La irrupción de Internet metió en serios problemas a una clase política acostumbrada a pactar con grandes consorcios mediáticos, a ocultar información, a perpetrar o a permitir la violencia contra las y los periodistas, que hoy se encuentra desatada. Por ello, se libra una nueva batalla ante la pretensión del Estado de regular Internet, en sus muy distintos ámbitos. Cercar y cerrar ese ámbito de libertades es hoy empeño de diversos regímenes políticos a lo largo y ancho del planeta. México no es la excepción.

Las TIC han ayudado a potenciar la forma en que las personas se comunican, informan y organizan, lo cual supone evidentes beneficios para la democracia. Internet se ha posicionado, sobre todo en el contexto de la pandemia, como el espacio cívico de referencia para la participación política, en el que se fiscaliza la actuación del Estado, se demandan cambios sociales estructurales y se apela a la solidaridad para enfrentar los retos de la crisis sanitaria.

En Internet, hoy en día, el Estado carece de poder para frenar las movilizaciones sociales que se llevan a cabo o se convocan desde el espacio virtual. Ante esta realidad, cualquier régimen con vocación autoritaria se ve frustrado al no poder controlar la expresión digital de su ciudadanía y, por ello, desplegará diversas acciones para intentar distorsionar la manera en que las personas viven y experimentan Internet.

En nuestro informe “Distorsión: el discurso contra la realidad” evidenciamos la vocación autoritaria que hay detrás de los intentos para sobrerregular diversos aspectos de Internet a fin de menguar su potencial democratizador y evitar que la narrativa y el desempeño oficiales se sujeten a escrutinio y crítica sociales.

En 2020, observamos cómo, desde el populismo punitivo, los congresos pretenden resolver un problema de violencia estructural y de desigualdad de género mediante la tipificación de un delito que solamente atiende una de las 13 formas identificadas de violencia digital contra las mujeres. Con este tipo de legislación no se modifican las condiciones estructurales que habilitan tal violencia; a las víctimas se les obliga activar un sistema de procuración e impartición de justicia deteriorado, revictimzante y corrupto; y la ambigüedad en su redacción y las facultades que se confieren a autoridades administrativas (como fiscalías) para remover contenidos generan un efecto nocivo para el ejercicio de la libertad de expresión en Internet.

A la par, en 2020 desfilaron una serie de iniciativas legislativas mal hechas y poco pensadas (15 en total), las cuales brillaron por el impacto corrosivo que pueden llegar a tener en el acceso y uso de Internet, así como sobre el ejercicio de la libertad de expresión. El colmo fue la reciente iniciativa del Senador Ricardo Monreal para regular las redes sociales. Con el pretexto de la supuesta censura privada ejercida por las empresas propietarias de las redes, el Senador intenta imponer la censura de Estado. Hasta el momento de la redacción del presente informe, su propuesta continúa en discusión.

Dichas propuestas de cambio legal se caracterizaron tienen diversas modalidades de regulación: generación de nuevos tipos penales, reglamentación de intermediarios y de medios de comunicación en línea o intervención en los mercados digitales.

Un ejemplo claro de lo anterior es la reforma aprobada a la Ley Federal de Derechos de Autor, que incorporó el mecanismo de “notificación y retirada” para remover contenidos supuestamente violatorios de derechos autorales. Dicho mecanismo, importado de la legislación estadounidense, ha sido fuente de abusos contra portales informativos mexicanos que publican contenidos de interés público desde páginas alojadas en aquel país.

En el resto de las iniciativas, abundaron pretextos como la falta de contenidos nacionales en las plataformas de streaming, la protección de la privacidad, los derechos de autor, la ciberseguridad o la desinformación. La intención de legislar estas materias en el marco de Internet quedaba siempre en entredicho ante lo desproporcionado de las medidas propuestas para remediar las problemáticas, traducidas en censura y control de contenidos, con facultades omnímodas del Estado para aplicarlas.

Las campañas de acción a partir de peticiones en línea, el uso de hashtags y la organización o difusión de información a través de las redes sociales se han vuelto recurrentes como modalidades de protesta. Han servido como medio para recabar y difundir información en tiempo real sobre las protestas, dando visibilidad a los abusos cometidos por las autoridades.

En 2020 fueron las protestas feministas que llenaron las calles y las redes sociales en diversos estados del país, movidas por la exigencia de justicia frente a la violencia en contra de las mujeres. En este escenario, las TIC ayudaron a robustecer la comunicación, la información y el conocimiento mutuo de las protestas en diversas entidades federativas.

El potencial de las TIC en estos contextos abona, incluso, a la exigencia de transparencia y rendición de cuentas por parte de las fuerzas policiales cuando cometen abusos durante las protestas, como sucedió durante el desalojo violento de manifestantes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; en Guanajuato, mediante la etiqueta #JusticiaParaEvelyn; en Quintana Roo, con #JusticiaPorAlexis, o en la misma Ciudad de México, utilizando el hashtag #28S.

Sin embargo, la respuesta del Estado ha sido la descalificación y, en diversas entidades de la República, la represión mediante la fuerza. Así, también vimos con preocupación cómo López Obrador equiparó a violencia los actos de expresión de miles de mujeres. Lo mismo ocurrió con otras prominentes autoridades, como la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, quien emitió declaraciones estigmatizantes y que pusieron en riesgo la integridad física y emocional de las manifestantes; o el Secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, Alvar Cabeza de Vaca, que legitimó el uso de la fuerza abusivo y desproporcionado contra manifestantes y periodistas en las movilizaciones feministas que tuvieron lugar en León. Actitudes que inmediatamente fueron imitadas por sus simpatizantes en las redes sociales, cuestionando la legitimidad de las movilizaciones y sus causas.

Las formas de organización en las redes sociales encuentran retos adicionales. Por un lado, se incrementan los ataques digitales contra las mujeres, con la clara intención de callarlas, sacarlas de las redes y amedrentarlas para que no continúen ocupando los espacios de discusión pública. Por otro, las normas comunitarias de plataformas como Facebook pueden obstaculizar la legítima expresión de agrupaciones como “Menstruación Digna”, la cual vio restringidas fotografías de una toalla sanitaria teñida de rojo usadas para concientizar al público sobre la menstruación. Facebook aduce criterios como “sensacionalismo” o “violencia extrema”, perdiendo de vista que se trata de contenidos de interés público y que incluso discursos que algunos usuarios puedan considerar chocantes o estridentes son materia de protección de la libertad de expresión.

Lo anterior demuestra la urgencia de que las plataformas digitales adopten principios de derechos humanos en su proceder. Asimismo, es imperiosa una mayor transparencia de los mecanismos de moderación de contenidos, qué tipos de contenidos no se consideran procedentes y cuáles son los criterios que se emplean para removerlos. También es esencial que ofrezcan un debido proceso a sus usuarias y usuarios, y contar con mecanismos de apelación efectivos. Mientras persistan serias carencias en la moderación de contenidos, más y más Estados (como el mexicano) encontrarán la justificación perfecta para adoptar legislaciones que intenten controlar los flujos de información en Internet.

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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