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Melvin Cantarell Gamboa

23/08/2022 - 12:05 am

La guerra contra las drogas IV

“(…) es necesario alentar la autoconstrucción social de organizaciones populares que presionen y obliguen al Gobierno a contribuir con los cambios que las condiciones materiales de la nación están exigiendo”.

“Culturalmente, detener la privatización y comercialización de todo lo relativo a la educación y la salud”. Foto: Félix Márquez, Cuartoscuro

¿Qué hacer?

La criminología estudia los delitos, los factores que los desencadenan, la manera de evitarlos y el modo de actuar de las personas que los cometen. Desde esta perspectiva constituyen objeto de estudio del criminólogo todos aquellos individuos que viviendo en sociedad quebrantan, con su conducta, la correcta relación con las instituciones, no respetan las leyes, normas ni reglas de convivencia perdiendo, de esta manera, el privilegio de gozar de una vida tranquila, pacífica y segura.

Según la criminología, en el momento en que un sujeto manifiesta una conducta peligrosa, aun cuando sus actos no son un delito, se convierte en un transgresor y, por lo tanto, en un potencial delincuente, quedando expuestos a las penas que marca la ley. La civilización hizo posible vivir protegidos de hostilidades, prejuicios y confiadamente; de ahí pues la necesidad del Estado de perseguir a todo aquel que vulnere ese estado de cosas y muestre ser incapaz de convivir en armonía.

El largo periodo que se inició desde las primeras civilizaciones dio forma al estereotipo que identificó lo bueno con la nobleza, la riqueza o la educación y lo malo con lo plebeyo, la pobreza y la ignorancia construyendo el sentimiento común de suponer que lo bueno se identifica con la clase dominante y lo malo con las clases sometidas.

Hoy resulta fácil pensar este prejuicio como lo más natural y se cree que los ricos, los poderosos, los educados son buenos y felices y los pobres, por su condición, son potenciales criminales, violentos, brutales, pues cuando los necesitados buscan tener lo que poseen aquellos y ocupar sus lugares lo hacen por medio de actividades delictivas.

Afortunadamente las ciencias humanas han hecho importantes hallazgos: es la desigualdad y no la pobreza la que genera delincuencia y marginación puesto que niega oportunidades a decenas de millones de personas. Sólo cuando se dé un alto grado de humanización accederemos a entender esto y comprender al otro y no limitarse a juzgar moralmente por la pertenencia a una clase, su posición en el sistema, estatus y roles que está obligado a jugar socialmente.

La ruptura de los pactos sociales es lo que pone en peligro el “contrato social” que cohesiona a una comunidad y el delincuente es el tipo de individuo que quebranta estos acuerdos. Ahora bien, la antropología social considera que los problemas humanos y su irresolución provocan la militancia criminal. Desde esta perspectiva los responsables de la criminalidad serán aquellos Estados que se nieguen a resolver las necesidades vitales de los oprimidos, se muestren ineptos para dar soluciones básicas y factibles o impulsar las reformas radicales que las propicien.

La respuesta policial tampoco es práctica. En los años 90 en Nueva York, durante el Gobierno de Rudy Giuliano, se implantó el programa “Cero Tolerancia” que consistía en la represión de todo comportamiento antisocial: pandillerismo, vagancia, grafiti, vandalismo, venta de alcohol, mariguana y otras drogas. Los resultados inmediatos fueron el disparo de detenciones arbitrarias, cacheos ilegales a ciudadanos, discriminación de pobres, marginales, migrantes y otros abusos de la policía; creció la violencia y se polarizó a la sociedad. Pero lo peor fue que desnudó al cuerpo de policía metropolitano: un alto grado de corrupción y falta de integridad profesional; se llegó a la conclusión de que este tipo de programas son inútiles sin la creación de una nueva policía, siempre y cuando se evite el trato con los veteranos y se le proteja para no adquirir los vicios por contacto.

Ahora bien, algunos criminólogos contemporáneos han llegado a la conclusión de que el criminal encuentra en la vida opulenta, ostentosa y lujosa de los potentados un modo de existencia paradigmático digno de imitarse y reproducir, incluso sobrepasarlo hedonísticamente.

