Ayer, el alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal, recibió un comunicado del Comité Ejecutivo Nacional del PAN por la vía del Comité Directivo Estatal de Nuevo León. Le informaron el inicio del procedimiento que se seguirá por el desacato a la solicitud hecha por el líder nacional del partido, Gustavo Madero, y por esos otros que votaron al interior del partido para exigirle que pidiera licencia y aceptara culpas.

El puro trámite adormila: “El inicio del procedimiento que se seguirá por el desacato a la solicitud…”, etcétera.

La realidad es que desde el 6 de septiembre, Madero le pidió a Larrazabal que solicitara licencia por 30 días “para transparentar el proceso legal” que se le seguía a su hermano Jonás.

Larrazabal dijo que no se iba, no como un reto a su partido, sino siendo congruente, sabemos ahora, a los guiños que recibió desde el interior del mismo partido. No todos en el CEN están convencidos de que se actuó con sabiduría al pedir la licencia del alcalde. No todos estaban entonces convencidos porque, imagínese, ¿cuántos políticos habrían tenido qué renunciar por culpa de sus familiares? Empezando con el mismo líder nacional del partido, Gustavo Madero.

Recuerde usted que varios panistas y ex funcionarios regios involucrados en el casino Royale fueron acusados anteriormente de corrupción, entre ellos el ex alcalde de Monterrey, Adalberto Madero Quiroga, a quien expulsaron del PAN.

Por eso es que el proceso contra Larrazabal ha sido tan tortuoso.

No parece que la orden viniera de gente tan proba, con autoridad moral.

Y eso no salva a Larrazabal, quien tiene por su parte una cola enorme que le pisen.

Pero, a ver, ¿por qué no renunció en su momento Juan Molinar Horcasitas, ese ex secretario y ahora funcionario panista que está entre los que piden la cabeza de Larrazabal?

Da la impresión de que esperan que se acomoden las aguas para no insistir en la renuncia del alcalde regio.

 

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En la búsqueda de la justicia “pronta y expedita” el presidente Felipe Calderón Hinojosa podría heredar, además del baño de sangre al país, un “engendro” legal. A Caderón le quedan, oficialmente, escasos 15 meses en el gobierno. Aunque de forma extraoficial sólo le restan 10 meses pues, tras los resultados de la elección del próximo 1 de julio de 2012, el poco poder que le quede se difuminará.

Por eso se le ve con prisa, con urgencia de legitimar lo que en cinco años no ha podido. Y la iniciativa de un nuevo Código Federal de Procedimientos Penales, que ayer envió a la Cámara de Diputados, no hace sino evidenciar esa premura.

El jefe del Ejecutivo federal quiere incorporar un sistema de “investigación sin autorización judicial”, que incluye el cateo de domicilios por denuncia anónima, revisión de personas y vehículos, reconocimiento de personas, aportación de comunicaciones entre particulares y conformar un cuerpo de “agentes infiltrados”.

Luego, también gravísimo, incluye un apartado de derechos de la víctima y, al mismo tiempo y en total contradicción, el documento enviado a los legisladores define que no se admitirá cualquier prueba obtenida con violación a derechos humanos.

Y, para estar en línea con el gobernador enemigo de los usuarios de redes sociales, Javier Duarte, prevé restricciones y candados  a los medios de comunicación para difundir casos de secuestros, situaciones que pongan en riesgo a testigos o la privacidad de menores de edad.

Peligrosas, las prisas. A ver si no se le revierte.

 

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Qué oso. Para Javier Duarte, gobernador de Veracruz muy bravo con los tuiteros, pero también para los procuradores, incluyendo la General de la República, Marisela Morales. Por lo menos una docena de personas fueron asesinadas ayer en el puerto de Veracruz en unas horas mientras ellos se entretenían con una reunión de quién sabe qué.

Ha sido un sexenio de reuniones, pactos, anuncios en vivo, mensajes presidenciales, llamados, conferencias.

Un sexenio de todo, menos de resultados.

Y ya verá: el sexenio está por terminar y la violencia no habrá cedido.

Como lo pudieron constatar ayer los procuradores y Duarte en Veracruz.

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