México

Yaquis sospechan que detrás de desapariciones están las trasnacionales mineras

23/07/2021 - 10:00 pm

Integrantes de la comunidad yaqui sospechan que detrás de las desapariciones en Loma de Bácum, Sonora, están empresas trasnacionales mineras, en una estrategia de violencia para atemorizar a los pobladores y sacarlos del lugar para adueñarse de sus tierras.

Ciudad de México, 23 de julio (SinEmbargo).- Integrantes de la Guardia Tradicional de Loma de Bácum, una localidad situada en la zona del valle del Yaqui en Sonora, están convencidos que empresas trasnacionales y empresarios locales interesados en explotar la tierra, son quienes en realidad podrían estar —en colusión con las autoridades— detrás de las desapariciones, amenazas y violencia registrada en los últimos días, como parte de una estrategia para despojarlos de su territorio.

Al menos 15 personas fueron desaparecidas entre los ranchos “El Coyote” y “Agua Caliente” el 14 de julio, de acuerdo con información de las autoridades yaquis en Sonora. Del total de las víctimas, cinco ya fueron localizadas, pero diez siguen desaparecidas, siete de ellas son integrantes de esta comunidad y el resto allegadas. Agentes investigadores de Sonora, peritos, ministeriales y la Guardia Tradicional ya trabajan en colaboración con los familiares de las víctimas que aún no han sido encontradas para dar con su paradero.

“Ahora que se puso de moda el litio y todas esas cosas mineras, andan queriéndose meter en nuestro territorio para envenenarlo. El estado de Sonora, a través de la Secretaría de Desarrollo, dio concesiones mineras a gente de Ciudad de Obregón y casualmente ahí, donde está una concesión minera, es donde sucedió la desaparición de estas 15 personas que —según nos dijeron algunos de los que escaparon— los plagiarios les dijeron que ese terreno no era de ellos. Eso nos da la línea de dónde vienen esos ataques”, expresó en entrevista con SinEmbargo, Guadalupe Flores Medina, integrante de la Tropa Yoreme de Loma de Bácum.

Flores Medina señaló que las autoridades indígenas buscarán por su cuenta a quienes siguen desaparecidos debido a que las indagatorias no avanzan; por el contrario, denunció, han tenido una serie de incongruencias e inconsistencias que han provocado la desconfianza de los yaquis de quienes están a cargo de la investigación ministerial.

“Siguen las investigaciones y la búsqueda, sigue todo igual. No pueden dar nada (de información), nos dicen que no nos pueden dar a conocer los resultados para no entorpecer la investigación […] Y hemos visto una serie de incongruencias e inconsistencias y eso nos obliga a hacerlo por nuestra cuenta”, dijo.

Tomás Rojo Valencia, vocero y líder del movimiento Ciudadano en Defensa del Agua, fue desaparecido el 27 de mayo en Vícam, una comunidad considerada la capital de la nación yaqui. Días después, el 17 de junio, su cuerpo fue hallado en una fosa clandestina.

La principal línea de investigación, de acuerdo con la Fiscalía de Sonora, son intereses de un grupo criminal por el cobro que el pueblo yaqui realiza en la carretera Federal México 15, tramo Guaymas-Obregón, tomada en protesta contra la infraestructura pública y privada que atraviesa el territorio.

No obstante, los integrantes de la comunidad yaqui no están de acuerdo con la narrativa de las autoridades ministeriales de que el crimen organizado y los cárteles de la droga son los responsables.

“Casualmente ahí en ese rancho de ‘Los Coyotes’ está ubicada una concesión minera que trataron de otorgar a un empresario restaurantero y precisamente ahí fue donde levantaron a nuestros compañeros. Sin embargo, la Fiscalía del estado y las corporaciones de seguridad no van por esa línea (de la concesión minera). Ellos se van por la otra línea, del crimen organizado, pero nosotros decimos que no”, destacó Flores.

La tribu yaqui —que ha vivido siempre en lucha y resistencia desde la Conquista, la Independencia, el Porfiriato, la Revolución y, ahora, contra los megaproyectos energéticos— está convencida de que son intereses mineros y económicos los que emplean una estrategia para atemorizar a los pobladores y sacarlos de sus tierras para apoderarse de ellas.

“Están tratando de crear una especie de psicosis y pánico, tratan de asustarnos para que abandonemos nuestro territorio y les dejemos la puerta libre [..] Sabemos que los que se dedican esos negocios son los que están haciendo eso”, explicó el vocero yaqui, Guadalupe Flores.

