Organizaciones de la sociedad civil anunciaron este día su retiro del Gobierno Abierto (AGA), tras más de cinco años de trabajo en el espacio de interlocución, debido a la “pérdida de confianza” hacia el mismo y a la falta de condiciones de co-creación y diálogo con el Gobierno Federal para continuar dentro del proceso.  La “gota que derramó el vaso”, dicen,  fue el espionaje perpetrado contra dos activistas y un investigador en temas de salud, destapado hace 3 meses, ya que hasta el momento las autoridades no han investigado ni se han pronunciado al respecto.

Ciudad de México, 23 de mayo (SinEmbargo).- Organizaciones de la sociedad civil anunciaron retirarse de la Alianza por el Gobierno Abierto (AGA), tras más de cinco años de trabajo en el espacio de interlocución, debido a la “pérdida de confianza” hacia el mismo y a la falta de condiciones de co- creación y diálogo con el Gobierno Federal para continuar dentro del proceso.

Esta tarde, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai), dijo que reprueba el presunto espionaje a activistas mexicanos del derecho a la salud que colaboraron en las mesas de trabajo para la construcción del Tercer Plan de Acción, en particular con el compromiso de obesidad.

“El INAI estará atento a proceder conforme a sus competencias en materia de protección de datos personales, ante la eventual presentación de denuncias de los hechos mencionados, y actuará de conformidad con sus atribuciones”.

Sin embargo, la organización internacional Artículo 19, en su sede para México y Centroamérica, planteó que la respuesta del Inai es política y el tema es que no contiene ninguna propuesta artciulada sobre cómo se va a proceder.

“Tuvieron la solicitud más de 90 días y no hubo una respuesta. La vamos a analizar, pero no se ve ninguna propuesta. No les queda claro que nos levantamos de la mesa”, expuso la ONG.

Lo que habría que hacer es dar una respuesta, un cauce político para una salida institucional, pero hoy no hay ningún planteamiento, insistió.

“Se agradece el comunicado, pero no da una respuesta concreta al espionaje a activistas mexicanos.

“Es una reacción inicial y seguimos esperando una salida política… es un buen inicio la respuesta del Inai, pero no termina de entrarle al tema”.

En estos tres meses, destacó, no hubo ninguna respuesta ni un llamado para ver cómo se resolvería el problema del espionaje por parte del Secretariado Técnico Tripartita de la Alianza para el Gobierno Abierto en México.

“No hay un reconocimiento de que este es un problema y que hay que afrontarlo a la brevedad”, planteó Artículo 19.

La AGA es una iniciativa multilateral conformada por 75 países, incluido México. Su principal objetivo es “promover acciones que contribuyan a la transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación tecnológica del Gobierno, con el fin de fortalecer la gobernanza y combatir la corrupción”.

En el país administrado por Enrique Peña Nieto, la AGA opera a través del Secretariado Técnico Tripartita (SST) que está conformado por un representante del Gobierno de la República, actualmente de la Secretaría de la Función Pública, otro más del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y por el núcleo de la sociedad civil integrado por Artículo 19, CIDAC, Contraloría Ciudadana, Cultura Ecológica, Fundar, GESOC, IMCO, Observatorio Nacional Ciudadano, SocialTic y Transparencia Mexicana.

La “gota que derramó el vaso” para que la decena de organizaciones mexicanas tomaran la decisión de retirarse del STT, señaló Juan Manuel Casanueva, SocialTic, fue el espionaje perpetrado contra dos activistas y un investigador en temas de salud, destapado hace 3 meses, ya que hasta el momento las autoridades no han investigado ni se han pronunciado al respecto.

Entre el 13 de julio y el 17 de agosto de 2016, Alejandro Calvillo Unna, director de la organización El Poder del Consumidor (EPC) y Luis Manuel Encarnación Cruz, coordinador de Contrapeso, así como el médico y académico Simón Barquera Cervera, recibieron mensajes que los redireccionaban a alguna página web, con lo que al ingresar –sin saberlo– permitían el acceso a la información de su dispositivo móvil, a la cámara, localización por GPS, entre otros, tal como demostró el peritaje elaborado por The Citizen Lab de la Universidad de Toronto.

Las infecciones asociadas con el malware utilizado de nombre Pegasus están asociadas con los servidores de la empresa israelí NSO Group que tiene como política, por mandato de varios países en el mundo, vender solamente a gobiernos, como explicaron en su momento especialistas en materia.

“México ha sido un gran comprador de la tecnología de espionaje […] y debido a la falta de transparencia, no se sabe para qué el Gobierno mexicano está utilizando esta tecnología”, señaló Casanueva, por ello exigió que se informe el uso que se le da a este tipo de programas.

En su oportunidad, Tomás Severino, de Cultura Ecológica, subrayó: “No es posible sentarnos a la mesa con quienes nos espian […] Por falta de condiciones y de confianza, suspendemos nuestra articulación en los trabajos de la alianza”.

Por ello hizo un enérgico llamado a las autoridades mexicanas para que cesar la vigilancia contra activistas y periodistas en México, y a emprender trabajos de investigación para esclarecer el caso reciente de los defensores de la salud.

Ana Cristina Ruelas, Artículo 19, subrayó que sin la participación de la sociedad civil, la AGA “se queda sin una pata” ya que desde ahora no hay aprobación del núcleo sobre las acciones de dicho mecanismo.