Ciudad de México, 23 de julio (SinEmbargo).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó un avance de la investigación del caso Iguala, donde el pasado 26 de septiembre 43 estudiantes normalistas fueron desaparecidos a manos de policías municipales, coludidos con integrantes del crimen organizado, en el que advirtió diversas fallas y omisiones en la investigación ministerial por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Fiscalía General de Guerrero.

Este día fue presentado el informe “Estado de la Investigación del ‘Caso Iguala'”, el cual fue entregado ayer a los familiares de los 43 estudiantes, donde se detalla que la investigación hecha por la PGR “está incompleta”, por lo que el organismo dirige a la dependencia 32 observaciones y propuestas, entre las que destaca, que se realice una recaudación de declaraciones, así como la ampliación de otras, de algunos elementos militares destacamentados en Iguala y Cocula.

El titular de la Oficina Especial para el Caso Iguala, José Larrieta, acompañado del Ombusdman nacional, Luis Raúl Pérez González, precisó que la autoridad encarga de procurar justicia debe desahogar las diligencias de investigación necesarias para acreditar el delito y la probable responsabilidad de los inculpados, así como preservar los indicios del delito a fin de asegurar que sus líneas de investigación puedan agotarse.

El organismo descentralizado instó a la PGR a que integre las fichas de identificación de los estudiantes desaparecidos en las que se incluyan datos como tipo de sangre y registros odontológicos.

Además de que se obtenga el lugar, hora y fecha en que fueron utilizados los teléfonos celulares desde los cuales algunos de los jóvenes normalistas enviaron mensajes e hicieron llamadas los días 26 y 27 de septiembre, a fin de orientar las acciones de búsqueda de los estudiantes.

El organismo precisó sobre el video musicalizado que presentó el entonces Procurador General Jesús Murillo Karam sobre la reconstrucción de los hechos, que “del expediente se advierten recreaciones individuales de un segmento de la ruta de desaparición, de acuerdo a testimonios singulares de algunos involucrados, diligencias aisladas que, a juicio de esta Comisión Nacional, no reúnen los requisitos legales para estimarlas una reconstrucción de hechos”.

Además, pidió a la dependencia federal que continúe con las acciones de búsqueda que pudieran dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos; que agote todas las líneas de investigación sobre las versiones de la posible ubicación de los estudiantes, con el objetivo de procurar certidumbre a los familiares, tanto la que afirma que algunos de los jóvenes se encuentran en municipios de la sierra de Guerrero, la que sostiene que en Apango “ya apareció uno con vida”, así como la que refiere que están “autosecuestrados”.

La instó también a que investigue por qué motivo los alumnos fueron llevado a la ciudad de Iguala el 26 de septiembre de 2014, quién los llevó, y por qué precisamente a los del primer grado. Cuestionamientos, que explicó, fueron hechos “de manera legítima y enérgica por algunos de los padres de los estudiantes de la Escuela Normal”.

Solicitó a la Procuraduría cumplimentar las detenciones pendientes, así como  profundizar en las investigaciones para establecer la identidad de otros involucrados y, de ser procedente consignarlos, entre ellos  cinco involucrados  en el supuesto incineramiento de los cuerpos de los normalistas en el basurero de Cocula y otras once personas a las que sólo se les menciona por su apodo y que no han sido suficientemente investigadas, a decir de la CNDH.

Además, sostuvo que una de las lineas de las que se podría desprender más información y que se deben investigar, como lo han solicitado los representantes de los padres de los normalistas, es que el ataque a los estudiantes pudo haberse dado en Pueblo Viejo y el Cerro la Parota,” pues hay existen referencias de un individuo perfectamente identificado quien podría aportar información relativa a la vinculación o no de los hechos de la desaparición de los estudiantes con los hechos”. Además de que hay alusiones a otros sujetos de los que también sólo se conoce su apelativo, a quienes tampoco se les ha investigado.

Otra de las recomendaciones que hace el organismo defensor de los derechos humanos es recabar y ampliar declaraciones de algunos elementos de las policías, Estatal, Ministerial del Estado y Federal y de 5 elementos militares, y solicitar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) información sobre quiénes de los 43 desaparecidos en los hechos de Iguala pertenecen o han pertenecido al Ejército, como se ha dado a conocer en algunos medios de comunicación.

Sugiere que la dependencia encabezada por Arely Gómez solicite apoyo de investigadores que permitan determinar si las condiciones climatológicas hubieran permitido la quema de cuerpos en el basurero de Cocula, para lo que propone que sean expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de EU (NASA, por sus siglas en inglés).

Sumado a estudios de materia de química forense que permitan corroborar que las bolsas con cenizas que se presume corresponden a los normalistas y sacadas del río San Juan, fueron realmente recogidas del mencionado basurero.

Por otra parte, sostuvo que es necesario la implementación de medidas para lograr un mayor acompañamiento y apoyo a las víctimas y a sus familiares, pues advirtió, que “por muy diversas razones, a la fecha no han recibido toda la atención, asistencia y apoyos a los que tienen derecho conforme al marco normativo vigente en México sobre la materia”.

En tanto, el cumplimiento de las 32 observaciones y propuestas hechas por el Organismo, tiene como objetivo dar certeza para contribuir a alcanza la verdad jurídica sobre los hechos de Iguala, “requisito indispensable para materializar el derechos de las víctimas a la verdad y a la justicia, cuestiones que, a su vez, son necesarias en la aspiración de la no repetición de los hechos”.

El documento, que también fue entregado a la PGR, la CNDH recuerda que “la colusión de, al menos, autoridades políticas y policiales del Municipio de Iguala y policiales de Cocula, Guerrero, con la delincuencia organizada dedicada al tráfico ilícito de drogas y al secuestro, propició que los días 26 y 27 de septiembre de 2014, se desarrollara en esas demarcaciones una serie de hechos que se tradujeron en la violación grave a Derechos Humanos que tuvieron como resultado, entre otros, la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa”.

En este contexto, el ombudsman González Pérez sostuvo que “no es momento de callar, ni de olvidar”.

La Comisión destacó que “ha reconocido la magnitud de los hechos violatorios a los Derechos Humanos en el ‘Caso Iguala’. Se trata de actos que entrañan una profunda agresión a la dignidad humana”.

“Para este Organismo Nacional la investigación sobre el ‘Caso Iguala’ no ha concluido y, en su oportunidad, formulará el pronunciamiento definitivo atinente al fondo del caso en el ámbito de los derechos humanos”, sostuvo el organismo.

“En los hechos de Iguala se visibiliza el desprecio por la vida, la inhumanidad, la connivencia entre autoridades y delincuentes, el triángulo perverso entre encubrimiento, complicidad e impunidad, miserias que han sido mezcladas para sepultar el respeto y la convivencia justa y civilizada”, agrega el informe.

El organismo considera el caso, “como de una extrema gravedad. Por deshumanizados, por la forma como han evidenciado el rompimiento del Estado de Derecho, por su extrema violencia contra las víctimas y sus valores fundamentales que exigen la reparación de sus ofensas y el cumplimiento del Derecho a la Verdad; por el respeto a la vida, la libertad, la seguridad, la integridad y la dignidad humana”.

En el documento, se advierte que “México no es el mismo después de Iguala”. Pues explica que los “ hechos ocurridos […] en la región de Iguala, Guerrero, forman por su naturaleza el más grave conjunto de violaciones a los Derechos Humanos -además de un cúmulo de crímenes de todo orden-, de cuantos haya memoria reciente en este país”.