La cifra de feminicidios en México para el 2022 va en 600, pero organizaciones y especialistas en el tema apuntan que el número de mujeres que han sido asesinadas en razón de género podría ser mucho mayor, pues existen obstáculos como falta de homogeneización en el delito de feminicidio en los códigos penales locales con el federal y poca capacitación en ministerios públicos para que se investiguen las muertes violentas con perspectiva de género.
Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).– En los primeros ocho meses del año, las fiscalías de los estados mexicanos han abierto 600 carpetas de investigación por el delito de feminicidio, pero las muertes violentas reales de mujeres en razón de género podrían ser miles, pues existen problemáticas para clasificar y reconocer las muertes que podrían constituir un feminicidio. Estas fallas en la generación de información sobre violencia feminicida resultan en una cifra negra, advierten especialistas en el tema.
“El problema de la cifra negra, en términos de violencia contra las mujeres, es enorme. Es un problema muy complejo y que empieza desde la manera en la que conceptualizamos la violencia y que vemos la violencia de las mujeres como algo que va más allá de la violencia letal”, explicó Alicia Franco, coordinadora del equipo de datos de Data Cívica, una asociación civil que analiza datos y cifras para “promover y defender los derechos humanos”. “Al tener de manera sistemática, o constantemente, ciertos casos que están faltantes, no podemos considerar el universo completo del fenómeno” de feminicidios, continuó.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y agosto de 2022 se han registrado 600 feminicidios, pero para este mismo periodo también se han reportado mil 905 homicidios dolosos de mujeres —incluso, junio registró la cifra histórica de 282 asesinatos—, y dos mil 559 homicidios culposos, también con la cifra histórica de 350 muertes en mayo de este año.
Aunque la cifra total de muertes violentas de mujeres llega a ser de cinco mil 064, existen diversas razones por las que casos que podrían constituir un feminicidio, no son clasificados como tal. Esto va desde la falta de capacitación de peritos para indicar todas las circunstancias bajo las cuales se produjo el asesinato, falta de homogeneización en el delito de feminicidio en los códigos penales locales con el federal, una dificultad para probar el feminicidio ante un Juez o Jueza y por tanto el Ministerio Público decide solicitar la vinculación a proceso por homicidio, entre otras.
“En el Secretariado tenemos el delito de feminicidio, de homicidio doloso, de homicidio culposo, pero estos delitos tienen cierta cifra negra porque el homicidio –por su misma naturaleza– implica que no todo cuerpo hallado, asesinado, va a resultar en una carpeta de investigación en el Ministerio Público”, indicó en un primer momento Franco.
FALTA HOMOGENEIZACIÓN ENTRE CÓDIGOS PENALES
Las cifras de los distintos estados para feminicidios, homicidios dolosos y culposos de mujeres son dispares: mientras que el Estado de México lidera el número de feminicidios para el 2022 con 95 muertes, Guanajuato encabeza la lista de homicidios dolosos (259) y culposos (332), mientras que sólo contabiliza 14 feminicidios.
Una posible explicación para las bajas cifras de feminicidio en comparación con homicidios dolosos y culposos de mujeres, expuso Franco, es que al momento que los funcionarios de las morgues realizan el acta de defunción, muchas veces variables contextuales del presunto homicidio quedan sin responder o sin rellenar. Esto implica que información que podría apuntar a un feminicidio no está disponible para ser considerada por el Ministerio Público.
“Muchas veces, ciertas variables cruciales para poder entender el contexto en el que se dio el homicidio, y por lo tanto clasificarlo como feminicidio, o incluso estudiar en realidad muchas de las dinámicas homicidas en México, no son rellenadas”, sumó.
El Código Penal Federal contempla que un homicidio de una mujer que contenga al menos una de siete variables, puede ser clasificada como un homicidio en razón de género, resultando así en un feminicidio. Las variables son: que existan signos de violencia sexual, lesiones o mutilaciones previas o después de la privación de vida, antecedentes de cualquier tipo de violencia, si existía una relación previa entre la víctima y el agresor, si hubo amenazas previo a la privación de la vida, si la víctima estuvo incomunicada y si el cuerpo fue exhibido en un lugar público.