Los asesinatos y desapariciones de activistas se han recrudecido en medio del avance lento del Plan de Justicia al Pueblo Yaqui para restituir su territorio y recursos naturales. Foto: Crisanto Rodríguez, SinEmbargo

UNA HISTORIA DE LUCHAS Y AMENAZAS

Loma de Bacúm es una de las ocho comunidades —las otras son Cócorit, Tórim, Vícam, Pótam, Huibiris, Rahum y Belén— que se han levantado en contra la construcción del gasoducto que pasa por tierras yaquis en Sonora.

La empresa Gasoducto Aguaprieta, filial de Infraestructura Energética Nova (IEnova), construía esta obra en territorio sagrado para la comunidad yaqui.

El proyecto energético planteaba colocar el gasoducto desde la frontera con Estados Unidos a Sinaloa para proveer de gas natural a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). No obstante, fue suspendido en tanto la empresa del Estado negocia diversos contratos de gasoductos, incluyendo el de Ienova.

Los habitantes se opusieron por el riesgo de una explosión de metano —la cual afectaría a unos 15 mil habitantes— y también por la falta de una consulta previa, libre e informada, un derecho internacional de comunidades indígenas establecido en el Convenio 169 de la Organización de las Naciones Unidas.

Actualmente, el Gobierno de México está en tratos con los ocho gobernadores de la tribu para pactar el Plan de Justicia para los Pueblos Yaquis que busca dignificar la vida en estas comunidades con acciones de salud, educación y ordenamiento territorial, a cambio de que se permita la operación de infraestructura pública y privada su territorio.

Guadalupe Flores explicó que la defensa del territorio contra las gaseras y mineras ha traído consecuencias, principalmente en la tranquilidad y seguridad para los habitantes.

“Antes vivíamos en paz y tranquilidad hasta que unas empresas transnacionales quisieron entrar nuestro territorio con su gasecito y las detuvimos”.

El defensor yaqui adjudicó las desapariciones de los miembros de su tribu a una estrategia de intimidación y amenazas por parte de “los poderes fácticos”, que buscan controlar la tierra para dar concesiones mineras y la imposición de los megaproyectos.

“Están tratando de crear una especie de psicosis y pánico, tratan de asustarnos para que abandonemos nuestro territorio y les dejemos la puerta libre. Ya lo hicieron con rancheros que colindan con nuestro territorio; allá crearon un pánico, que supuestamente iban a entrar los sicarios y los guachos y que iba a haber un enfrentamiento. Lo mismo que quisieron hacer con nosotros”, expresó.

Flores comentó que además tratan de crear división interna en la comunidad con la violencia: “primero secuestrando gente inocente ajena al conflicto para hacer desesperar a los familiares y después que las familias culpen y echen la bronca a su misma autoridad yaqui, a nosotros, los que estamos ahí en forma visible del frente”.

Gobierno federal negocia con los yaquis el Plan de Justicia para los Pueblos Yaquis . Foto: Gobierno federal

Guadalupe Flores también denunció que personas corruptas dentro de los gobiernos son cómplices de este intento de despojo de su tierra.

El pasado 9 de julio, el Ejército irrumpió en las inmediaciones del rancho “El Papalote de Abajo” sin autorización con el pretexto de que era un operativo para decomisar droga. Luego tras el aseguramiento, los militares intentaron desarmar a la Guardia Tradicional Yaqui —que tiene permiso para portar fusiles y pistolas para protección de la tribu—, sin embargo, las fuerzas castrenses fueron desalojadas.

Flores aseguró que el operativo es parte de una estrategia de criminalización de la comunidad:

“Están en complicidad con el corrupto sistema político mexicano y usan tácticas y estrategias de sembrar drogas y acusarnos que somos parte del crimen organizado, cuando el crimen organizado son ellos mismos. Ya lo hicieron una vez, que nos acusaron de huachicoleros. Hasta vinieron y quemaron una toma clandestina que ellos mismos abrieron. Hoy repiten la historia ahora con diferentes ángulos”.

El defensor del territorio afirmó que la comunidad no se dejará amedrentar fácilmente y continuará en la lucha por la tierra. “Eso nos obliga a defendernos con lo que tengamos, con arco y flecha. Ya ha habido enfrentamientos, ya se le demostró tanto a la Marina, la Guardia y la Sedena de lo que es capaz nuestra gente”, advirtió.

Sugeyry Romina Gándara
Ha trabajado como reportera y fotoperiodista de nota roja en Chihuahua. Los últimos años, ya radicada en CdMx, los ha dedicado a cobertura sobre temas de desaparición, seguridad y víctimas de la violencia.
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