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¿Con qué se paga el ejército de 8 millones de bots y trolls que opera en las elecciones 2018?

23/04/2018 - 10:00 pm

Aunque en la elección de 2012 fue notoria su presencia y en 2016, el Consejo del INE fortificó su método de fiscalización, la legislación electoral mexicana no evolucionó tanto para cuestionar a los millones de bots y trolls en las redes sociales. El pago para que estas cuentas ficticias y robotizadas actúen es un agujero por donde se va parte del dinero de los partidos políticos sin dejar rastro ante los ciudadanos. Sin obligación para los partidos políticos de reportar sus nombres, las agencias que los fabrican son simples fantasmas en una industria que opera en la opacidad. Ni siquiera está comprobado que generen votos, pero ahí están, en multitud.

Especialistas en materia electoral y en la Internet coinciden en que la elección más grande de la historia, la de este 2018, las redes sociales son tierra de nadie donde se da una batalla por posicionar temas a conveniencia y aventar aludes de lodo, pero no generar debate con ánimo constructivo.

SEGUNDA DE DOS PARTES

Por Linaloe R. Flores e Ivonne Ojeda de la Torre

Ciudad de México, 23 de abril (SinEmbargo).– En la elección de 2018, la más grande de la historia de México por los cargos a elegir, la presencia de bots y trolls es evidente en el campo de batalla en el que a estas alturas están convertidas las redes sociales. Contenido monotemático a veces falso y aludes de lodo a adversarios desde perfiles con pocos seguidores delatan sus existencias de ficción. Por ellos, los partidos políticos pagan millones de pesos que se escapan de la fiscalización del Instituto Nacional Electoral y cualquier mecanismo de transparencia ante los ciudadanos, coinciden especialistas en Elecciones y Redes sociales.

Para Metrics, firma de servicios consultivos y desarrollo de plataformas tecnológicas para soluciones de inteligencia de negocios, la comunicación ya no ocurre de manera vertical; es decir, desde las autoridades hacia los ciudadanos. Hubo un tiempo, en México, en el cual, en las campañas políticas sólo hablaban los candidatos mientras los ciudadanos los escuchaban en mítines o sentados frente a la televisión. Hoy, los ciudadanos también hablan e increpan a los hombres y mujeres que aspiran a gobernarlos.

En un estudio sobre ciberseguridad, Metrics expone: “La información viaja de manera omnidireccional y en muchos casos de forma ascendente. En este proceso, casi una tercera parte se genera por bots destinados a impactar en la conversación electoral, la cual busca influir en la opinión pública, especialmente, en aquellos que no han tomado la decisión de por quién votar”.

Eduardo Huchim, analista de los sistemas electorales de México, advierte que “el pago de estas cuentas ficticias es uno de los agujeros del gasto de los partidos políticos”. Para el politólogo, ex consejero del antiguo Instituto Federal Electoral en el otrora Distrito Federal, “no hace falta legislar porque el Instituto Nacional Electoral (INE) ya tiene facultades suficientes para investigar la actividad en las redes sociales y preguntar por qué, en la conversación, intervienen cuentas automatizadas”.

Huchim añade que en México legal y éticamente, los partidos están obligados a reportar todo.

“Se entiende que los bots y trolls significan un pago poco ético y resultaría ilógico que lo dijeran. De modo que la Unidad de Fiscalización del INE debe buscarlos, preguntarles, seguir la ruta del dinero en cuanto los detecte”.

En 2016, el Consejo General del INE aprobó reformas a su Reglamento de Fiscalización para reforzar la revisión de los gastos realizados en publicidad político electoral en redes sociales. Fue una necesidad reconocida por la Unidad Técnica de Fiscalización del instituto al revisar operaciones de 2015 y 2016 de los partidos en redes sociales.

