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Comunidad indígena logra otra suspensión definitiva contra el Tren Maya; Fonatur impugnará

23/06/2020 - 7:14 pm

La nueva suspensión definitiva la ganó una organización del pueblo Ch’ol, de las comunidades de Palenque, Salto de Agua y Ocosingo, Chiapas, por violaciones a su derecho a la salud, así como afectaciones ambientales y a sus derechos como comunidades indígenas.

La sentencia reconoce que estos trabajos en marcha pueden continuar y solo tiene efecto durante la emergencia sanitaria, expresó el Fonatur.

Ciudad de México, 23 de junio (SinEmbargo).- Una Jueza Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Penales Federales de Chiapas otorgó una suspensión definitiva a indígenas Ch’ol, por lo que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) deberá detener cualquier obra relativa al tramo uno del proyecto del Tren Maya, salvo la relacionada al mantenimiento de las vías, informó la organización Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.

La Fonatur aclaró después que el amparo no se ha resuelto definitivamente y que analiza proceder a la impugnación porque los trabajos de la primera fase son de mantenimiento y rehabilitación de las vías existentes.

Mota-Engil México, China Communications Construction Company, Grupo Cosh Eyasa y Gavil Ingeniería son las empresas que ganaron la licitación para la rehabilitación de vías del tramo que va por 217 kilómetros, de Palenque a Escárcega, con un costo de más de 15 mil 538 millones de pesos. Esas obras iniciaron el 30 de abril.

Este recurso se suma al obtenido por la comunidad de Xpujil, Campeche, la cual ganó una suspensión contra el tramo de Escárcega a Chetumal, por la violación a estándares internacionales sobre su derecho a la consulta indígena.

La nueva suspensión definitiva la ganó el lunes un grupo de personas pertenecientes al pueblo Ch’ol, de las comunidades de Palenque, Salto de Agua y Ocosingo, Chiapas, quienes se ampararon frente al megaproyecto por violaciones a su derecho a la salud, así como afectaciones ambientales y a sus derechos como comunidades indígenas.

Desde el 7 de mayo, integrantes de varias comunidades Ch’ol presentaron la demanda de amparo en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador, del Secretario de Salud Jorge Alcocer y del Director General del Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, por la emisión tanto del acuerdo del día 6 de abril como del Decreto del 23 de abril, que ordenaron la continuación de las obras del Tren Maya, a pesar de la pandemia derivada de la COVID-19.

La Jueza Segundo de Chiapa determinó conceder la suspensión provisional, señalando, que al continuar con los trabajos del Tren Maya se ponía en riesgo la salud de las comunidades Ch’ol de esos municipios, así como sus derechos a un medioambiente sano.

La suspensión fue revocada en mayo por los magistrados del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con sede en Tuxtla GuJérrez, con el argumento de que el riesgo de contagio por la Covid-19 constituía “un acto futuro de realización incierta”. Sin embargo, ayer lunes 22 de junio, después de haber diferido cinco veces la audiencia incidental por la negativa de Fonatur a proveer la información que le requería el Juzgado, la Jueza Segundo determinó conceder la suspensión definitiva.

“Existe una obligación tanto de Fonatur como de las empresas ganadoras de la licitación en ese tramo de detener todo trabajo correspondiente a cualquier obra que no sea la del mantenimiento de las vías ya existentes, hasta en tanto el juicio de amparo no sea resuelto”, expuso Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.

La Jueza, para fundamentar la suspensión, argumentó que los integrantes de las comunidades “autoreconocidos indígenas, habitantes de la comunidad donde tendrá impacto el proyecto denominado Tren Maya, en específico en el municipio de Palenque, pudieran resentir una afectación a su esfera jurídica, concretamente en su derecho a la salud” en el marco de la pandemia con más de 22 mil muertos en México.

Después de la consulta indígena de diciembre cuestionada por Naciones Unidas, luego de iniciar la rehabilitación de las vías el 30 de abril y tras la inauguración del megaproyecto el 1 de junio, hasta entonces, el Fonatur ingresó el martes 16 de junio la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) en su modalidad regional solo para la operación de la vía férrea del Tren Maya en los tres primeros tramos de Palenque, Chiapas, a Izamal, Yucatán. Aunque falta que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la apruebe.

Activistas de la Península de Yucatán acusaron que la MIA regional es tardía y parcial, ya que los estándares internacionales de las consultas indígenas exigen que los estudios de impacto ambiental, social y cultural se realicen antes de los procesos consultivos para que durante la etapa informativa se debatan.

No fue así. Además, dijeron, no es suficiente el argumento de Fonatur de que no era necesaria por ser un área con derecho de vía existente, porque el proyecto contempla polos de desarrollo alrededor de las estaciones, por lo que exigieron una MIA general. Las medidas de mitigación contemplan puentes de fauna sobre una zona con cenotes en el subterráneo.

NO ES DEFEINITIVO: FONATUR

En una nota informativa, Fonatur aclaró que el amparo interpuesto contra el Tren Maya no se ha resuelto definitivamente, se analiza proceder a la impugnación y solo se refiera a obra nueva que no ha iniciado, ya que los trabajos de la primera fase son de mantenimiento y rehabilitación de las vías existentes. La sentencia reconoce que estos trabajos en marcha pueden continuar y solo tiene efecto durante la emergencia sanitaria.

“La sentencia reconoce que el proyecto Tren Maya puede rehabilitar y/o dar mantenimiento a las vías férreas que ya existen. Lo que significa que Fonatur puede continuar con los trabajos al amparo de la ley”, expone.

Respecto a la preocupación de diversos grupos por la emergencia sanitaria, Fonatur dijo que las actividades de rehabilitación y mantenimiento de la vía existente han sido reducidas a las actividades esenciales, en campo abierto, con sana distancia, y con un protocolo de protección en obra avalado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Dulce Olvera
Reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Egresada de la FCPyS de la UNAM.
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