Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).- Hace dos años, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey publicó un informe sobre la impunidad en México, cuyos resultados señalaban que 98.5% de los delitos que se cometen en el país quedan sin castigo.

Según el informe, de los más de 7.48 millones delitos cometidos en el país cada año -tanto del orden federal como del común- únicamente se formula una condena en aproximadamente 1 por ciento.

Del total de delitos sólo se denuncia un 22%, es decir, menos de una cuarta parte, lo que favorece que la mayoría quede sin castigo.

A su vez, de esta cifra, únicamente un 15% se investiga, pero sólo el 4% de ellas concluye, debido a la “lentitud en la mayoría de los procesos y el incumplimiento de las leyes”. El tiempo medio de investigación se ha reducido sustancialmente desde 2006 (269 días) pero sigue siendo excesivo (130 días).

Tras todo esto, sólo se sujeta a proceso penal a un 1.75% de los delincuentes. Las condenas suman 112 mil 249.

A 24 meses de distancia, la situación en el país no ha cambiado y muestra su gravedad en el momento en que el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, asegura que el reto en México es reducir el índice de impunidad que persiste en el sistema de justicia, lo que daña a mexicanos víctimas de un delito.

Información desclasificada del Departamento de Estado de EU, que fue difundida por la organización no gubernamental National Security Archive, hecha pública a principios de mes, hacía observaciones sobre los altos niveles de impunidad en México y acusa a la administración del Presidente Felipe Calderón Hinojosa de ocultar información sobre las matanzas sistemáticas de migrantes centroamericanos; también denuncia la complicidad de funcionarios gubernamentales con el crimen organizado, así como el secreto con que se realizan los juicios contra delincuentes detenidos.

Se menciona que las investigaciones sobre la masacre de San Fernando, Tamaulipas (72 migrantes muertos), se mantiene en confidencialidad.

La información desclasificada consta de 30 cables fechados entre el 25 de agosto de 2007 y el 22 de mayo de 2012. Se trata de reportes emitidos por la embajada de Estados Unidos en México, los consulados en Monterrey y Matamoros, la agencia antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Seguridad Interna.

Se señala el intento de algunas autoridades de eludir su responsabilidad en la persecución de los crímenes cometidos por los traficantes.

Los ejemplos de impunidad en México, no sólo se refieren a la delincuencia común  o al narcotráfico, sino también a las omisiones, equivocaciones, fallas o actos intencionales por parte de instituciones públicas o funcionarios.