El narcotraficante mexicano imita el comportamiento de los acaudalados delincuentes de cuello blanco: empresarios, financieros, banqueros, etc.  quienes cometen fraudes, estafan, engañan fiscalmente a las autoridades hacendarias, lavan dinero, despojan a la gente de su patrimonio y permanecen impunes. ¿Qué hicieron para lograrlo? Sobornar a políticos, jueces, ministerios públicos, funcionarios de todos los niveles y autoridades; de esta manera, una vez que conocieron el poder del dinero y que éste puede comprarlo todo, incluso la impunidad, recurrieron con enorme éxito a la corrupción que hoy permea las instituciones y se ha extendido a todos los niveles del poder político.

Recapitulando:

*El actual problema de las drogas mantiene íntima relación con el desenvolvimiento histórico a escala global de la producción, tráfico y comercialización de enervantes; ahora bien, los problemas globales, como el narcotráfico, no tienen soluciones locales (ejemplo: control de armas y blanqueo de dinero); de ahí que tanto en México como en todos los países que lo han intentado la guerra contra las drogas ha sido un total fracaso. Como vimos, la declaratoria de hostilidades fue impuesta a los países productores por el poder político y militar de los Estados Unidos como resguardo y garantía de su seguridad nacional. Sin embargo, cincuenta años después nos enteramos “de los oscuros vínculos que estas organizaciones de seguridad nacional norteamericanas tienen con cárteles internacionales de droga, estos extraen ocho mil toneladas anuales de opio de zonas de guerra estadounidense, y luego, a través de la banca internacional legalizan quinientos mil millones de dólares, la mitad de estos bancos tienen su sede en Estados Unidos” (Phillips, Peter. Megacapitalistas. Roca editorial. México 2020, pág. 28). Si no se eliminan antes estos obstáculos difícilmente se avanzará en este capítulo.

*Localmente la guerra contra los cárteles sólo ha servido para encarcelar a los más vulnerables y a uno que otro capo.

*Hay que señalar también que es imposible enfrentar un conflicto de esta naturaleza con instituciones débiles, permeables al soborno, la corrupción y funcionarios que faltan conscientemente a los deberes de sus cargos.

*Las leyes no pacifican; solo cuando las autoridades y el ciudadano común las respetan se evitan los conflictos.

¿Qué hacer?

*En lo fundamental, necesitamos un pacto de seguridad acompañado de un proceso de pacificación, es decir, un acuerdo de paz, que no tenga nada que ver con concesiones a la criminalidad, sino sustentado en una estrategia que incluya la colaboración entre instituciones de Gobierno legítimas y confiables y la sociedad civil; de este modo los aparatos de seguridad del Estado podrán ser disuasivos y no reactivos como hoy sucede, ya que sólo convirtiéndose en proactivos serán capaces de frenar paulatinamente la incidencia delincuencial.

*Aspirar a una sociedad civilizada regida por leyes y formada por ciudadanos que las respeten, ambos factores podrían reducir el caos y las anomalías a las que conduce la criminalidad.

*Atender la desigualdad prestando mayor atención a las condiciones de la población.

*Definir qué experiencias de la vida cotidiana deben de transformarse a fin de reducir las actuales presiones consumistas a que invita el entorno.

*Culturalmente, detener la privatización y comercialización de todo lo relativo a la educación y la salud.

*Ampliar el confort existencial, pues de no hacerse continuará aumentando el malestar social y, en consecuencia, los conflictos. Intentarlo implica realizar cambios en la política fiscal, en la distribución del ingreso y la adopción de una política educativa que, sin distinción de clase, prepare a las nuevas generaciones para acceder a las oportunidades de desarrollo personal que ofrece el contexto. La concentración de la riqueza y su permanente aumento entre los más ricos es incompatible con un futuro de paz.

*Ignorar estos puntos sólo aumentará la resistencia popular y la frecuencia de rebeliones para situarnos al borde de un estado policial represivo.

*La élite del poder económico está obligada a reconocer que no debe pasar por alto estas advertencias y colaborar con el Estado para impulsar los cambios necesarios para contrarrestar la agitación social.

