El Presidente Enrique Peña Nieto cerrará su administración sin haber frenado la crisis de inseguridad y de violencia, los altos índices de corrupción y de impunidad, y la pobreza y la desigualdad que estancan la economía y que afectan a más de la mitad de los mexicanos, refieren distintos informes de 13 organizaciones nacionales e internacionales presentados durante el actual sexenio.
Para politólogos consultados por SinEmbargo, a este panorama se suma el desgaste ocasionado por una administración “fracasada” y que, para ele electorado, corrobora que el PRI opera en función de la corrupción y carece de habilidad para garantizar la gobernabilidad (estabilidad política) y la gobernanza (capacidad para gobernar).
Las causas de los principales problemas nacionales sobrepasan al actual Gobierno federal, así comosus consecuencias, estas últimas agravadas por políticas deficientes y poco integrales, y casos de negligencia política o acciones interesadas por parte de aquellos que nos representan, coinciden analistas y los resultados de varios estudios.
Ese es el panorama dibujado por instituciones como la Academia de Génova, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, el Centro de Investigación en Economía y Negocios, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Foro Económico Mundial, Human Rights Watch, the Institute for Economics and Peace, International Budget Partnership, México Cómo Vamos, Transparencia Mexicana, la Universidad de las Américas Puebla y the World Justice Project.
Ciudad de México, 23 de junio (SinEmbargo).- En poco más de cinco meses, el Presidente Enrique Peña Nieto entregará la Banda Presidencial a su sucesor. Con el acto simbólico, concluirá su administración y legará los resultados de un sexenio, que según las cifras oficiales y la información de 13 organizaciones nacionales e internacionales, son preocupantes en materia de inseguridad (violencia), corrupción y desarrollo económico (empleo).
Para politólogos consultados por SinEmbargo, el Gobierno de Peña Nieto no sólo no resolvió los problemas que prometió que acabaría, sino que empeoró la circunstancia y dejó en claro que “el problema del Partido Revolucionario Institucional [PRI] no solamente es la mala gestión o los malos resultados en materia económica, de seguridad y de combate a la corrupción”, explicó Enrique Toussaint de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
El problemas es que, explicó, “ya quedó interiorizado, en buena parte del electorado y de la ciudadanía, que el PRI no es un partido que tenga dos o tres cuadros corruptos […] sino que, en general, la forma en que operan los gobiernos del PRI es a través de la corrupción”.
En términos generales, los analistas consultados observan una administración “desastrosa” que le va a pegar a los propios priistas “en el centro de flotación”. Y donde el principal responsable de una segunda “derrota histórica del PRI, es un propio priista”, refirió Juan Luis Hernández Avendaño, director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana en Puebla.
Esta circunstancia, dicen, es beneficiosa, sobre todo, para Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Y en el paquete de responsables, además del Presidente, su partido y sus gobernadores (como los duartes en Veracruz y Chihuahua, los Moreira en Coahuila, entre otros), están también quienes en 2012 apoyaron el denominado “Pacto Por México”, que fue un acuerdo entre el PRI y los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) para sacar adelante una serie de reformas.
Como “la medicina” dejó mucho que desear y el único que se opuso a ella fue López Obrador, explicó Toussaint, el fracaso que manchó al resto no lo tocó a él. Y si a ello sumamos, agrega, que las fallas del neoliberalismo han impulsado a los populismos –no sólo en México sino en el mundo entero–, resulta natural que la opción “antitética” que simboliza el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), salga a flote.
“Peña Nieto no entendió el mensaje [de la gente] en 2012”, que era evitar la corrupción y solucionar dos cuestiones fundamentales: la violencia y el cambio de modelo económico, “encaminado a resolver los problemas de desempleo, marginación, falta de oportunidades, educación, salud, vivienda, alimentación”, entre otros, comentó José Fernández Santillán, analista político de Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).
Al final, sentenció Hernández Avendaño de la Ibero Puebla, la responsabilidad del Presidente fue actuar con el autoritarismo de siempre, pero sin el bienestar esperado, lo que se traduce en déficits de gobernabilidad y de gobernanza.
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Para la mayor parte de los mexicanos, la inseguridad, la corrupción y el desarrollo económico son los tres problemas más preocupantes, coinciden El Informe 2017 del Latinobarómetro y la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En materia de inseguridad, la radiografía nacional esboza un crítico escenario de violencia: mientras que el año pasado México rompió un récord en materia de homicidios dolosos (al menos 25 mil 340 registrados por el Gobierno federal), en los primeros cuatro meses de este año se han cometido más asesinatos que en los primeros cuatro meses de los últimos 20 años (entre enero y abril de 2018, 8 mil 900 personas perdieron la vida).