Pero los brazos de esta fiscalización no alcanzaron a las cuentas automatizadas. En la elección del Estado de México que llevó al Gobierno a Alfredo del Mazo Maza, candidato de la alianza que formaron el Partido Revolucionario Institucional y el Verde Ecologista de México, dejaron de comprobarse 3.7 millones de pesos de gasto en redes. Algo similar ocurrió en Coahuila donde Miguel Riquelme, candidato priista [hoy Gobernador del estado], rebasó el gasto permitido con un millón 771 mil pesos. En ese caso, la Unidad de Fiscalización del INE detectó 151 videos en redes sociales no reportados o con un costo menor.

Así se llegó a la elección de 2018, un proceso que empezó el 8 de septiembre de 2017 y va a terminar el 1 de julio del 2018. Sólo en Baja California y Nayarit no habrá comicios. En total, se disputan 16 mil puestos de elección. Este es también el proceso en donde habrá más dinero. El costo está calculado en 25 mil millones de pesos sólo en cuanto a los puestos a nivel federal. El padrón electoral, al cierre de 2017, era de 88 personas, dos millones más de los usuarios de la Internet, según Metrics.

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En este texto van a faltar nombres y montos. Los nombres de las agencias de marketing político que en sus paquetes de servicios incluyen la fabricación de bots y trolls, así como de las granjas donde van a habitar. Incluso, el tiempo que van a vivir.

Faltarán los montos del dinero que esas agencias han ganado en pasadas elecciones y lo que en el presente proceso electoral están ganando. No siempre se pagan empresas. A veces, las cuentas automatizadas surgen del interior de los mismos equipos de campaña.

Para Alejandro Cárdenas, estudioso de la evolución de las redes sociales, al final, el escenario donde operan bots y trolls se consolida por la falta de transparencia. El experto explica que el formato del padrón de proveedores de los partidos ante el INE no logra ser tan exhaustivo ni tan claro; de modo que bien puede dejar de reportarse este gasto. Así, las cuentas automatizadas pueden vivir y morir sin dejar rastros de sus costos.

“Las agencias de marketing –dice el experto– tendrían que estar en el padrón de proveedores. Un gran ejemplo de cómo no pasan a este registro es que Cambridge Analytica no está cuando ya está comprobado que sí fue contratada en México. Ahí pudo haber un delito que no dejó rastro. Además, no se pueden ver facturas”.

Cárdenas, quien obtuvo el grado  con una investigación sobre las redes sociales, añade: “Se trata de la consolidación de la industria tecnológica electoral. Es una industria multimillonaria en opacidad que afecta al discurso. Y si ellos son los especializados en afectar al discurso, están afectando al debate orgánico”.

En palabras del politólogo Enrique Toussaint, de la Universidad de Guadalajara, los bots y trolls sólo se entienden en la llamada economía del odio que al final, desemboca siempre en noticias falsas. Esto funciona mediante abuso verbal y hasta acoso en una interacción en la que predomina la negatividad. Es guerra sucia, casi siempre.

“El problema es que la fiscalización del INE no alcanza el contenido de los mensajes en redes sociales. Si en televisión hay difamación, procede una queja ante la autoridad electoral que puede actuar. Pero en los medios digitales ello no ocurre. Dado que no hay regulación, las cuentas falsas que actúan libres en una zona de nadie”, explica Alejandro Cárdenas, también profesor en la Universidad Iberoamericana y la Universidad Nacional Autónoma de México.

En redes sociales no hay regulación, por lo que las cuentas falsas actúan libres y en zona de nadie, dice Alejandro Cárdenas, profesor en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad Autónoma de México. Foto: EFE

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Ahora bien, ¿para qué tantos bots y trolls? ¿Realmente impactan en los votos que es lo que al final interesa? En Estados Unidos, en la elección presidencial en la que por primera vez se eligió a Barack Obama se observó por primera vez el uso de las redes sociales como mecanismo de comunicación entre el candidato y los electores. Según Centro Político, escuela de consultoría política, las redes no tienen un rol definitivo en las elecciones, pero algunas encuestadoras indican que para los ciudadanos sí se han convertido en referentes mientras avanzan los procesos.