Aunque estas variables están contempladas en el Código Penal Federal, no todos los códigos penales en los estados de la República tienen las mismas maneras de clasificar el feminicidio. Por ejemplo, el Código Penal de Aguascalientes considera en su Artículo 113 que el homicidio calificado como feminicidio se produce cuando “un hombre prive de la vida a una mujer por razones de género” bajo las siguientes circunstancias: exista signos de violencia sexual, se le hayan infligido lesiones o mutilaciones previas a la privación de la vida, o la víctima haya sido incomunicada. De esta manera, esta entidad sólo contempla tres de siete posibles variables planteadas por el Código Penal Federal.
“La tipificación del delito no es homogénea entre distintas entidades. Esto implica que el número de feminicidios en Aguascalientes puede que no sea comparable con el número de feminicidios en la Ciudad de México, porque los criterios bajo los cuales a un homicidio de una mujer se le tacha la cajita de feminicidio es distinta en los dos entidades. También lo que hemos visto es que hay un proceso [de determinación] que no es comparable entre entidades”, dijo al respecto Alicia Franco.
Por esta razón, Data Cívica hizo un recuento propio de los potenciales feminicidios durante el 2020, que toma en consideración todos aquellos homicidios en los que i) la víctima falleció en el hogar, sin importar la causa específica de muerte; ii) la causa de muerte fue agresión sexual; iii) si hay registro de que hubo violencia familiar relacionada al homicidio iv) se reporta algún tipo de parentesco entre la víctima y el presunto agresor; y/o v) la causa de defunción fue maltrato o abandono. Para esto, analiza los registros de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Mientras que el Secretariado reportó 948 feminicidios para el 2020, Data Cívica consideró una cifra de mil 398 feminicidios; es decir, una diferencia de 450 casos.
A fin de que exista una homogeneización del delito de feminicidio entre los códigos penales locales y el Federal, las senadoras morenistas Olga Sánchez Cordero y Gabriela López Gómez propusieron en julio de este año una iniciativa que reforma el Código Penal Federal y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia “con la finalidad de unificar y homologar la tipificación y punibilidad del delito de feminicidio en todo el territorio nacional”.
La iniciativa también considera penas agravadas si la víctima es una niña o adolescente, adulta mayor, mujer indígena, embarazada, persona con discapacidad de cualquier tipo; cuando el victimario sea servidor o servidora pública “y haya cometido la conducta valiéndose de esta condición o haya intervenido en cualquier etapa del hecho delictivo”; si la víctima es migrante; si el acto fuera cometido por dos o más personas; o si fuere cometido en presencia de personas con quienes la víctima tuviere vínculo de parentesco por consanguinidad, afinidad, civil o relación afectiva o sentimental de hecho, a sabiendas de esta relación.
La Comisión Especial encargada de dar seguimiento a los casos de feminicidio de niñas y adolescentes se dedicará “primero a la homologación, con una iniciativa en donde presentamos 16 tipos de maneras de clasificar el feminicidio de manera a nivel nacional. Después, vamos a pasar a los protocolos de actuación de las instituciones, pues cada institución tiene una manera distinta de atender el problema, entonces tenemos que pasar a ese siguiente punto y después las normas que tienen que ver más con el tema de la prevención”, puntualizó la Senadora Gabriela López Gómez sobre el documento.
Sin embargo, reconoció que lograr esta homogeneización requerirá de mucha coordinación entre los tres niveles de Gobierno, además de que el cambio de legislaturas y líderes de los gobiernos ejecutivos obstaculiza el avance en esta materia.
EL VÍNCULO ENTRE DESAPARICIÓN Y FEMINICIDIOS
En la lista de dificultades para contabilizar y tipificar correctamente los feminicidios, apuntó la coordinadora de datos Alicia Franco, es primero que los cuerpos de mujeres asesinadas realmente lleguen a las morgues. Esto está directamente relacionado con las desapariciones de personas en México, pues al momento de ser registrado un individuo como no localizado, se genera un limbo en el cual no se sabe si la persona está o no con vida.