Asimismo, los robos o asaltos con violencia se han disparado. Entre 2015 y 2017 el alza fue de 40.96 por ciento, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Aunque el robo (en general) decreció en poco más de cinco por ciento de 2012 a 2017, en los primeros meses de 2018 fue registrada una cantidad similar a la del mismo periodo en 2012 (lo que quiere decir que es la más alta de los últimos seis años).
La violencia es alarmante y podría ser peor, ya que en nuestro país la cifra negra es de casi 94 por ciento, coinciden el Inegi y la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). Esto significa que sólo el seis por ciento de los delitos cometidos son denunciados o derivan en una averiguación previa.
El escenario se agrava si consideramos que, de ese seis por ciento de crímenes denunciados, sólo una tercera parte llega ante un juez. Y de esa cantidad, el 10 por ciento obtiene sentencia.
El repunte de violencia se debe a políticas “fracasadas”, refiere la Academia de Génova. Y los altos niveles de impunidad, según la UDLAP, “es resultado de los problemas estructurales de las instituciones de seguridad y justicia a nivel estatal: las entidades no tienen agencias de investigación profesionales, independientes y con capacidades suficientes para atender el delito de homicidio”.
Uno de varios problemas ligados al estado generalizado de coacción –que urge acabemos para solucionar los grandes problemas nacionales– es la corrupción, refiere el Institute for Economics and Peace. Y las cifras del Inegi indican que este tipo de cohecho genera pérdidas anuales de más de 7 mil millones de pesos (la “estafa maestra” entre 2013-2014, por ejemplo, generó pérdidas similares), lo que afecta tanto a personas físicas como morales.
Sólo entre 2017 y 2018, México retrocedió una posición en el Índice Global de Corrupción de Transparencia Mexicana. A pesar de que la organización civil reconoció que la corrupción aumentó en el último año, el International Budget Partnership destaca que nuestro país es el sexto más transparente en materia presupuestaria de gobierno.
Dicho contraste, explicó Transparencia Mexicana, se debe a que la transparencia, por sí sola, no reduce la corrupción. Y que si por algo se ha disparado, es porque tenemos instituciones deficitarias, resistencias a establecer un sistema anticorrupción, además de falta de sanciones ejemplares.
En el caso de la economía, los diferentes reportes nacionales e internacionales coinciden en que la desigualdad social, la pérdida de poder adquisitivo, la generación de empleos eventuales sobre empleos permanentes y el ensanchamiento de la economía informal en los últimos años, detienen el crecimiento económico sostenido y desdibujan la posibilidad de generar más movilidad social (o mejorar el estatus socioeconómico).
La economía mexicana crece, en promedio, 2.6 por ciento (debería ser de más del cuatro por ciento), coinciden la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la organización México ¿Cómo Vamos?. Y de acuerdo con el Foro Económico Mundial, nuestra competitividad se estancó en el último año.
En este contexto, la nación no ha podido reducir de manera significativa la pobreza y la desigualdad (las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social o Coneval, indican que la población pobre pasó de 53.3 a 53.4 millones de personas entre 2012 y 2016).
Ello se debe, en parte, a las deficientes reformas estructurales impulsadas por el Presidente Enrique Peña Nieto, que si no son malas, deben de estar acompañadas con mejores políticas sociales, refirió el año pasado Alicia Bárcena Ibarra, secretaria ejecutiva de la Cepal.
INSEGURIDAD, VIOLENCIA Y JUSTICIA
“Cuando el actual Presidente, Enrique Peña Nieto, tomó posesión del cargo en 2013, prometió un cambio de paradigma en el enfoque de Gobierno sobre el crimen organizado. Sin embargo, la mayor parte de su las reformas fracasaron y continuó la estrategia de seguridad militarizada de sus predecesores”, se lee en El Reporte de Guerra 2017: Violencia de Pandillas en Colombia, México y El Salvador de la Academia de Génova.
Según el informe, el aumento del número de integrantes (policiales y militares) de los cuerpos de seguridad en las calles, reforzado con la Ley de Seguridad Interior (que da legitimidad de acción al Ejército en tareas de seguridad pública), en lugar de reducir, “llevó a un aumento generalizado de la violencia”, en parte, porque el crimen organizado comenzó a equiparar la fuerza del Estado (con más y mejores armas y con tácticas de vanguardia) y a fragmentarse también, gracias al continuo descabezamiento de los grupos criminales.