Colombia es un caso que muestra cómo las redes sociales no son un termómetro infalible. Antanas Mockus y Sergio Fajardo eran una fórmula que le haría contrapeso a la continuidad del Gobierno de Álvaro Uribe. En redes, los dos candidatos se volvieron populares y en la esperanza de una generación. Pero llegaron las elecciones y las urnas brindaron otro pedazo de realidad. Santos obtuvo el doble de votos de Mockus. En la segunda vuelta se llevó el 69.12 por ciento del total de los sufragios.

Alejandro Cárdenas dice que hasta ahora, no hay trabajos empíricos que detecten una correlación del voto con el uso de la Internet en campañas políticas.

“Miguel Ángel Mancera, postulado por el PRD, no tenía redes, y ganó de manera abrumadora en 2012 en el antiguo Distrito Federal. Intenet tiene un potencial democrático, pero no se ha podido corroborar”, comenta.

LOS PEÑABOTS NO DEJARÁN RASTRO

En el proceso presidencial de 2012 se inauguraron en México los canales de comunicación cibernéticos entre el Gobierno y los gobernados. Las redes no importaban tanto en las elecciones de 2006, cuando Felipe Calderón Hinojosa se convirtió en Presidente de la República. Twitter no existía en México, Facebook era apenas un club de amigos sin impacto en la política nacional y Youtube era, para resumirlo en una palabra, “entretenido”.

En esa elección nacieron los llamados “peñabots”, cuentas automatizadas que  lograron tirar tendencias y posicionar algunas a favor de Enrique Peña Nieto. Estos bots continuaron en cuanto pasó la elección. Ahora, cuando el Gobierno peñanietista está a punto de expirar, en las erogaciones de la Presidencia no ha quedado huella de ningún pago que pudiera demostrar que sí estuvieron con sus presencias fantasmagóricas. Sin el rastro del dinero será difícil contar su historia en el futuro, cuando Peña Nieto haya salido de Los Pinos.

Si se sigue la respuesta que dieron tres instancias de la Presidencia de la República mediante una solicitud de información, ninguna agencia fue contratada para realizar este servicio y el equipo dentro de Los Pinos no se dedicó jamás a ello. La Coordinación de Estrategia Digital Nacional rechazó que haya realizado algún contrato al respecto, la Dirección General de Finanzas y Presupuesto respondió que no localizó ninguna factura para promocionar información en LA Internet y la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República dijo que no contaba con ningún registro al respecto.

Ante tales negativas, el Comité de Información de la Oficina de la Presidencia declaró “inexistente” la información relacionada con el pago para promocionar determinados temas en redes sociales o halagar al Primer Mandatario. En otras palabras, declaró que los llamados “peñabots” no existen ni existieron.

Pero los “peñabots” no sólo se han notado en México; sino que han sido detectados desde la academia extranjera. Según el estudio de la Universidad de Oxford, titulado Troops, Trolls and Troublemakers: A Gloval Inventory of Organized Social Media Manipulation, México está entre 29 países que utilizan “cibertropas” o “ejércitos de bots” para influir en las principales redes sociales como Twitter, Facebook y hasta Instagram. Se trata de naciones con Gobiernos democráticos o unipersonales, así como religiosos.

“En México también existen tropas cibernéticas patrocinadas por el Gobierno que atacan a periodistas y provocan la desinformación en los medios de comunicación; estas tropas usan una combinación de la automatización e interacción humana”, se lee en el estudio.

La investigación fue dirigida por Samantha Bradshaw y Phillip N. Howard. En su presentación, los autores describieron el modus operandi de las cuentas falsas que es casi el mismo en cada país. “(Los bots) promueven agendas (como en Serbia), la difusión de información favorable a los gobernantes (como en Vietnam) o automatizan un software que imita el comportamiento de los humanos (entre ellos Argentina, Filipinas, Rusia, Turquía, Venezuela y México)”.

En las elecciones de 2018, los bots y los trolls tampoco dejarán huella. Los partidos políticos no tienen la obligación de precisar cuál es su costo ante la INE y tampoco hay mecanismos de transparencia sobre su existencia de ficción ante los ciudadanos.

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