se comprobó que la información del Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados no fue actualizada desde el ejercicio fiscal 2018.

En ese sentido, la ASF indicó que de prevalecer estas deficiencias identificadas, la CGOVC, los siete comisariatos en los que se agruparon las 329 instituciones que conforman la Administración Pública Federal, y los 216 órganos internos de control que componen esta estructura de vigilancia y control, “estarán lejos de cumplir los objetivos y las metas para los cuales fueron conformados, en términos de constituir uno de los instrumentos para erradicar el dispendio, la frivolidad, la corrupción e impunidad administrativa”.

¿QUÉ RESPONDE LA FUNCIÓN PÚBLICA?

La Función Pública negó a través de una tarjeta informativa —firmada por su director de comunicación social Raymundo Alva Huitrón— que se hubiera retenido información para los auditores e indicó que “en los casos de excepción”, en los que fue material o jurídicamente imposible entregar la documentación solicitada en el tiempo y la forma requerida por el ente fiscalizador, se expusieron de las razones que justificaban dicha imposibilidad.

“Se han atendido en tiempo y forma todos los requerimientos de información y se ha proporcionado toda la evidencia para atender las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como parte de la revisión a la Cuenta Pública 2019. No existe ningún oficio de respuesta que consigne negativa alguna de entrega de información. Tampoco existe prueba de algún rechazo de atención al equipo auditor”, indicó la dependencia. 

La Función Pública indicó además que en ningún momento negó el acceso a sus expedientes ya que se pusieron a disposición de la ASF los más de 30 mil expedientes de investigación que requirió para que fueran revisados en las instalaciones donde se encontraban, sin embargo señaló que la entidad fiscalizadora no acudió a la revisión.

Además dijo que “es incorrecto” que se negara la comparecencia de servidores públicos, ya que cuando se solicitaron las entrevistas, la Función Pública expuso por escrito el extrañamiento por el requerimiento, ya que legalmente éstas no forman parte de la auditoría; sin embargo indicó que no hubo respuesta por parte de la ASF.

“Como subrayó el propio auditor superior en su informe a la Cámara de Diputados, las condiciones de fiscalización fueron extraordinarias en 2020, y limitaron la capacidad de los auditores, así como de los sujetos auditados, para acceder a la información requerida. En este sentido, la Administración Pública Federal siempre procuró dar cumplimiento a todos los requerimientos de información”, respondió la dependencia.

¿Y QUÉ DICEN LOS EXPERTOS?

Eduardo Bohórquez, director general de Transparencia Mexicana, explicó que primeramente hay que tener en cuenta el momento procesal en el que se encuentran las observaciones hechas a la Función Pública debido a que forman parte de un proceso en el cual la dependencia podrá solventar los hallazgos detectados por la Auditoría, aunque consideró que es un “asunto delicado” el que se señalara a la ASF de impedir el acceso a su equipo de trabajo para cumplir con el procedimiento de fiscalización.

“Son dos temas, uno es que se le impidiera el paso a los auditores de la ASF, que es una acusación fuerte, y el otro tema es el desempeño de la Secretaría de la Función Pública en términos de lo que coloquialmente se conoce de la 3de3. Yo creo que ahí lo que está calificando es el desempeño de la propia revisión del seguimiento a la situación patrimonial”.

Bohórquez precisó que esto se debe a que por un lado la Secretaría sólo investiga la situación patrimonial de aquellos que ya fueron acusados por ejemplo por la prensa. “Es decir, ya que están en un escándalo, entonces sí los investigan, pero que no hay sistema permanente y sistemático para investigar la situación patrimonial de muchos servidores públicos”. 

En ese sentido, advirtió que hay tres elementos para determinar que una política anticorrupción funciona: “Primero, si se van por redes de corrupción y no solo por individuos; segundo, si las redes de corrupción quedan desmantelada y las sanciones las impone un juez, y en tercer lugar si se recuperan las activos desviados”.