La Academia de Génova estima que “alrededor de un tercio de todos los homicidios en México están relacionados con el crimen organizado”. Y de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre 2006 (cuando inició la guerra contra el narcotráfico) y 2017, hubo al menos 211 mil 765 homicidios dolosos registrados.
De 1997 a 2007, la tasa de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes se redujo en 8 puntos porcentuales (lo que implicó 7 mil 025 asesinatos menos durante el periodo). Y de 2007 a 2017, la tasa fue al alza en 11.18 puntos porcentuales (hubo 14 mil 277 asesinatos más), refiere la información del Secretariado.
El año pasado, no obstante, fue el más violento de los últimos 20 años con al menos 25 mil 340 homicidios dolosos registrados. Sin embargo, la cifra negra (los delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa) fue de 93.6 por ciento a nivel nacional, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública 2017 del Inegi.
Las cifras de enero a abril de 2018 también son alarmantes. El SESNSP registró 8 mil 900 homicidios dolosos, que constituye la cifra más alta de los primeros cuatro meses del año, en los últimos 20 años. En comparación con ese mismo periodo pero de 2017, el incremento para 2018 fue de 14.82 por ciento.
En el caso de los robos o asaltos -el motivo más común de inseguridad pública según el Inegi- hubo una tendencia a la baja durante el sexenio. De 2012 a 2017, el Secretariado registró una reducción de 5.29 por ciento. Sin embargo, entre 2015 y 2017 los robos con violencia aumentaron en 40.96 por ciento.
Durante los primeros cuatro meses de 2018, hubo 234 mil 192 robos registrados. Esta constituye la peor cifra desde 2012, cuando entre enero y abril fueron reportados 240 mil 912 casos.
Los datos del Secretariado enmarcan una crisis de inseguridad y de violencia en todo el territorio nacional, donde según el Índice de Paz México 2018 del Institute for Economics and Peace, “no sólo está creciendo la violencia a manos de los grupos de la delincuencia organizada, sino también la delincuencia común y la violencia interpersonal”.
El informe señala también que, además del costo en términos de vidas humanas, la violencia en el país comprometió, en 2017, el 21 por ciento del Producto Interno Bruto (o 4.72 billones de pesos). A pesar de la inversión, la “debilidad institucional” permitió el incremento de la delincuencia organizada.
Pero la violencia en México no sólo responde al crimen organizado o a la circunstancia social. El Reporte de Guerra 2017 menciona que “la población también es víctima de las fuerzas de seguridad” del Estado, “que son asociadas con aumentos dramáticos en casos de tortura, desaparición forzada y asesinatos extrajudiciales”.
Las cifras del Informe Mundial 2017 de Human Rights Watch son alarmantes. Refiere que de 2006 a 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió “casi 10 mil denuncias de abusos cometidos por miembros del Ejército, incluidas más de 2 mil durante el gobierno actual”. De ellas, 100 casos implicaron “violaciones serias de derechos humanos”.
En materia de impartición de justicia, la organización detalló que entre 2012 y 2016, la Procuraduría General de la República (PGR) abrió un total de 505 carpetas de investigación contra militares. No obstante, sólo fueron emitidas 16 sentencias condenatorias en el sistema de justicia civil.
Sobre tortura, menciona que las cifras del Inegi hasta 2016 arrojaron que, el 57.8 por ciento de los presos en las 370 cárceles en todo el territorio nacional, fueron víctimas de violencia física: 19 por ciento sufrió descargas eléctricas; 36 por ciento asfixia; 59 por ciento golpes; y 28 por ciento padeció amenazas contra su seguridad y la de sus familiares.
Como corolario a la falta de impartición de justicia, el Índice Global de Impunidad México 2018 de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), refiere que nuestro país ocupa la cuarta posición como el más impune del mundo (con 93.7 por ciento de cifra negra). En 2016, por ejemplo, encontró que el 32.44 por ciento de las averiguaciones previas terminó ante un juez. De ellas, la tercera parte obtuvo sentencia (es decir, el 10.29 por ciento del total de los delitos denunciados).
Además, el Índice de Estado de Derecho 2017-2018, elaborado por the World Justice Project, refiere que México ocupa el lugar 92 de 113 países (en 2016 estaba en el lugar 88), que significa que mantenemos muy bajos niveles de impartición de justicia. A nivel América Latina, por ejemplo, sólo estamos por encima de Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Venezuela.
Para que México se encamine a un proceso de pacificación, el Institute for Economics and Peace refiere que urge, sobre todo, acabar con la corrupción, mejorar el libre flujo de información (desde la sociedad civil y los medios de comunicación), así como impulsar el buen funcionamiento del gobierno (que implica fortalecer la estabilidad política y garantizar el Estado de derecho).
