Grupos civiles y partidos de oposición ven con preocupación cómo el Gobierno federal podrá continuar violentando los derechos humanos de los mexicanos mediante la figura del Estado de excepción.

Ciudad de México, 23 de diciembre (SinEmbargo).– En el momento que el Presidente Enrique Peña Nieto lo decida, los mexicanos quedarán sin la garantía de respeto a una serie de derechos civiles. Senadores de los partidos de oposición denunciaron que los cambios a la Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución aprobados hace dos semanas, en medio el escándalo por la reforma al Pensionissste, lejos de regular cómo se decretará el llamado “Estado de excepción”, ha terminado por perjudicar los derechos humanos.

La Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución Política faculta al Congreso de la Unión a aprobar decretos en materia de restricción o suspensión de garantías, solicitados por el Ejecutivo federal en situaciones de emergencia, por amenaza excepcional a la paz pública, o si se pone a la sociedad en grave peligro.

El documento, enviado el lunes a las comisiones de Gobernación y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados  precisa que durante la restricción o suspensión de garantías, no se suspenderá bajo circunstancia alguna el ejercicio de los derechos a la no discriminación, de la niñez, al reconocimiento de personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, de protección a la familia, de nacionalidad y los derechos políticos.

“Se mantendrán vigentes en todo momento los principios pro persona y no discriminación, así como las libertades de pensamiento, conciencia, creencia religiosa, principios de legalidad y retroactividad. Permanecerá la prohibición de pena de muerte, esclavitud, servidumbre y desaparición forzada y tortura”, explica.

Sin embargo, de acuerdo con legisladores y analistas, esta regularización llega tarde y con grandes vacíos, ya que es parte de la reforma en materia de Derechos Humanos del 2011, y que debió aprobarse antes del 11 de junio del 2012.

La Senadora del Sol Azteca, Dolores Padierna Luna, explicó que los 34 artículos de la Ley Reglamentaria aprobados no protegen las garantías de los derechos humanos, ya que hizo falta “cubrir un procedimiento para que se aplique el principio pro persona y se respete la jurisprudencia internacional y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuando haya necesidad de decretar estados de excepción”.

Si bien el Artículo 29 de la Constitución ya otorgaba las facultades al Presidente de la República, con la aprobación del Congreso de la Unión, de restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías, los legisladores creen que esta ley reglamentaria no abonó hacia una protección mayor de los derechos de las personas.

“Esto no significa que las personas van a perder el derecho a la vida, por ejemplo, el Artículo 29 ya específica muy bien qué derechos quedan suspendidos y sólo será temporalmente”, explicó el Constitucionalista Elisur Arteaga Nava, del Departamento de Derecho, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Azcapotzalco.

El “Estado de excepción” podría decretarse también en casos donde el narcotráfico irrumpa el orden público. Mientras en un inicio el dictamen indicaba que se podría decretar este estado en caso de un fenómeno social violento que ponga en peligro la estabilidad o seguridad del Estado, las modificaciones hechas por las comisiones precisaron que esto deberá ser cuando se ponga “en riesgo la integridad, seguridad o libertad de la población”.

El Senador del Partido de Acción Nacional (PAN), Fernando Yunes Márquez, contrario a lo expuesto por los partidos de oposición destacó que la aprobación enviada a la Cámara de Diputados fue resultado de un análisis profundo.

“Lo que hay que decir es que se está reglamentando un artículo de la Constitución y que lo que teníamos que hacer era derivado de la reforma en materia de derechos humanos, esto genera mucha más incertidumbre cuando no lo regulamos, que cuando lo regulamos”.

Es justamente lo que pueda pasar durante un “Estado de excepción” lo que preocupa a algunos Senadores, ya que la responsabilidad recaerá principalmente en el Ejecutivo, mientras que el Congreso, por su parte, estará llamado a aprobar en un plazo de 48 horas la petición para que se decrete el mismo.

“Se dañan los derechos humanos, la independencia de poderes, le quita atribuciones al legislativo. Yo creo que puede haber grandes abusos de derechos humanos y abona a agudizarla”, dijo el Senador independiente, afiliado al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo.

SUMISIÓN DE PODERES

La única reserva presentada el miércoles, cuando fue aprobado el dictamen por el pleno del Senado fue hecha por Dolores Padierna, quien en entrevista con SinEmbargo detalló que la ley viola la independencia de los poderes.

“Sabemos que en nuestro país, lamentablemente, ha penetrado el narcotráfico, y que incluso se han quitado gobernadores y puesto gobernadores a juicio del Ejecutivo. Eso es lo que se permite ahora en esta Ley, porque el Artículo 20 si bien establece un equilibrio de poderes, más adelante en el Artículo 21, prácticamente los anula porque dice que todos los poderes se someterán al Ejecutivo, pero el Poder Legislativo no puede renunciar a sus facultades, ni estar por debajo del Ejecutivo. Era una salvaguarda de que un poder cuidara al otro”, explicó.

Edgar Cortez del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia AC (IMDHD) explicó que el hecho de que la Ley quedará con vacíos es consecuencia de que nunca hubo un diálogo con las organizaciones civiles que trabajan el tema de los derechos humanos.

“El Congreso al aprobarlo dijeron que cubría una deuda, pero es una que tiene mucho tiempo. Las aprobaciones de leyes por sí mismas no generan una contribución positiva para superar la crisis que tenemos. No vimos un proceso integra, sino uno en el que cada Ley, en este caso la reglamentaria del 29, es como una pieza aislada que no resuelve y que no es de lo más coherente posible”, dijo.

Cortez fue más lejos y acusó que esta ley, junto con la reciente elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), hecha un día después por el Senado, vendrán a formar un obstáculo para la garantía de los derechos humanos.

“Cuando uno ve la elección de ministros, pues al menos hay elementos para tener una duda fundada en términos de su independencia. Esto significa que cuando se aplique esta modificación del 29, y alguna persona o grupo vaya a la Suprema Corte a cuestionarla, probablemente, no va garantizar la interpretación más protectora de los asuntos de derechos humanos”, dijo.

El Senado avaló la tarde del jueves pasado a las dos ternas de los candidatos del Presidente Enrique Peña Nieto a la SCJN, y eligió a Javier Laynez Potisek y a Norma Lucía Piña Hernández como nuevos ministros del Máximo Tribunal, en medio de acusaciones de “arreglo” de parte de los partidos de oposición PRD y Partido del Trabajo (PT), y de la falta de independencia que esto supondría.