Actualmente, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas identifica a 26 mil 419 mujeres desparecidas y no localizadas desde el 15 de marzo de 1964, de las cuales 18 mil 698 fueron reportadas en los últimos 10 años.
“Vemos que empiezan a aumentar el número de mujeres no localizadas o desaparecidas, y tiene que ser considerada también parte de un indicador de violencia feminicida, aunque este es un indicio que requiere mucha mayor exploración. No estoy diciendo que la desaparición se traduce automáticamente en un feminicidio, pero definitivamente el hecho de que no haya un cuerpo que llegue a la morgue implica también una forma de violencia feminicida contra las mujeres”, argumentó la integrante de Data Cívica.
NO EXISTE ESPECIALIZACIÓN EN LAS FISCALÍAS
Durante el Foro Nacional Sobre Feminicidio: Visiones y Soluciones, realizado el pasado miércoles en el Senado de la República, el docente David Shirk expuso una investigación académica que analizó el trabajo que hacen las fiscalías estatales para clasificar casos como feminicidios bajo dos hipótesis: a mayor presupuesto, mejor trabajo; o si existen fiscalías especializadas, habrá un mejor desempeño.
El trabajo del académico del Mexico Institute del Wilson Center, y profesor de la Universidad de San Diego, concluyó que la procuración de la justicia en casos de feminicidio mejora cuando existen Fiscalías especializadas en violencia contra las mujeres.
“Con la presencia de una procuraduría especializada en un estado, vemos un incremento de 60 por ciento en el número de delitos clasificados como feminicidios. Es decir, tener una fiscalía especializada, dedicada a buscar este tipo de delito, tener la capacidad de buscar este delito resulta en la capacidad de encontrar más delitos”, explicó el investigador. “El problema es que identificar un delito como feminicidio no quiere decir que estamos procurando esos casos de manera adecuada para llegar a una sentencia”.
Sin embargo, no se pudo concluir que haya una relación entre las carpetas de investigación abiertas por feminicidio y el presupuesto asignado a las fiscalías locales –en gran medida porque no existe información pública y transparente que indique a qué rubros específicos se destinan los recursos de estas instituciones.
La eficacia de las fiscalías especializadas va de la mano con que se destinen recursos y personal capacitado para investigar el delito de feminicidio, detalló, pues cuando existe una oficina o unidad especializada, cada caso de homicidio de mujer es tratado de una manera especial y se exhibe también un mayor interés institucional. En cambio, si una Fiscalía estatal donde no existe una oficina especializada busca perseguir un caso, se puede estancar porque los recursos materiales y humanos se dedican a investigar tanto homicidios como feminicidios, entonces “no pueden dedicar la misma atención que en otros estados donde específicamente están dedicados a perseguir estos delitos”.
Esto también se ve reflejado en el tiempo largo que se toma para investigar y procurar casos de feminicidio, lo cual requiere “una agilización del proceso de investigación y de procuración de justicia, en parte, pero también mayores y mejores recursos para la investigación y procuración” de casos de manera general.
Sumado a esto, existen retos para que un caso sea judicializado como feminicidio –y se logre una posterior sentencia–, en parte porque pueden no reunirse las pruebas necesarias para comprobar que el homicidio se dio en razón de género.
“El problema es que identificarlo y procurarlo son cuestiones distintas, y al identificar un caso como feminicidio y reportarlo así no necesariamente quiere decir que van a tener la capacidad, o las pruebas necesarias, para llevar el caso al juicio como feminicidio, y en esos casos tienen que tomar una decisión muy importante: si llevan el caso como feminicidio y no tienen los elementos para mostrar el motivo de género, pierden en el caso y sale libre el acusado, y no pueden volver a procurar el caso como caso de homicidio, entonces en vez de tomar el riesgo de procurarlo como feminicidio, deciden muchas veces simplemente procurarlo como homicidio, porque es más fácil”, lamentó Shirk.
En este sentido, el investigador propuso la posibilidad de llevar múltiples cargos al solicitar la vinculación de proceso: un cargo de homicidio y un cargo agravado por feminicidio, de tal manera que el procurador de Justicia tenga dos oportunidades para que se logre una sentencia por el asesinato de una mujer.