*Hasta hoy, la riqueza privatizada es capaz de promover, entre las masas, su ideología de derecha, controlar mediante el soborno gobiernos, funcionarios, autoridades, crear grupos represivos paramilitares (ejemplo en Chiapas), mercenarios, pandilleros, movilizar al crimen organizado para entorpecer la vida cotidiana de la población, pero ¿Hasta cuándo podrán funcionarle estos medios? ¿No sería mucho más simple y recomendable el entendimiento y la comprensión de la situación y buscar una solución conjunta que conduzca a la salvación del país y así evitar enfrentamientos letales con todas sus trágicas consecuencias: sufrimiento, dolor y muerte? No hay que perder de vista que sólo una sociedad fuerte, vigorosa y comunitaria en que la relación entre sociedad civil y Gobierno sea equilibrada, puede absorber cierta cantidad de delitos sin alteraciones; de esta manera, además, el Estado podrá utilizar su poderío en favor del interés general.

*Por último, es necesario alentar la autoconstrucción social de organizaciones populares que presionen y obliguen al Gobierno a contribuir con los cambios que las condiciones materiales de la nación están exigiendo.

Anexo:

Escribía la última parte de este artículo cuando en días sucesivos se dieron en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Baja California y Michoacán actos de violencia armada en carreteras, negocios y contra la población civil. Es imposible suponer una simple coincidencia en estos actos o que fuese de un activismo por contagio o imitación.

He sido incrédulo (y seguiré siéndolo) de las proverbiales teorías conspiranoicas promovidas por gobiernos o grupos de poder para obligar a las personas ingenuas a suponer la intervención de agentes malignos para provocar actos perversos e impropios con la intención hacer daño; sin embargo, en este caso, los acontecimientos vividos en los cinco estados mencionados apuntan, desde el punto de vista ético, a una cuestión límite, pues cobró la vida de personas,  amenazó la libertad, la paz pública y los derechos humanos. Mi reciente lectura del citado libro de Peter Phillips (Megacapitalistas. La élite que domina el dinero y el mundo. Roca editores. 2020) me lleva a pensar que fueron actos delictivos concebidos y planeados para provocar reacciones entre la población: intimidación, miedo y terror con la finalidad, primero, de perjudicar al actual Gobierno pues, ya sea que confronte directamente al crimen organizado o persista en su actual política de no hacerlo, su decisión tendrá a los ojos de la población saldos negativos; segundo, si todo ha sido planeado y provocado, entonces sus promotores tratan de incidir en el proceso de sucesión presidencial para modificar la tendencia del voto actualmente favorable a Morena; cualquiera de las dos que fuera, sólo hay que hacerse una pregunta ¿A quiénes benefician  estos actos? ¿Tiene el lector una idea? Pues bien, ellos son los promotores.

Por otro lado, desde el punto de vista de Peter Phillips, autor del libro mencionado, existe otra posibilidad: los conflictos derivados del T-MEC sobre los energéticos, pues al estar involucrado el capitalismo corporativo global y, conociendo sus prácticas, éste estaría interesado en debilitar la posición soberanista y nacionalista del Gobierno mexicano para hacerle más fácil a los tribunales internacionales juzgar sobre las demandas contra México, actualmente en curso, dado el control, influencia y uso faccioso que se acostumbra hacer de instituciones internacionales como el Banco Mundial, FMI, la OTAN, el G7, el G20, el Consejo Atlántico, el Foro Económico Mundial, Compañías Militares Privadas y otras que sirven a sus intereses. Asimismo, según Phillips, aumenta esta posibilidad los nexos que los grandes capitales mantienen con importantes e influyentes organizaciones conservadoras nacionales, medios de comunicación y el crimen organizado (por favor, lean a Phillips).

No hay que perder de vista el activismo de la derecha mexicana  porque comparte con el neoliberalismo ideología, objetivos y tácticas de  propaganda mediática; desde que llegó a la Presidencia Andrés Manuel López Obrador, se han encargado de crear escollos jurídicos, movilizar a medios, periodistas, intelectuales y Organizaciones No Gubernamentales para interponer amparos y difundir noticias prefabricadas, opiniones y puntos de vista de “especialistas” que reflejan los valores y las preocupaciones de la clase dominante. Todo esto hace pensar que están más que dispuestos a sumarse a esta cruzada perturbadora de la estabilidad social y romper el orden interno.

Melvin Cantarell Gamboa
Nació en Campeche, Campeche, en 1940. Estudió Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es excatedrático universitario (Universidad Iberoamericana y Universidad Autónoma de Sinaloa). También es autor de dos textos sobre Ética. Es exdirector de Programas de Radio y TV. Actualmente radica en Mazatlán, Sinaloa.
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