También, dicen, tenemos que mejorar en materia de cohesión social, distribución equitativa de los recursos, mejorar los niveles de capital humano (con educación e instrucción adecuadas) y un entorno empresarial sólido, que implica sana competitividad empresarial y aumento en los niveles reales de producción.
CORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA
México dio un paso atrás en el Índice Global de Corrupción de Transparencia Mexicana. Entre 2017 y 2018 retrocedió un punto para colocarse en el lugar 29 (donde cero es el país peor evaluado y 100 en es el mejor evaluado). De esta forma, nuestra nación se ubicó en la posición 135 de 180 países evaluados en materia anticorrupción.
A pesar de que el Índice de Presupuesto Abierto 2017 de la organización International Budget Partnership nos coloca en el sexto lugar (de 115 países evaluados) con más transparencia presupuestaria a nivel mundial, la corrupción ha ido en aumento. Y de acuerdo con Transparencia Mexicana, el contraste entre el incremento de la corrupción y el de la transparencia presupuestaria, pone de manifiesto “que la transparencia, por sí sola, no necesariamente lleva a una reducción de la corrupción”.
Esta situación se explica, en buena medida, por “las resistencias para instalar el Sistema Anticorrupción en todo el país y la ausencia de una Fiscalía independiente que conduzca las investigaciones”. Asimismo, el Índice Global de Corrupción señala que sus resultados “reflejan también la ausencia de sanciones firmes para los grandes casos de corrupción conocidos por la opinión pública” (Odebrecht, la estafa maestra, etcétera).
Al respecto, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017 del Inegi, refiere que 1.5 de cada 10 personas que realizó un trámite personal, experimentó al menos un acto de corrupción cuando tuvo contacto con algún servidor público. Las cifras del Inegi también indican que entre 2013 y 2017, la “prevalencia de corrupción al realizar un trámite personal” aumentó en 21.15 por ciento.
Además, la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas 2016 señala que, después de la inseguridad y la delincuencia, el aumento al precio de los insumos, la economía local y la falta de apoyos gubernamentales, la corrupción es el mayor problema para los comercios. Según el Inegi, al menos uno de cada 10 negocios participó en un acto de corrupción.
El instituto del gobierno resalta que el 64.6 por ciento de los comerciantes reconocieron participar de la corrupción para “agilizar algún trámite”, aunque también lo hicieron para evitar multas y sanciones (39.4 por ciento), obtener licencias (30.7 por ciento) y para ganar contratos gubernamentales o participar de las licitaciones (12.9 por ciento).
La corrupción, el segundo problema más grave que enfrenta el país (según el 88.8 por ciento de los mexicanos entrevistados por el Inegi), le costó 7 mil 218 millones de pesos a México en 2016. Esta cantidad es 12.5 por ciento mayor a la registrada en 2015.
Para revertir el alto índice de corrupción en México, Transparencia Mexicana urge la necesidad de asegurar la correcta implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en todo el territorio nacional; incorporar a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Servicio de Administración Tributaria en el SNA (para fortalecer las investigaciones de lavado de dinero y las llamadas “empresas fantasma”); crear una Fiscalía General de la República capaz, autónoma e independiente; y avanzar hacia sistemas de información “interoperable y automatizada” de todas las instituciones públicas, incluyendo la máxima publicidad y formatos abiertos respecto del financiamiento a partidos políticos y sus proveedores.
DESIGUALDAD, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
México es uno de los países en los que la riqueza está muy mal distribuida y donde la economía crece en un promedio anual de 2.6 por ciento (lo ideal, según la organización México ¿Cómo Vamos?, sería un crecimiento al año de 4.5 por ciento). Esta situación es “motivo de inquietud”, refiere el Informe Panorama Social de América Latina 2016 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Las cifras del estudio, actualizadas hasta 2015, refieren que el 37 por ciento de la riqueza nacional (equivalente a 28 billones de pesos mexicanos) está en manos de las familias mexicanas. El resto es administrado por el Gobierno (23 por ciento), empresas privadas (19 por ciento), empresas gubernamentales (nueve por ciento), extranjeros (siete por ciento) e instituciones financieras (cinco por ciento).
“Lamentablemente”, la repartición de los 28 billones de pesos de las familias mexicanas “es muy desigual”, advierte la Cepal. Ello se debe a que “dos terceras partes de la riqueza total están en manos del 10 por ciento de las familias más ricas del país y el uno por ciento de las familias concentran más de un tercio”.
