El martes en Cuernavaca, en el Instituto Nacional de Salud Pública, se llevó a cabo la consulta temática sobre política de drogas de los Foros de Pacificación del País y la Reconciliación que ha organizado el próximo gobierno. Si bien el reparto de ponentes fue limitado y no se trató de una consulta, sino de una serie de exposiciones a invitación expresa, el sentido general de la jornada es halagüeño, pues por primera vez han imperado las posiciones liberalizadoras, sobre todo respecto a la mariguana, no solo entre los habituales promotores de la reforma de la política de drogas –que estuvieron representados por Amaya Ordorika, del colectivo Reverdeser, por Juan Machín y por Javier Mancera de Arrigunaga, de México Unido Contra la Delincuencia– sino también por los voceros de la próxima administración, tanto el próximo secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, como también el próximo embajador ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, y el futuro subsecretario de Agricultura, Víctor Suárez.

Juan Ramón de la Fuente ha sido desde hace tiempo un impulsor de la regulación de la mariguana y ha escrito mucho sobre el tema; así, puede jugar un papel relevante en el principal foro internacional para hacer escuchar una nueva posición de México sobre política de drogas, cuando ya es evidente el fracaso del prohibicionismo y los catastróficos efectos que ha tenido sobre los usuarios de drogas, las sociedades y los Estados. Pero la posición de Durazo resulta muy importante, porque manifestó con claridad su talante liberal y su convicción de que se debe despenalizar completamente el consumo de sustancias, lo cual representa un giro radical en lo planteado tradicionalmente por los responsables de la seguridad en México. Sin embargo, en el enfoque de Durazo se siguen asomando los prejuicios y tópicos que tradicionalmente se escuchan cuando se habla de drogas, como cuando afirmó que para el gobierno entrante “la drogadicción” es “una enfermedad social”, pero ello no demerita su posición liberalizadora, que se suma a lo planteado antes por la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Como era de esperarse, el representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, Antonino de Leo, puso el énfasis de su intervención en señalarle al próximo gobierno los compromisos internacionales que México ha adquirido en materia de drogas y de los que tendrá que rendir cuentas en marzo de 2019, a lo que De la Fuente respondió que si bien el gobierno de López Obrador considera relevante cumplir esos compromisos, tendrá también que establecer sus propias necesidades y su realidad geográfica y social, por lo que es necesario plantear un  nuevo marco jurídico, ante el evidente agotamiento del actual.

Otro punto notable del encuentro del martes fue que por fin se comienza a ver el tema desde la perspectiva de los productores, tradicionalmente satanizados y criminalizados. Jesús Mendoza habló de la situación de los campesinos que producen amapola y de la necesidad de su inclusión económica y social y de garantizar su seguridad. Entre el público estaba Arturo López Torres, campesino que cultiva amapola en Guerrero y que en el espacio de preguntas planteó su perspectiva. Frente al tema de los de los posibles desarrollos alternativos que tradicionalmente se plantean para atacar a la producción, Hans Mathieu, representante en México de la Fundación Friedrich Ebert, expuso su escepticismo basado en la evidencia de los fracasos de ese tipo en programas, como la sustitución de cultivos, en México y en otros países.

Llama la atención que incluso los prohibicionistas de siempre, como Carmen Fernández, de los Centros de Integración Juvenil, quien es incapaz de diferenciar entre uso de drogas y adicción, ven ya la regulación del cannabis como inevitable, aunque lo hagan con todos sus temores y prejuicios.

Como bien lo señaló en el encuentro Juan Ramón de la Fuente, el tema de la mariguana está ya sobrediagnosticado. Este ha sido uno más de los foros y seminarios que desde hace más de una década se han realizado en ámbitos legislativos, académicos y gubernamentales y las posiciones están ya bastante claras. La evidencia para echar abajo la prohibición y enfocar el tema del consumo y el mercado de sustancias psicotrópicas desde una perspectiva regulatoria diferente es abrumadora. Lo novedoso de la mesa de esta semana es que las autoridades que asumirán en diciembre sus cargos han asumido ya la perspectiva reformista. Ahora lo que toca es regular.

Desde luego que habrá que tejer fino. El primer paso es terminar ya con la absurda prohibición y persecución de la mariguana. Tanto en el tema medicinal, al que México llegará tarde y desaprovechará importantes oportunidades de mercado, como en el del uso personal existe suficiente evidencia para desarrollar un modelo propio de regulación adecuado a las condiciones sociales y culturales del país. Los ocho estados de la Unión Americana que han echado a andar modelos de regulación para el uso adulto, junto con la experiencia de Uruguay, la mucho anterior de los Países Bajos y la incipiente de Canadá, representan un punto de partida muy útil para evaluar las diferentes posibilidades de regulación, con una perspectiva de reducción de daño, de prevención y de protección de los menores.

Pero también es alentador que se haya abierto la discusión de cómo regular la producción de amapola y de sus derivados. Desde luego que México debería producir sus propios derivados médicos, para terminar con la falta de acceso a medicamentos esenciales contra el dolor, pero también debe impulsarse la discusión global sobre cómo enfrentar las epidemias de opiáceos, como las que afectan hoy a los Estados Unidos y, en menor medida, a Canadá, pues la peligrosidad de los derivados del opio no es ni remotamente comparable con la de la mariguana. Ahí la perspectiva de reducción de daño se debe enfocar a salvar vidas y a sacar del mercado clandestino a la heroína y otros opiáceos y opioides por medio de la provisión controlada de tratamientos de sustitución o de heroína de calidad a través de los sistemas de salud. México se ha salvado de una epidemia de esas características, pero la demanda clandestina se mantendrá mientras los Estados Unidos no cambien su enfoque persecutorio.

Agradezco a Amaya Ordorika la detallada reseña del encuentro, en la que baso esta nota.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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