En tiempos electorales, suelen complicarse los procesos penales que tienen pendientes algunos candidatos o precandidatos, y suele haber una doble intención en ello, porque hay quienes quieren aprovechan las circunstancias jurídicas adversas de sus contrarios.

Quienes estamos convencidos de que la corrupción política debe extirparse como tarea fundamental de la transformación del país, y que ese es el reto de Morena, sabemos que ese objetivo sólo se cumplirá con intransigencia en los hechos, pues las palabras contra los ladrones con poder tienen el mismo efecto que los cañones que pidió Napoleón se dispararan desde París contra el Vaticano.

En Chihuahua, se da una de esas batallas contra un amplio grupo de políticos, más de 30, que fueron beneficiados con recursos públicos por el gobernador César Duarte; de ellos, casi una decena han sido vinculados a proceso con cárcel como medida cautelar, algunos más son ajenos a Morena y otros se han acercado al partido, atraídos por el encanto del poder.

Frente al trámite de las investigaciones que se siguen contra la candidata del PRD y Acción Nacional a la Gubernatura, cinco compañeros de profesión hemos propuesto a los abogados Chihuahuenses estas reflexiones:

Expresamos nuestra preocupación por las irregularidades observadas en las actuaciones de la defensa y los jueces del poder judicial del Estado de Chihuahua, de las que se advierte una actitud permisiva con la evidente estrategia electoral que María Eugenia Campos Galván ha utilizado en los dos procesos que se siguen por su conducta, pues en ambos casos se ha buscado alargar el proceso jurídico con la intención de que la indiciada no enfrente la justicia y así lograr su impunidad.

Lo anterior, se afirma por las practicas que la defensa ha utilizado para desviar la atención de las dos investigaciones realizadas: la primera que estuvo a cargo de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y que se le conoce como el caso de la “nómina secreta” dentro de la que se entregaron cantidades millonarias a políticos por la Administración de Duarte; la segunda que se realizó por la Fiscalía Anticorrupción, por la denuncia de entrega de por dinero como pago por el ilegal otorgamiento de un contrato de servicio de limpieza y mantenimiento de parques, jardines y camellones durante la gestión de la alcaldesa con licencia María Eugenia Campos Galván.

Las y los chihuahuenses estamos cansados de que la justicia sea obstaculizada por el influyentismo y el compadrazgo. Es por eso que estaremos atentas y atentos a las audiencias a celebrarse por las y los CC. jueces de Control; principalmente de que no se vuelvan a diferir ya que, de hacerlo, se estaría violentando el Artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que ordena celebrar la audiencia inicial dentro de los quince días siguientes a la presentación de la solicitud.

Consecuentemente, los procesos que se le siguen a María Eugenia Campos Galván por recibir dinero ilícito en el ya referido caso de la “nómina secreta” y el segundo por cohecho durante el tiempo que fue Presidenta Municipal, no pueden volver a diferirse.

Asimismo, después de la formulación de imputación deberá de resolverse sobre la situación jurídica, por la o el juez de Control, del que estaremos pendientes toda la comunidad chihuahuense. que exigimos sea congruente con los precedentes en los juicios que se siguen a otros políticos.

Lo anterior con fundamento en los artículos 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Advertimos que no cejaremos en la lucha contra la corrupción y la inmoralidad del funcionariado. Y que sea como sea el pueblo los juzgará.

Ciertamente, que en este país la honorabilidad de los políticos ha sido excepcional por su ausencia, pero si no se incorpora la ética a la Administración Pública como parte de la cultura ciudadana, el cinismo de los gobernantes continuará destruyendo por las noches lo que se construya durante el día en este esfuerzo por moralizar la vida comunitaria.

Resuelvan lo que resuelvan los jueces, los tribunales ciudadanos emitirán sus juicios, que suelen ser más duros y eficaces que algunas sentencias puramente legales.

Gustavo De la Rosa

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Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.

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