En el caso de los activos financieros la disparidad es aún más evidente, ya que “el 80 por ciento es propiedad del 10 por ciento más rico” del país. Y en virtud de que muy pocas personas tienen la posibilidad de participar en un fondo de inversión o de mercado, “el vigoroso aumento de estos activos ha provocado una fuerte concentración de la riqueza” (el ingreso aumenta más rápido entre aquellos que tienen inversiones financieras que entre los asalariados).
“Todo esto indica que en México hay una profunda inequidad en la distribución de los activos totales, que impacta en la distribución del ingreso”, considerando que “más riqueza implica más ingreso y viceversa”.
Inclusive, el organismo internacional resalta que el 10 por ciento de las empresas concentran el 93 por ciento de los activos físicos, en tanto que el 90 por ciento restante dispone de muy pocos bienes de capital.
Alicia Bárcena Ibarra, secretaria ejecutiva de la Cepal, dijo el año pasado que las reformas estructurales impulsadas por el Presidente Enrique Peña Nieto habían tenido poca incidencia en la reducción de la pobreza y la desigualdad. Asimismo, aseveró que para que las reformas den resultados “deben de estar acompañadas de otro tipo de reformas sociales de mayor alcance”, como aquellas al ingreso mínimo vital o al ingreso básico de los ciudadanos.
En ese sentido, urgió solucionar la desigualdad laboral de género. En México, el 32.2 por ciento de las mujeres destina su tiempo a labores no remuneradas, mientras que la cifra en los hombres es de apenas 11.6 por ciento, según la Cepal.
Esta tendencia reproduce la desigualdad, dijo Bárcena, y limita el desarrollo productivo de gran parte de la población mexicana. Y también evita mejores retribuciones del factor trabajo, como derechos y beneficios sociales.
Los resultados de la Cepal abonan a los del reporte Sin mejorar las condiciones del mercado, presentado este año por el Centro de Investigación en Economía y Negocios (Cien), según el cual, el 61.8 por ciento de los trabajadores mexicanos gana sólo tres salarios mínimos (7 mil 952 pesos al mes), mientras que el 4.6 por ciento recibe más de cinco salarios mínimos (de 13 mil 254 pesos en adelante).
El Cien refiere que, en 2017, 400 mil personas más ganaron cuando menos tres salarios mínimos por jornada laboral. No obstante, ese mismo año, el número de personas que percibían más de cinco salarios mínimos disminuyó en 23.2 por ciento (734 mil trabajadores dejaron de ganar más de 13 mil pesos al mes).
A esta creciente falta de poder adquisitivo, se suma el hecho de que la generación de empleos en México es en gran medida eventual y no permanente.
El reporte explica que, del total de nuevas plazas registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entre 2016 y 2017, “el 66 por ciento (75 mil 503 personas) corresponde a trabajadores eventuales y solo el 34 por ciento restante (38 mil 219 individuos) fue para los trabajadores con plaza permanente”.
En contraste, datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi refieren que, al cierre del año pasado, el 57 por ciento de la población económicamente activa (30.2 millones de personas) participó de la economía informal, teniendo un aumento de 1.1 por ciento en comparación con el año anterior. En el caso de los desempleados, el organismo detalló que hay 1.8 millones de individuos.
Las condiciones mencionadas (desigualdad social, pérdida de poder adquisitivo, generación de empleos eventuales sobre empleos permanentes y ensanchamiento de la economía informal) son algunos factores que detienen el crecimiento sostenido de la economía mexicana y también las posibilidades de movilidad social positiva (o de mejorar el estatus socioeconómico).
En ese respecto, el estudio El México del 2018: movilidad social para el bienestar del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) refiere que los siete de cada 10 mexicanos que nacen en condiciones de pobreza, permanecerán así toda su vida.
Además, CEEY menciona que ocho de cada 10 jóvenes que incursionan en el mercado laboral, consigue un trabajo con salario insuficiente. Si la movilidad social es deficiente, la tendencia implica que su condición será su estado permanente.
El panorama laboral coincide con lo establecido en el Índice Global de Competitividad 2017 (IGC) del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), según el cual, “México continúa con el mismo nivel de competitividad que el año pasado”.
El IGC ubica a nuestro país en la posición 51 de 137 naciones. Y aunque reconoce que la economía nacional “continúa mejorando”, pero “es más lenta que el resto de las economías” evaluadas.
Por ello, para el WEF es fundamental que México encuentre políticas para acelerar el impacto de las reformas realizadas, sin lo cual la mejora en el desempeño de sus indicadores podría quedar estancado en los próximos años.
