El Relator Especial de la ONU sobre la Tortura, Juan E. Méndez. Foto: EFE.

El Relator Especial de la ONU sobre la Tortura, Juan E. Méndez. Foto: EFE.

Ciudad de México, 23 de abril (SinEmbargo).– Organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, denunciaron ante el Relator Especial de la ONU sobre la Tortura, Juan E. Méndez, el aumento del 500% en los casos de tortura durante el sexenio del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, el cual relacionaron con su estrategia de seguridad. Pero además advirtieron sobre la continuidad y persistencia de esta práctica en el primer año de Enrique Peña Nieto.

La Red Nacional “Todos los Derechos para Todas y Todos”, Amnistía Internacional, Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez  y el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, entre otros, expusieron al enviado de la ONU  las principales preocupaciones en torno a la persistencia de la práctica de la tortura en México.

Durante la reunión integrantes de las organizaciones de la sociedad civil expresaron que del 2006 a la fecha existieron aproximadamente 11 mil personas arraigadas, de las cuales 3.2% cuentan con una condena, por lo que esta figura es violatoria de derechos humanos y da pie a la tortura, la cual se realiza principalmente en cuarteles militares; por lo que se debe de eliminar de la Constitución y promover la abolición de ésta práctica.

Denunciaron el uso de la tortura como método de investigación por parte de las fuerzas de seguridad, con la finalidad de que las personas acepten confesiones bajo tortura y se autoinculpen, según informaron en un comunicado de prensa.

Asimismo, afirmaron que los tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes son utilizados por la autoridad como métodos de disciplina para niños y niñas en instituciones de cuidado alternativo o educativas o como forma de criminalizar su modo de vida y de sobrevivencia en el espacio público

Los organismos civiles dijeron que la militarización como estrategia de seguridad pública ha provocado el aumento de casos de tortura y el fuero militar no permite que los responsables sean llevados a la justicia civil. Por ello pidieron una reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar, fracción II, para asegurar que ningún caso que involucre la participación de un militar en la violación de los derechos humanos sea investigado o juzgado en el sistema castrense.

Informaron que el uso desproporcionado de la fuerza policial contra periodistas durante las manifestaciones y protesta social, se ha incrementado a raíz del 2 de diciembre de 2012, por lo que se deben de elaborar protocolos de actuación para elementos de la policía que eviten el uso excesivo de la fuerza y se facilite la labor informativa.

Ante este panorama exigieron que el Estado mexicano cumpla con la obligación de no admitir las pruebas o confesiones presentadas a los jueces bajo tortura, e investigue inmediatamente cuando se denuncia ésta práctica.

Pidieron que se introduzcan mecanismos de control del uso de fuerzas para todas las fuerzas de seguridad pública, y se implemente un sistema de evaluación y sanción por hechos que violan a los derechos humanos.

Además denunciaron que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura no está operando, por lo que pidieron que se consolide un Mecanismo autónomo con un marco legal conforme a los Tratados Internacionales.

Exhortaron al Estado mexicano a generar información estadística que permita conocer y dar seguimiento a los casos de aplicación de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes a niñas, niños y adolescentes y que genere mecanismos para garantizar que estos no queden impunes.

Entre otros temas que las organizaciones expusieron se encuentran: la situación de las personas en situación de reclusión y los castigos corporales y encierros prolongados a los que son sujetos como medidas disciplinarias; los tratos crueles inhumanos y degradantes a los que son sometidas las mujeres en los servicios de salud para la atención de partos; los abusos y maltratos sufridos por personas que padecen enfermedades mentales, consideradas discapacidades psicosociales; la ausencia de datos confiables sobre niñas y niños institucionalizados por el Estado y que da lugar a muchas formas de abusos, así como lo que refiere a las y los adolescentes que que se encuentran en conflicto con la ley penal.

En materia de migrantes, destacaron los tratos inhumanos que se les dan dentro de las estaciones migratorias y se señaló que la falta de investigación e impunidad en los casos de personas desaparecidas que también generan una forma de tortura psicológica para las familias de las víctimas quienes siguen clamando verdad y justicia.